En tiempos de crisis económicas salen a la superficie todas las deficiencias que los ciclos expansivos no dejan ver, no porque no se vean sino porque la euforia los deja de lado, mientras que los ciclos depresivos las magnifican. Muchas de estas deficiencias están relacionadas con el gasto público improductivo y, muchas veces, injustificado.
Con la frase "es función del Estado" se han hecho los gastos más inverosímiles y han sido decorados con algunos verbos considerados virtuosos como "proteger", "asistir", "velar", "promover", "cuidar" y varios más detrás de los cuales se escondieron escandalosas erogaciones con dinero de la comunidad. El único resultado fue el aumento de la cantidad de pobres y la multiplicación de la burocracia de la pobreza.
El volumen del gasto público siempre ha sido cuestionado y la participación de determinadas partidas también, según el ojo de quien los analice. Por ejemplo, el Sindicato de los educadores de Mendoza (SUTE) se queja porque en 2015 los salarios públicos representaban el 60% del presupuesto y ahora solo el 40%.
Y lo raro es que se mira sólo el porcentaje y no el contexto. Cuando tenían ese porcentaje, el gobierno no podía pagarlos y atrasaba, y la provincia no podía hacer obras porque les debía plata a los proveedores.
En realidad, en una economía que no crece, los salarios públicos deberían ajustarse a la realidad, pero como no lo hacen, los políticos aumentan impuestos.
Por eso es bueno tomar como referencia el PBI ya que la Argentina no tiene una regla fiscal clara. Cuando asumió Néstor Kirchner, el gasto público total alcanzaba al 29% del PBI y en 2015 alcanzó el 42%. Subió 13 puntos en 12 años. En ese periodo se incorporaron 2 millones de empleados a la planta estatal (en sus tres niveles).
En dicho período, calificado como "la década ganada" por sus defensores, la inversión pública estuvo casi paralizada, el exceso de gasto se financió con inflación, que fue escondida alterando el sistema estadístico, que también fue vulnerado para ocultar vergonzosamente los datos reales de pobreza e indigencia.
Es que todos los sistemas populistas siempre consiguen el mismo resultado: Generan inflación y con ella una ilusión monetaria que solo beneficia a unos pocos pero cuyo colofón es el aumento de la pobreza.
Todos los que aseguran que el gasto público es redistributivo, se olvidan de aclarar que se distribuye solo entre los miembros de las corporaciones asociadas al gobierno mientras le distribuyen migajas a los pobres, que crecen más que la economía.
Datos estadísticos aportados por el economista Ramiro Castiñeira muestran que entre 1960 y 2018, Argentina tuvo un déficit promedio anual del 4,4% del PBI. En el mismo periodo, el PBI aumentó un 2,4% promedio anual. La diferencia se cubrió con emisión monetaria o con deuda, que a la vez se pagaba con emisión monetaria. Esa es la esencia misma de la inflación crónica de los últimos 70 años.
Entre los datos curiosos surge uno que preocupa: En 2002 había en Argentina 120.000 pensiones por invalidez, y en 2015 habían crecido a 1.400.000. En la "década ganada" las prestaciones por invalidez crecieron más del 1.000% y no hay una causa que las justifique, como guerras o epidemias que pudieran haber afectado a la población. El número está vinculado a la corrupción y al clientelismo político.
Para salir de la actual crisis el gobierno apeló al viejo resorte de aumentar impuestos porque -dicen- que el gasto no se puede bajar sin impacto social. En realidad es mucho mayor el impacto social que genera el exceso de gasto público porque paraliza las inversiones, destruye el empleo y espanta a los inversores.
La mejor receta para revertir, de a poco, el flagelo de la pobreza, es bajar el gasto público y establecer una regla fiscal persistente en el tiempo para que el nivel de gastos del Estado esté vinculado a un porcentaje del PBI. De lo contrario, viviremos tiempos de zozobra.
