La idea de transparentar la gestión y que la información esté al alcance de todos, parece estar instalada en el Gobierno, que ha dado avances en este sentido, aunque todavía tiene algunos pendientes. Uno de ellos es el proyecto de Acceso a la Información y Transparencia Pública, iniciativa que está pronta a cumplir un año de tener el primer despacho en una de las dos comisiones por las que pasó.
Según explican, dentro de dos semanas podría tener la firma en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) del Senado, lugar en donde duerme el proyecto en cuestión. “Está en temario, pronto a salir con despacho”, anticipó el presidente del espacio, el senador Marcelo Rubio (UCR). En cambio, en septiembre del año pasado logró la firma de la comisión Reforma del Estado.
Sus impulsores destacan que una norma de esta naturaleza garantiza que cualquier persona pueda acceder, sin tener que explicar el por qué, a cualquier información pública. Estos documentos públicos pueden ser los bienes que logró determinado funcionarios en la gestión pública, o las acciones del gobierno, o bien los números que maneja el Estado, entre otros.
A su vez, esta norma va de la mano con otras dos leyes, sancionadas recientemente: Ética Pública y la de Procedimientos Administrativos.
La primera, obliga tanto a los funcionarios, como a aquellos que de alguna manera están ligados a la actividad pública, a presentar sus declaraciones juradas, de modo que se compruebe la evolución patrimonial.
La flamante ley permanece en una especie de “limbo”, ya que el paso siguiente para su aplicación es que el gobernador, Alfredo Cornejo, nombre a un auditor. Los Andes explicó días atrás, que aún no hay una decisión en el Ejecutivo en este sentido.
La otra reciente ley, la de Procedimientos Administrativos, establece que “toda persona tiene derecho a acceder a la información pública” y aclara que se “ejercerá conforme al procedimiento establecido en una legislación especial”.
Esta “legislación especial” es el proyecto de Acceso a la Información. El texto considera como información pública, a “toda constancia producida por el Estado, en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato”.
A su vez, toda persona puede acceder a este material, sin tener que acreditar por qué lo quiere. “La ley busca que sea una información sencilla, es decir, que esté decodificada, que sea gratuita y esté disponible a todos”, explicó el senador Ernesto Mancinelli, uno de los impulsores de la norma junto a Daniela García (UCR).
Para esto, de salir la ley, se deberá crear una comisión que se constituirá como un ente descentralizado y autárquico, que funcionará con autonomía del Poder Ejecutivo. La autoridad de aplicación serán tres directores nombrados con acuerdo del Senado.
A falta de ley...
Podría decirse que a esta altura, la ley de Acceso a la Información no es indispensable, ya que las distintas dependencias del Estado han tenido la “voluntad” de mostrar sus números e información.
Pero más allá de la buena voluntad, los años de debate que han tenido estos proyectos, han dado cuenta de que el poder político, en general, se resiste a transparentar la información. Sobre todo, los datos sensibles que tienen que ver con la información patrimonial.
Hasta el momento, sin la ley de Ética Pública en funcionamiento, lo que existe es un decreto (1.789/15) que obliga a los funcionarios y empleados públicos a presentar la declaración jurada patrimonial en Fiscalía de Estado. La disposición invita a los otros poderes a sumarse a la norma, así como los organismos descentralizados.
Atentos a la invitación, el Poder Legislativo se plegó, así como otros organismos e instituciones. Los datos patrimoniales salen publicados en la página web de Fiscalía.
El Poder Judicial también avanzó. En su sitio on line, están las declaraciones juradas de todos los magistrados, funcionarios y empleados con oficinas ligadas a la administración financiera.
En lo que muestran, se puede ver la cantidad de inmuebles que tiene cada uno declarado, aunque no el valor. En este sentido, la ley de Ética Pública es mucho más amplia y pide que se declare acciones, títulos, y cualquier otro tipo de bien. Parte de esta información está en un anexo privado, por cuestiones de “seguridad”.
A su vez, el Poder Judicial avanzó en la digitalización de información importante, que se encuentra en su web. Allí se pueden seguir los expedientes, hay una guía judicial con los números de teléfono de las oficinas, información de recursos humanos, lista de aspirantes que pasaron por el Consejo de la Magistratura, entre otros datos.
Algo similar hizo el Ejecutivo, que no sólo avanzó en la digitalización de expedientes y determinados documentos, sino que también creó una Subsecretaría Gestión Pública y Modernización del Estado, que apunta al objetivo de transparencia.
Los puntos
- Objetivo: Regular los mecanismos de acceso a la información pública, estableciendo el marco y los procedimientos para su solicitud, y la publicidad de los actos de gobierno, que garanticen la transparencia.
- Información Pública: Es toda constancia producida por el Estado en documentos escritos, fotográficos, grabaciones, soporte magnético, digital o en cualquier otro formato.
- Solicitante: Toda persona, ya sea humana o jurídica, tiene derecho a solicitar y acceder a la información pública, no siendo necesario acreditar interés.
- Principios de la información: Debe ser gratuita, sencilla, accesible, entre otros principios.
- Ámbito de aplicación: los tres poderes del Estado, organizaciones intermedias, empresas y sociedades con participación del Estado.
- Autoridad de Aplicación: una comisión de Acceso a la Información Pública y Transparencia activa, que será un ente descentralizado y autárquico. Funcionará con autonomía, en el ámbito de Poder Ejecutivo.
- Composición: Tendrá tres directores. Dos propuestos por el Senado (uno por el oficialismo y otro por la oposición con más legisladores) y otro por el Ejecutivo.
