Transcurrido ya, con las primarias abiertas del domingo anterior, el primer tramo del proceso electoral provincial, debe ser celebrada la puja interna que se dio en los dos principales conglomerados partidarios para dirimir las candidaturas y el aporte y esfuerzo de los restantes sectores presentes en el comicio que lograron el porcentaje necesario para poder competir en la elección general de setiembre.
Simultáneamente, el tiempo de definición de frentes o alianzas y de candidaturas a nivel nacional se espera que aporte al montaje de un escenario bien definido entre quienes prefieran apostar a la continuidad del actual modelo de gestión o los que prefieren cambios, o bien el retorno a no muy lejanos modelos.
Comienza ahora el debate de ideas y propuestas para estas nuevas citas con el voto de la ciudadanía. Fundamentalmente deberán estar en juego los intereses de Mendoza y sus habitantes, independientemente de lo que pueda influir la realidad nacional, en especial como consecuencia de los embates que produjo a la sociedad una economía por momentos ingobernable. Con más razón cuando la cita con las urnas se encuentre cargada de aspectos ideológicos muy válidos si se parte de la base de que la democracia es el resultado de la sabia búsqueda de acuerdos para ejecutar acciones y asegurar gobernabilidad partiendo del lógico disenso que genera la diversidad de miradas y teorías sobre cómo conducir el Estado.
Sin embargo, debe exigirse un definición terminante a cada candidato, que supera holgadamente toda diferencia de criterios o punto de vista: su actitud ante los hechos de corrupción. Este debe ser el límite para que la institucionalidad se consolide y el dirigente se mueva. Uno de los aspectos más destacados de la vida institucional de la Argentina en los últimos años es el notable avance que tuvieron causas que ventilan casos de corrupción en el que se han visto involucrados políticos en general y funcionarios en clara connivencia con influyentes integrantes del empresariado nacional.
En estos días, miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debieron salir a fijar una unánime posición a favor de una justicia independiente y equidistante de los poderes políticos del Estado. Fue porque voces de la oposición, alineadas con políticos y testaferros partícipes del festival de corrupción más grande de la historia argentina, y que en la mayoría de los casos rinden cuentas ante la Justica en juicios de gran envergadura, sembraron dudas sobre la legitimidad de dichos procesos y plantearon la posibilidad de que juicios y fallos sean revisados ante un eventual cambio de signo político.
Por eso se afirma que el límite de toda propuesta electoral debe ser el rechazo definitivo de la corrupción y la actitud ante quienes la promovieron. El fortalecimiento institucional por los avances de la Justicia en tal sentido en los últimos años no debe ceder, sino marcar una continuidad que conduzca a la paulatina erradicación de un flagelo que empobrece y avergüenza a la mayoría de los argentinos.
