Hay una frase reiterada que sostiene que la Legislatura es la "caja de resonancia" de la política. Siempre ha sido el escenario de las batallas discursivas, pero en la gestión de Alfredo Cornejo esas batallas han agregado controversia porque no es común que un gobierno avanzara en tantas leyes "de fondo": códigos de procedimiento completos, el polémico ítem Aula o la ley de movilidad provincial.
La última iniciativa del Ejecutivo debatida en la Casa de las Leyes, el Código Contravencional, hasta generó una violenta manifestación en la puerta de la Legislatura. Quizá este proyecto, que aún espera sanción definitiva del Senado, haya puesto sobre la mesa del debate la esencia de lo que podría llamarse "el legado de Cornejo", o sus concepciones del Estado.
El debate por la reforma del viejo Código de Faltas desató calificaciones que desde hace tiempo giran en la boca de la oposición, que ven en las medidas Cornejo el intento de criminalizar y estigmatizar a los pobres y a la protesta, así como fortalecer el control social por vía de la represión.
"Con esto le damos al Estado la capacidad de detener a alguien por cualquier cosa. Lo que se busca es justificar montar un estado de excepción en la provincia para que el gobernador tenga superpoderes", dijo el senador del FIT Lautaro Jiménez en el primer debate en el Senado del Código Contravencional.
Esa norma polarizó más las posturas y radicalizó las definiciones de la oposición, pero no son palabras nuevas. Es la crítica general que surgió en distintos debates de leyes en la Legislatura.
En la semana que pasó el titular del SUTE lanzó una amarga sentencia: "El paro no tiene acatamiento alto debido a los descuentos y la persecución política en las escuelas. Cada vez hay más miedo".
Pero en Casa de Gobierno sonríen: “Lo que dicen es un discurso muy bueno para una asamblea estudiantil. No hay progreso sin orden. Pero no es una filosofía conservadora”.
Más autoridad y orden
La crítica general acerca de la gestión legalista de Cornejo dice que hay un sesgo conservador; alguien podría preguntar si hay otra manera de hacer las reformas impulsadas, otro sentido ideológico. En el entorno del Gobernador responden con otra pregunta: "¿Por qué no lo hicieron?".
Los voceros de Cornejo dicen que, según sus encuestas, "la gente quiere menos autoritarismo y más libertad, pero también quiere más autoridad y más orden para ejercer su libertad. La gente quiere líderes con autoridad que se ocupen de los asuntos públicos. Es mejor que se haga desde espacios democráticos. Hoy en Mendoza no hay lugar para un tipo de ultra derecha, como un Bolzonaro (en Brasil), o de ultra izquierda. Eso es porque hay autoridad. Eso es una gran contribución".
Desde que asumió, Cornejo ha remitido a la Legislatura más de 30 proyectos de ley de esos que se consideran "de fondo": varias modificaciones al Código Procesal Penal, el Procesal Civil, el Procesal Laboral, el de Familia y Violencia Intrafamiliar, el del Ministerio Público Fiscal.
Un magistrado del fuero local sonríe cuando habla de Cornejo. No es precisamente cercano a las iniciativas del Gobernador, pero reconoce: “Lo que ha propuesto está ahí. Está funcionando y guste o no, lo hizo”.
Buena parte de esas más de 30 leyes tienen que ver con el funcionamiento de la Justicia y la introducción de la oralidad en los procesos judiciales de todos los fueros, lo que implica avanzar en la disminución del uso de papel, pero también en un cambio en la forma de trabajo de jueces, fiscales y abogados.
En Casa de Gobierno se envalentonan y dicen que todas las modificaciones tienen efectos prácticos en la vida cotidiana de los mendocinos.
Ponerlas en práctica implica también un seguimiento cotidiano a la norma e incluso “arrear” a funcionarios para que apliquen las normas. “Los cambios no se logran sino se empujan las cosas. La permanente deliberación de los temas nos ha llevado a la inacción. Hemos sacado leyes prohibitivas pero no propositivas justamente por eso. Los más obligados son los funcionarios públicos”.
En su entorno se dice que ese es su legado político y que leyes como la que regula el funcionamiento de la Policía, la de Administración Económica Financiera (el manejo de las cuentas del Estado) o el debate actual del régimen disciplinario de los empleados del Estado, "conforman el andamiaje con el que funciona el Estado provincial, son viejísimas, no están adecuadas a los nuevos tiempos y a la gestión".
Sólo una modificación le resulta esquiva Cornejo: la reforma de la Constitución. "Falta un año todavía", dicen en Casa de Gobierno. El propio Cornejo, cada vez que se le pregunta, responde lo mismo que respondía antes de asumir: "Los problemas de Mendoza no son culpa de la Constitución, sino de las malas gestiones".
¿Es un reglamentarista?
En los textos de las leyes propuestas por Cornejo parece haber exceso de celo en la descripción y condiciones establecidas. Se trata de leyes que se suelen denominar “reglamentaristas”.
Hasta el propio Gobernador lo admite. Cornejo suele decir que sus leyes están pensadas estructuralmente, con el orden como objetivo, tanto fiscal como de procedimiento.
Cuentan sus cercanos que alguna vez se le escuchó decir que “son reglamentaristas, porque no somos Estados Unidos, el Estado no funciona por sí solo” y agregan como ejemplo la exigencia de plazos a jueces y fiscales a hacer audiencias de prisión preventiva en cinco días, porque sino existe la orden, no las hacen.
Lo mismo señalan respecto del proyecto que obtuvo media sanción el jueves del Código Procesal Laboral: "No son tantos cambios; incluimos la oralidad, la audiencia previa, que tiene plazos. De la caducidad de las causas la oposición dice que los gremios se oponen, pero los que se oponen son los abogados de los gremios. Los juicios se alargan por desidia y el único perjudicado es el trabajador; los abogados dejan correr el tiempo y eso les conviene a los empresarios, porque les sale más barato el arreglo".
