El presidente catalán, Carles Puigdemont, asumió ayer en el Parlamento el "mandato" del referendo para que Cataluña sea una "República independiente", aunque llamó al Parlamento regional a suspender "los efectos" de la independencia para propiciar un diálogo.
El gobierno español de Mariano Rajoy lo consideró una declaración “implícita” de independencia, tras la consulta del 1 de octubre, ilegalizada por la justicia. “No es admisible hacer una declaración implícita de independencia para luego dejarla en suspenso de manera explícita”.
En una esperada comparecencia ante el Parlamento regional, Puigdemont asumió el veredicto de las urnas, en las que el sí a la autodeterminación ganó con más del 90% de los votos, con una participación del 43% de la población de esta región de 7,5 millones de habitantes.
“Asumo al presentarles los resultados del referendo ante todos ustedes el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república”, dijo Puigdemont.
Y acto seguido, agregó: "El gobierno de Cataluña y yo mismo proponemos que el Parlamento suspenda los efectos de la declaración de independencia con tal de que en las próximas semanas emprendamos un diálogo sin el cual no es posible llegar a una solución acordada".
Estos son los mensajes más fuertes de un discurso de marcado tono histórico, casi todo en catalán, en el que reprochó al Estado no haber sido un interlocutor “en el pasado ni en el presente”.
Antes, el presidente catalán defendió “la necesidad imperiosa de desescalar la tensión y no contribuir ni con la palabra ni con el gesto a incrementarla”.
La sesión se inició con una hora de retraso porque hubo una discrepancia en el seno de la coalición independentista, donde conviven diferentes sensibilidades, desde el conservador PdeCAT, al partido de extrema izquierda de la CUP.
El gobierno español había pedido horas antes a Puigdemont que no hiciera nada "irreversible" y desistiera de agravar la crisis política que vive España, la peor de su era democrática moderna, una demanda a la que se sumaron voces europeas.
El Parlamento donde hablaba el presidente era un fortín. La policía catalana cerró al público el parque donde se encuentra la Cámara para prevenir incidentes entre unionistas y secesionistas, días después de que las imágenes de las cargas policiales contra los votantes dieran la vuelta al mundo.
Las vallas rodeaban las entradas al parque, había decenas de furgonetas policiales y un helicóptero sobrevolaba la sede.
"Más ilusión que miedo"
En el exterior de la zona acordonada, en el paseo Lluís Companys -el último presidente catalán que había declarado la independencia- miles de personas siguieron el discurso por dos pantallas gigantes.
“Estamos contentos pero esperábamos más”, comentó Pere Valldeneu, un jubilado de 66 años, al terminar la intervención.
Muchos esperaban una declaración inequívoca. “Estamos esperando que declaren la independencia y sabemos que tendremos que estar en la calle para defenderla”, dijo Marta Martínez, abogada de 50 años, antes del discurso.
Rajoy ante el Congreso
Mariano Rajoy comparecerá mañana a las 11 de Argentina en el Congreso de los Diputado para hablar de Cataluña. Sobre la mesa, el gobierno tiene la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que prevé la suspensión del autogobierno de Cataluña, restaurado tras la dictadura de Francisco Franco (1939-1975), o incluso decretar un estado de emergencia, pero podría optar por una serie de medidas menos alarmantes.
La vicepresidenta del gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, dijo en el Senado que “vivimos uno de los momentos más importantes y difíciles de nuestra democracia”, restaurada con las elecciones de 1977 y la Constitución de 1978 tras la dictadura franquista.
El gobierno español recibió además el respaldo del presidente francés Emmanuel Macron y el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, quien pidió al ejecutivo catalán que “no anuncie una decisión que vuelva tal diálogo imposible”.
Pero las presiones nacionales e internacionales, así como la fuga de empresas y la incertidumbre económica, influyeron en Puigdemont, que reclama una mediación internacional para solucionar la crisis.
En juego está el futuro de un territorio estratégico para España, con una superficie similar a la de Bélgica, con un 16% de su población y un 19% de su Producto Interior Bruto. Y desde Madrid, no piensan quedarse de brazos cruzados.
