En tiempos en los que gobernaba Mauricio Macri la oposición justicialista atacaba al entonces presidente acusándolo de haber hecho un ajuste, debido a las actualizaciones de tarifas que el gobierno de Cristina Fernández había congelado con fuertes subsidios.
Pero otros sectores acusaban a Macri de ser muy gradualista. Lo cierto es que durante el anterior gobierno aumentó el gasto público, aumentaron los subsidios y creció el endeudamiento.
Cuando asumió Alberto Fernández nunca pronunció la palabra ajuste pero lanzó un impuestazo sobre empresas y sectores medios de la población. Ante la acusación de que era un ajuste contestó que eran medidas de equidad para salir de la emergencia.
Después de dejar de lado la fórmula de actualización jubilatoria, el Presidente anunció un aumento diferenciado entre las categorías más bajas y las más altas, con un virtual achatamiento de la pirámide salarial de los pasivos.
Otra vez, analistas y oposición acusaron a Fernández de estar ajustando a los jubilados pero este se enojó y dijo que los de menos ingresos cobrarían más que la inflación. Con ello, el Gobierno calcula un ahorro de 100.000 millones que saldrán del bolsillo de los jubilados no beneficiados.
En realidad discutir sobre la palabra ajuste parece muy antiguo. En la Argentina, siempre que hubo una crisis se apeló a aumentar impuestos, con lo cual se fue ajustando al sector privado. Así, desaparecieron miles de empresas de todo tamaño. Cuando el ajuste se hacía sobre el sector privado, no era ajuste, pero la palabra asusta cuando se refiere al sector público.
Justamente es la expansión del sector público la causa de los déficits recurrentes y la fuente de la inflación que hace 70 años asola a la Argentina. Si hay un sector que, definitivamente, debería ser ajustado es el sector público, tanto en las esferas nacionales, como provinciales y municipales. Este tamaño de Estado obligó a achicar a la economía privada y ahora no hay fuentes para financiarlo.
Hay un reclamo mayoritario para bajar fuertemente los gastos de la política. Y es que, ante la comprobación de la crisis, tienen que hacer esfuerzo los trabajadores, la clase media, y ahora los jubilados e irrita saber los sueldos y beneficios que reciben los políticos, funcionarios y jueces.
Se agravó en los últimos 20 años una notoria desigualdad entre los ciudadanos y sus representantes, que se ven forzados a sufragar vidas lujosas, gastos suntuarios, asesores innecesarios y funcionarios en cargos de dudosa utilidad.
Argentina vive una crisis muy profunda, donde ya no es posible tomar deuda porque no hay crédito, ni emitir moneda porque ha sido tan mal tratada que los ciudadanos no confían en ella y no es posible aumentar más los impuestos porque ya se ha llegado a un nivel casi confiscatorio.
Frente a este panorama, es razonable que haya que hacer ajustes y a nadie le tiene que asustar la palabra. Argentina necesita ajustar los desajustes de 50 años y no será un camino fácil pero es necesario hacerlo de una forma equitativa y no es justo que solo los trabajadores, la clase media o los jubilados sean obligados a financiarlo nuevamente.
El concepto de ajuste debería referirse a austeridad, racionalidad y responsabilidad en la administración de los fondos públicos. Si el manejo de los fondos del Estado fuera razonable y equitativo nadie hablaría de ajuste, pero dada la acumulación de desequilibrios, es razonable el uso del concepto. El problema es que muchos se resisten, sobre todo, porque no quieren que el mismo caiga sobre sus privilegios.
