Aunque hay nombres que en la política parecen haber quedado atrás, los avances en las peleas judiciales los vuelven a traer a escena. En este caso, el que regresa es Matías Roby, quien fue ministro de Salud en la gestión del ex gobernador justicialista Francisco Pérez.
El lunes, a las 8.30, se desarrollará una audiencia pública en la que se decidirá si la denuncia que llevan adelante Ampros y el Ministerio Público, a través de la fiscal Claudia Ríos, avanza hacia la instancia de juicio oral o prospera el pedido de la defensa, que es la oposición a que la causa prosiga.
Esto es lo que decidirá la jueza Patricia Alonso, del Cuarto Juzgado de Garantías. Aunque hasta ayer había algo de suspenso: Roby, quien está imputado por Ríos, está de viaje y según trascendió, se reincorpora a sus tareas en una clínica privada recién entre el 5 y 6 de agosto.
Por este motivo, Los Andes no pudo comunicarse con el médico deportólogo, cuyo celular daba apagado ayer.
El tema es que ni Ríos ni la querella estaban notificados del viaje, por lo que no sabían si se iba a poder llevar a cabo la audiencia. En cambio, el abogado del deportólogo, Carlos de Casas, tranquilizó: “Él no tiene necesidad de ir a la audiencia pública”.
Del otro lado, cuestionaron la oportunidad. “Roby se va de viaje siempre que se tiene que presentar, él sabía que tenía esta audiencia”, señaló Carlos Varela Álvarez, abogado que lleva adelante la denuncia, en referencia a otras instancias judiciales a las que faltó Roby.
“Toda persona que está imputada tiene que comunicar si se va de viaje. En este caso, yo soy la titular de la causa”, se sorprendió Ríos al enterarse de que Roby no está en el país.
El médico, que fue precandidato a gobernador en 2015 y salió tercero en las primarias del FpV, utilizó ayer la red social Twitter para despotricar contra el rechazo a la expulsión de Julio De Vido de la Cámara de Diputados nacional y cerró con un ambivalente tuit: “Como ya he dicho: Nunca es triste la verdad...lo que no tiene es remedio”.
El historial judicial
El ex ministro de Pérez está imputado por fraude a la administración pública (un delito que no prescribe en los empleados públicos) y, en consecuencia, por enriquecimiento ilícito.
Estas causas son porque, según denuncian, no habría cumplido las tareas por las que cobró cuando tenía un cargo en la Dirección de Deportes, hace casi una década.
Actualmente, Roby sigue siendo empleado de la planta del Estado y se desempeña como director en el Complejo de Alto Rendimiento del Estadio Malvinas Argentinas. Allí, los deportistas profesionales o amateur se realizan estudios médicos en forma gratuita.
"En el Coni, donde él trabajó, nadie lo conocía. En los años que trabajó en Deportes, faltó 171 días (desde 2008 a 2010) y después dijo que a él le mandaban los pacientes a su consultorio privado. Lógicamente, esto es una falacia, ya que no existe un régimen en el Estado en donde se pueda hacer esto. Él no pudo demostrar historias clínicas, la existencia de las hojas de consultorio externo diario, la existencia bajo ninguna forma de control de asistencia", explicó Isabel del Pópolo, secretaria general de Ampros.
“Como empleado público, está sujeto al reglamento y a la paritaria. Tiene horarios de trabajo. En una investigación que se hace en Fiscalía de Estado, se detectan muchas faltas y pases a lugares donde debería haber tenido distintos permisos”, expuso Varela Álvarez.
Estos argumentos los volverá a repetir la parte acusatoria el lunes, en la audiencia pública. Allí insistirán en que no tenga lugar el pedido de la defensa, que se opone a la elevación a juicio oral.
En realidad, es la segunda vez que se va a insistir con el pedido de que continúe la investigación, ya que Alonso devolvió el expediente a Ríos por considerar que faltaban algunos detalles.
“Lo que hicimos es un nuevo requerimiento con el detalle que nos pedían. La documentación está”, confirmó Ríos.
Por el otro lado, De Casas no se pudo explayar sobre los argumentos que llevarán, aunque la parte acusatoria previó lo que puede llega a oír.
“Seguramente ellos van a volver a insistir con que si fue absuelto por vía administrativa y no tiene que continuar por la penal. Nosotros podemos decir que un sumario administrativo no tiene que ver con una denuncia penal”, intentó adivinar Varela Álvarez.
Los cruces con el gremio médico
La pelea legal tiene su condimento político, que se remite a cuando Roby era funcionario. En aquel entonces, quedó enfrentado al gremio de los profesionales de la Salud cuando planteó, por un lado, “paritarias con techo”, pero también cuando cuestionó la productividad de los profesionales.
En una de las últimas declaraciones a este diario, Roby dijo que Del Pópolo era la “jefa de una banda de vagos que cobran por no hacer nada. Eso le cuesta mucho dinero a la Provincia y encima no defienden los derechos de los trabajadores”.
Lo cierto que los enfrentamientos, primeros discursivos, se transformaron en una denuncia que Ampros retomó y le dio un impulso judicial, ya que hasta entonces había permanecido en la órbita administrativa.
