La ley más importante del año. Así definen en Cambiemos al proyecto de creación del Tribunal de Defensa de la Competencia, que esperan que sea sancionado en la Cámara de Diputados en las sesiones extraordinarias de diciembre. Dicen que es central para la lucha contra la inflación y los oligopolios.
En la Cámara baja hay al menos tres iniciativas sobre la creación de este tribunal, que tendrá como fin impedir los abusos de posición dominante de los formadores de precios e impedir los acuerdos entre competidores. Del debate sobre esas iniciativas surgirá un único texto.
Uno de los proyectos es de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; otro del radical Mario Negri y otro de la massista Liliana Schwindt, presidenta de la comisión de Defensa del Consumidor.
“Esta propuesta ya tiene un amplio acuerdo y seguramente la vamos a sancionar en diciembre”, dijo a periodistas parlamentarios una diputada del Pro, que integra la mesa chica de la cámara baja.
En efecto, para el martes de la semana próxima el oficialismo convocará a un plenario de las cuatro comisiones intervinientes para iniciar el debate: Presupuesto y Hacienda, Comercio, Defensa del Consumidor y Legislación General.
El proyecto de Negri ya había sido presentado en el penúltimo año de gobierno de Cristina Kirchner, pero nunca se debatió ni siquiera en comisiones, debido a lo cual perdió vigencia parlamentaria.
La propuesta del presidente del interbloque Cambiemos, que también firman los radicales Miguel Bazze, Jorge D'Agostino y Carla Carrizo, y el diputado de la Coalición Cívica Fernando Sánchez, establece sanciones económicas a los que incumplan la ley, con multas de diez hasta 147.000 salarios mínimos.
Además, determina que la pena no podrá ser inferior al beneficio obtenido en la actividad prohibida, siempre que sea posible su estimación. En caso de reincidencia, los montos de la multa se duplicarán.
También el tribunal podrá solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas.
El proyecto dice que están prohibidos y serán sancionados los acuerdos entre competidores de cualquier forma vinculados a la producción e intercambio de bienes o servicios, que tengan por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado.
Se exceptúna de la ley los acuerdos entre competidores cuyo único objeto sea la exportación. Quedan excluidos y se considerarán legales, siempre que no perjudiquen el abastecimiento doméstico del bien exportado o de bienes o servicios estrechamente relacionados con éste.
A lo largo del proyecto se establece que se considerará que tuvo una conducta de posición dominante cuando su participación en el mercado relevante es igual o mayor al 70% y se prohíben las concentraciones económicas cuyo objeto pueda restringir o distorsionar la competencia.
Este tribunal será un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación con el fin de aplicar y controlar el cumplimiento de esta ley.
Este organismo estará integrado por cinco miembros con suficientes antecedentes e idoneidad para ejercer el cargo.
