San Pablo, Brasil. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, fundadores del Mercosur, decidieron ayer de forma unánime suspender a Venezuela por "ruptura del orden democrático", una decisión que el bloque adopta por segunda vez contra un país miembro desde su creación.
"La suspensión de Venezuela fue aplicada en función de las acciones del gobierno de Nicolás Maduro y es un llamado para el inmediato inicio de un proceso de transición política y restauración del orden democrático", dice el comunicado suscrito tras una reunión de los cancilleres de los cuatro países en San Pablo.
Medidas "sin alegría"
“No se toman estas medidas con alegría, porque estamos constatando la ruptura institucional de un país, que también fue país de acogida de muchos latinoamericanos que huían de nuestras dictaduras” durante los años ’70 y ’80, dijo el canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Novoa, en la rueda de prensa realizada al término de la reunión.
“Un gobierno democrático no puede convivir, de brazos cruzados, con una dictadura a nuestro lado. Es mi posición y la de Brasil”, escribió la víspera en Twitter su par brasileño, Aloysio Nunes, cuyo país ejerce la presidencia semestral el bloque.
El punto de quiebre lo marcó la elección el domingo pasado de una Asamblea Nacional Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro, fuertemente cuestionada por la comunidad internacional, y el encarcelamiento el martes de los dirigentes opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma, que cumplían prisión domiciliaria.
"No se toman estas medidas con alegría, porque constatamos la ruptura institucional de un país que acogió a los que huían de dictaduras en los años '70 y '80".
Esta es la segunda vez que el Mercosur, fundado en 1991, aplica esa cláusula suscrita en 1998 en Ushuaia (Argentina), ratificada y ampliada en 2011, que estipula que "la plena vigencia de las instituciones democráticas es condición esencial" para la integración regional.
El llamado "Protocolo de Ushuaia" se aplicó previamente en 2012 contra Paraguay, tras la destitución del presidente Fernando Lugo, que fue sometido a un juicio político por el Congreso.
La suspensión de Paraguay -que volvió al seno del bloque tras la elección de Horació Cartes en 2013- permitió el ingreso de Venezuela al Mercosur, pues el Congreso paraguayo no había dado su anuencia a la entrada del país caribeño.
En la práctica, la decisión aplicada ahora contra Venezuela cambia poco y nada la situación del país caribeño, que se encuentra suspendido del Mercosur desde diciembre de 2016 por incumplir obligaciones comerciales contraídas cuando se incorporó al bloque en 2012.
Sin sanciones económicas
Nunes, consultado sobre posibles sanciones económicas contra Caracas, insistió en que se trata de una medida política y que impedir importaciones, esencialmente de alimentos, solo agravaría la situación de los venezolanos. "Desgraciadamente, el movimiento comercial de Venezuela cayó cerca de 70% con los países de Mercosur desde 2012", declaró.
La medida, sin embargo, asesta "un golpe muy duro para la situación internacional del gobierno de Nicolás Maduro", confrontado a "la posibilidad de tornarse un paria internacional en América Latina", dijo antes del encuentro Mauricio Santoro, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad del Estado de Río de Janeiro.
"Jamás nos sacarán; podrán intentarlo mil veces, pero siempre estaremos ahí"
El presidente venezolano Nicolas Maduro aseguró que su país seguirá en el Mercosur pese a la suspensión que le impusieron los miembros fundadores del bloque ayer.
"A Venezuela no la van a sacar del Mercosur. Jamás. Somos Mercosur de alma, corazón y vida. Algunas oligarquías golpistas como la de Brasil o unas miserables como la que gobierna Argentina podrán intentarlo mil veces, pero siempre estaremos ahí", respondió Maduro en declaraciones a Radio Rebelde de Argentina, la emisora conducida por Luis D'Elía.
En la entrevista, Maduro rechazó el pedido del Vaticano para que Venezuela suspendiera la instalación de ese organismo, que finalmente tuvo lugar el viernes.
“Hay que entender que una cosa somos los católicos, el pueblo de Cristo, otra cosa es la trayectoria del Papa Francisco como defensor de los pueblos con su humildad, y otra cosa muy distinta es la estructura de la Secretaría de Estado del Vaticano, de la burocracia”, indicó.
Fiscal destituida denuncia un "golpe constitucional"
La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega, se declaró en rebeldía contra su destitución por parte de la poderosa Asamblea Constituyente, que en su primera sesión ayer decidió que legislará hasta por dos años.
“Desconozco las decisiones y no las asumo, porque están al margen de la Constitución y la ley”, dijo en un comunicado Ortega, quien denunció que está “en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido” por el máximo tribunal y el gobierno de Maduro.
Cumpliendo el deseo del mandatario de patear el tablero en la Fiscalía, luego de que Ortega se rebelara en su contra, la Constituyente removió a la fiscal, que acusa al mandatario de tener "ambiciones dictatoriales".
La funcionaria será sometida a un juicio por supuestas irregularidades, anunció el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) -acusado de servir al gobierno-, al suspenderla de sus funciones.
“Propongo que sea removida de su cargo la señora Luisa Ortega Díaz, no suspendida. No es un linchamiento personal, político, sino cumplir con la ley”, dijo el constituyente y poderoso líder chavista, Diosdado Cabello.
En reemplazo de Ortega, chavista de 59 años, la Constituyente designó provisionalmente al defensor del pueblo, Tarek William Saab, de línea oficialista.
La funcionaria, quien tiene prohibición de salir del país y congeladas sus cuentas, sostuvo que este caso solo es una “muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar”. Ortega atribuyó su destitución a un intento por “esconder la corrupción” y los abusos que se han dado durante las protestas opositoras iniciadas hace cuatro meses, con saldo de 125 muertos.
Advirtiendo que la vida de la fiscal está en “riesgo inminente”, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó medidas cautelares de protección.
