El decreto 1267/17, que obliga a los empleados públicos a presentar el certificado de libre deuda en ATM, sigue generando conflictos. Una nota enviada por UPCN al gobernador Alfredo Cornejo generó fuerte rechazo de los otros gremios.
En el escrito, UPCN coincide con las otras organizaciones representantes de los trabajadores en rechazar el decreto. Sin embargo, se despega de las acciones judiciales que la mayoría presentó. “La confrontación ni la judicialización de los conflictos son la vía para resolver conflictos”, dice.
Y si bien considera que la norma del Ejecutivo es “carente de legalidad y racionalidad”, aduce que los trabajadores “no merecen ser expuestos a medidas de fuerza y menos a quedar en la espera eterna de un fallo judicial”.
En tal sentido, hace un llamado al diálogo y pide “procurar acuerdos básicos que contemplen los intereses de toda las partes”.
Los otros sindicatos calificaron la nota como una debilidad de la lucha gremial. Y hasta acusaron “una operación” del Gobierno con UPCN.
“Esto es dar marcha atrás con la lucha gremial” dijo Federico Lorite, de Sitea, gremio que presentó un pedido de inconstitucionalidad. “Si hay algo que puede frenar ese decreto es precisamente la vía judicial”, resaltó.
El decreto obliga a los empleados a presentar un libre deuda o plan de pago vigente en ATM. Si no lo hacen, los de planta permanente con adscripción o adicional podrían perderlo. Los contratados también podrían perder su vínculo laboral con el Estado.
La mayoría de los gremios acudió a la Corte a pedir la inconstitucionalidad. Principalmente consideran que el decreto “viola el artículo 14 bis” porque no trata de igual forma a todos los empleados. También consideran “coercitiva” la medida.
Las acciones judiciales se convirtieron en el punto en común de los sindicatos. Por eso condenaron la actitud de UPCN. “Acudir a la acción judicial es una herramienta de los gremios”, señaló Claudia Iturbe, de Ampros.
"Es una vergüenza. Tienen que avanzar en medidas judiciales", criticó más duro Roberto Macho, de ATE, gremio que además presentó una medida cautelar para frenar el decreto. UPCN no respondió a los llamados de Los Andes.
En el Ejecutivo, donde consideran lógicamente “legítima” la medida, porque “va en sintonía con el ingreso de cualquier agente al Estado (que no debe tener deuda, según el estatuto del empleado público), rechazan las quejas. “Antes que medidas judiciales, es preferible el diálogo”, dijo el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay.
