Chavista de ley, Yuraima Rondón muestra con orgullo el tatuaje del fallecido presidente Hugo Chávez que lleva en su brazo izquierdo. Pero tiembla cada vez que escucha a su sucesor, Nicolás Maduro, pronosticando “caos” y “violencia” si triunfa la oposición en los comicios legislativos de hoy.
Ama de casa desempleada, de 38 años, Rondón dice que debió cambiar de número telefónico por el hostigamiento de que fue objeto de parte de sus “ex camaradas”' cuando salió en un video junto al líder opositor y ex candidato presidencial Henrique Capriles apoyando un cambio a mediados de octubre. Afirma que los chavistas la ven con desprecio y la gritan “traidora” y “vendepatria”.
“Al día siguiente del video no pude salir de mi casa porque lo que hacía era llorar por la cantidad de mensajes que me mandaban al celular, diciéndome traidora”, dijo la mujer mientras lloraba desconsolada.
Incidentes como estos, sumados a la retórica incendiaria del oficialismo, han hecho que aumente el temor a medida que se acercan los comicios de hoy, en los que por primera vez en 17 años la oposición figura como favorita para tomar el control del Parlamento, o Asamblea Nacional, desde donde promovería profundos cambios. Sectores más radicales de la oposición pondrían, incluso, poner en marcha un referéndum revocatorio del mandato de Maduro, cuya popularidad ha venido en picada.
El gobierno venezolano se muestra cada vez más preocupado por la cantidad de gente como Rondón que apoyó firmemente a Chávez, pero ahora están dando la espalda a su revolución. Ese bloque de votantes es una de las principales preocupaciones oficialistas porque las encuestan otorgan una enorme ventaja a la oposición y un triunfo abrumador en el voto popular, pero que tal vez no le dé la mayoría absoluta en la Asamblea porque el sistema electoral favorece a distritos rurales poco poblados en detrimento de las zonas urbanas, donde la oposición es más fuerte.
La preocupación que reina en el oficialismo se hace evidente en los comentarios del propio Maduro.
“Si se diera ese escenario” de un triunfo opositor, dijo Maduro a fines de octubre, “Venezuela entraría en una de las más turbias y conmovedoras etapas de su vida política y nosotros defenderíamos la revolución. No entregaríamos la revolución y la revolución pasaría a una nueva etapa”. “No habría presupuesto ni para que funcionara una escuela o un liceo”, señaló el martes en su programa televisivo.
“Me lanzaría a las calles con el pueblo... no aceptaría que le quiten los recursos a la alimentación, a las viviendas, a las grandes misiones. Con la Constitución en la mano me declararía en rebeldía total con el pueblo movilizado”, añadió.
Ese tipo de retórica no hace sino aumentar la tensión en un país muy polarizado, que enfrenta una seria crisis económica, caracterizada por una desbordada inflación y severos problemas de escasez de alimentos y otros bienes básicos.
“Aquí no hay miedo. Lo que hay es terror porque a la gente le dicen que van a perder sus beneficios”, afirmó Servando Carbone, coordinador nacional de Federación de Trabajadores del Sector Público y dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores, al indicar que ha recibido al menos 50 denuncias de empleados públicos que aseguran que en las últimas semanas han sufrido recurrentes amenazas de sus jefes para que voten por el oficialismo y reúnan otros diez votantes ya que, de lo contrario, serán despedidos o les quitarán sus viviendas y otros beneficios.
Carbone dijo que muchos de los denunciantes no acuden a las inspectorías del Ministerio del Trabajo ni salen ante los medios de comunicación porque temen perder sus trabajos o sufrir represalias. “La gente tiene miedo porque el Presidente de la República ha generado un miedo. Cree que se le va a convertir en que la gente no asista a votar. Lo que está generando es que la gente tenga mucha más rabia”, agregó.
Las autoridades han negado los señalamientos de la oposición y la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien dijo el jueves que el Ministerio Público hasta el momento no ha procesado ninguna denuncia de empleados públicos que hayan recibido supuestas amenazas de sus jefes para que voten a favor del oficialismo y fotografíen sus votos, tal como han denunciado algunos opositores.
El consultor político, Edgar Gutiérrez, afirmó que el tema del miedo se viene observando desde hace varios años en el país, reflejado en recurrentes denuncias de hostigamiento, amenazas y chantajes a empleados públicos y privados, pero aseguró que la intimidación oficialista “ha arreciado” ante la perspectiva de una derrota electoral del oficialismo.
Eso, dice Gutiérrez, ha llevado a que algunas prominentes figuras del gobierno lancen en las últimas semanas fuertes advertencias sobre la posibilidad de que un triunfo opositor pueda llevar al país a un caos o un deterioro de las condiciones de vida de los sectores más pobres por el retiro de los programas sociales.
Por el lado de quienes apoyan al oficialismo también hay inquietud. Martha Rivera, una arquitecta de 63 años que trabaja como consultora para empresas públicas y privadas, opinó que “dejar la Asamblea Nacional en manos de la oposición implicaría la posibilidad de dar una puerta de entrada a la oposición, a dar un golpe parlamentario”.
Desde uno de los llamados “puntos rojos” que instaló el oficialismo en todas las ciudades del país para llevar el registro y control de sus potenciales votantes, la arquitecta dijo que una derrota del oficialismo podría “echar todos los avances sociales que hemos aprobado”.
