Sobre el comentario del 4 de agosto pasado, del arquitecto Ricardo Santos, acerca del destino que el Gobierno estaría por dar a un espacio lindante con el edificio de la actual Legislatura, proyectando la ampliación de mínimo, comparto su opinión, en el sentido que la trascendencia del tema justificaría un compás de espera y la participación al Colegio de Arquitectura, las fuerzas vivas y entidades sociales, para escuchar sus opiniones.
Personalmente, pienso que la ampliación del edificio de la actual Legislatura es desacertada y sería un parche más de los acostumbrados, en una obra pública que clama por una mirada larga, hacia el futuro, y proyectar un gran edificio que no desentone con los que fueron construidos en su momento para los otros dos poderes del Estado.
Años atrás tuve una aproximación al tema debido a que lo elegí como trabajo de tesis para graduarme de arquitecta en la Universidad de Mendoza, siendo mi padrino de tesis el prestigioso profesor arquitecto Hugo Raina, ya fallecido. Ese trabajo me demandó aproximadamente un año y medio de acopiar antecedentes, informaciones de las distintas áreas administrativas, y concluí en un proyecto que mereció su aprobación, el cual dio lugar a un amplio comentario por el diario “Los Andes” en edición del 1 de octubre de 1998.
Por entonces, la Cámara de Diputados arrendaba cinco edificios en zona céntrica para el funcionamiento de sus dependencias.
En el proyecto se sugiere la construcción, en el predio adyacente a la Casa de Gobierno, ya reservado en la planificación original del Barrio Cívico, pero en los 18 años transcurridos esas necesidades han cambiado.
El desacuerdo, con el aprovechamiento del espacio vacío lindante con la Legislatura, se fundamenta en que el lugar ha dejado de ser adecuado por la concentración y crecimiento del parque automotor que dificulta el estacionamiento en distancia cercana al mismo. Además, al momento de elaborar la tesis, se me había informado que el Poder Legislativo tenía arrendados cinco edificios céntricos para sus distintas dependencias, lo que da una idea de lo que agravaría la situación actual de concentrar en un solo lugar y el movimiento que ello implicaría.
Hay otra consecuencia adversa. Por la participación política de tal poder, en los conflictos sociales o gremiales que suelen suceder, es casi obligado a los manifestantes ejercer presión, con piquetes, corte de calles o manifestaciones ruidosas, frente a la Legislatura, convirtiéndose a veces a esa zona en un verdadero caos, perturbando lógicamente la labor de los legisladores y de sus vecinos.
Además, la tendencia actual en la programación del desarrollo urbano, no es la “concentración de los edificios públicos sino por el contrario la descentralización”. No olvidemos que la informática ha borrado las distancias, y disminuido la comunicación entre los distintos poderes puede ser instantánea a pesar de la distancia. Un ejemplo claro, sobre esa circunstancia, lo da la construcción de la Legislatura de la Provincia de San Luis, al costado de la ruta nacional, en las proximidades de la Capital, y otro ejemplo lo es el Palacio Legislativo en la vecina República de Chile, construido en la ciudad de Valparaíso, a centenares de kilómetros de la Capital.
La elección de un predio semirrural tiene la gran ventaja de la escasa o nula inversión en el terreno; los grandes espacios con que se cuenta para un proyecto de envergadura, con playas de estacionamiento y zonas parquizadas. Se limitarían las presiones callejeras y los legisladores ganarían en tranquilidad y aire no contaminado.
Un lugar que podría ser adecuado serían los terrenos fiscales ubicados al suroeste del Parque sobre la Av. San Francisco de Asís, próximos al Colegio de la Universidad de Cuyo, y acceso al teatro griego. Y por qué no la ciudad de Maipú, que tiene buenos accesos viales a la ciudad de Mendoza, y el metrotranvía.
Proyectar un edificio de alto nivel arquitectónico para la Casa de las Leyes, significaría un reconocimiento al rol que cumple como institución democrática por excelencia, y su concreción no admite demoras debido al estado y antigüedad del edificio que ocupa en la actualidad. Los elevados alquileres que se abonan, y el valor de los terrenos que ocupa, harían recuperable a corto plazo la inversión de la construcción, con el consiguiente beneficio para el erario público. Sólo falta la decisión política.
Determinado el lugar del nuevo emplazamiento, la experiencia aconseja, como modo de acelerar los tiempos, el llamado a concurso del proyecto, dando participación al Colegio de Arquitectos de Mendoza.
