Por Luis Abrego - labrego@losandes.com.ar
En la semana en la que Alfredo Cornejo esperaba exhibir el logro de la aprobación del Presupuesto 2017, que supuso no sólo un éxito político legislativo, sino también la posibilidad de encauzar los modos en los que el Estado debe manejarse, con previsibilidad y antelación, la Justicia le propinó dos duros embates que agudizan la ya tensa relación y amenazan incluso con profundizar el conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial.
Pero también ha de decirse que, más allá del golpe, lo que descolocó al Gobierno fue la sorpresa del mandoble. El cornejismo jamás vio venir la maniobra dilatoria para favorecer al fiscal Fabricio Sidoti, quien tanto para el gobierno como para la opinión pública tiene todos los boletos comprados para ser juzgado por el Jury de enjuiciamiento. En plena ola femicida, el Poder Ejecutivo, a través del ministro Dalmiro Garay, lo acusó de mal desempeño por no haber tomado las medidas necesarias para evitar la muerte de Ayelén Arroyo a manos de su padre.
El fiscal, argumenta el Gobierno, no evaluó el tenor de la denuncia de la víctima, intentó probar si fabulaba y no previó que el señalado, su progenitor, terminaría siendo su victimario. Ante esto, y como una señal que descomprimiera la bronca popular de las marchas del Ni una menos, no dudó en denunciarlo para iniciar un proceso de destitución que corrigiera la inacción de la Justicia en estos temas.
Esta semana, los miembros de la Suprema Corte más los representantes del PJ en el Jury, decidieron girar el expediente al procurador general Alejandro Gullé y evitar una rápida sanción como pretendía Cornejo. Las acusaciones de un “pacto” entre la Suprema Corte y la oposición peronista no tardaron en dispararse desde las usinas oficialistas ante la sospecha de una movida que dilate la decisión, termine protegiendo al fiscal y repartiendo culpas en el accionar del propio Gobierno o de la Policía.
Aún sin reponerse de esa inesperada cachetada, al día siguiente la Sala Penal de la Suprema Corte notificó al ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, que había recuperado la libertad. El estupor del oficialismo y la bronca por la decisión, tampoco se hicieron esperar. Aquí también, el factor sorpresa hizo que el impacto del golpe amplificara su intensidad.
Es que los fundamentos de la resolución, llevan la argumentación del juez más combatido por el oficialismo, Omar Palermo. En sus considerandos, calificados como “políticos” por el Gobierno, si bien se ratifica la investigación en los términos de dar casi por acreditada la administración fraudulenta en la que incurrió el dirigente justicialista, se afirma que tal condición no supone que fue realizada como parte de una asociación ilícita, figura que sumada a la resistencia de Salgado a su detención, fueron considerados -en distintas instancias- como agravantes para mantenerlo preso. Por el contrario, con el aval de Jorge Nanclares y Julio Gómez, valoró su presentación “espontánea”, una vez agotadas las instancias para zafar de la cárcel y el tiempo que llevaba detenido, unos ocho meses.
Frente a esto, el Ejecutivo reflotó sus temores de una conspiración y alimentó sospechas sobre la proximidad de la liberación en medio del proceso electoral santarrosino que elegirá a quien completará el mandato que Salgado dejó incluso al renunciar desde la cárcel a su cargo. Un gobierno obsesivo del orden y la administración no puede entender que un funcionario que libró cheques sin fondos y que hizo del despilfarro y el descontrol contable de fondos públicos un estilo de gestión, quede libre. Gran parte de la ciudadanía, tampoco.
Ahora bien, las casualidades suelen ser mínimas en la alta política, y en quienes manejan los resortes de las definiciones de los poderes del Estado. Es imposible no pensar que existe alguna relación entre hechos de tal impacto y las decisiones de quienes buscan cuidar al máximo los detalles de sus actos. Está claro que el Poder Judicial no tuvo consideración de la implicancia política que tendrían sus acciones, y que en el supuesto de que fueran evaluadas, se decidió asumirlas igual en esta oportunidad y no en otra. En este contexto, y no en otro.
“Palermo es el jefe del peronismo en la oposición”, especulan en el entorno del gobernador. “Hubo una estrategia deliberada para perjudicarnos y erigirse en el supuesto ‘freno’ a los supuestos atropellos de Cornejo”, disparan. “Quiso dar al PJ una señal”, agregan.
Las razones que por acción u omisión tiene la Suprema Corte para desplegar juego propio sin medir consecuencias políticas, se explican en el creciente recelo que por lo bajo han expresado los supremos respecto de una hipotética pretensión de Cornejo de ampliar al Poder Judicial la absoluta influencia que ya tiene en el Ejecutivo y los acuerdos que logra casi sin despeinarse en el Legislativo. Suponen en Tribunales que existe una suerte de intento de colonización de la Justicia al mejor estilo de la que desplegó el kirchnerismo y que es necesario resistir.
Deja traslucir que un liderazgo fuerte como el de Cornejo puede afectar la tan declamada “independencia judicial” y que, en todo caso, podría hacer evidente la soterrada puja política que puertas adentro del Palacio de Justicia se libra, con sus propias reglas, no sólo en términos partidarios sino también por afinidades cruzadas que incluyen vínculos académicos, profesionales y hasta familiares. En ese sentido, el de la estricta corporación judicial, Cornejo es una amenaza que puede romper equilibrios y consensos internos acompasados durante décadas sin la tutelar influencia del gobernador de turno.
El desembarco de Gullé, primero y de José Valerio en breve, suponen para la cúpula de la judicatura un revulsivo que por el momento la propia “familia judicial” no pretende ni está muy dispuesta a acompañar, pese a ser hombres del propio seno de la Justicia. Hubieran preferido que tanto Cornejo, como sus delfines, se allanaran (como siempre ha sido) a los modos y los tiempos (cargados de intrigas palaciegas) que han gobernado la Justicia desde siempre. Sin ninguna impronta épica, ni con ánimos de refundación.
Por lo pronto, los coletazos de la renovada crisis cada vez son más continuos y más duros en los términos del enfrentamiento. En ese sentido, Cornejo fue tal vez el más cauto cuando comprendió que la bicicleta del jury tenía un correlato con la liberación de Salgado.
Simplemente expresó su “sorpresa”. Antes, había sido más agresivo, al expresar que la Justicia apañaba a sus funcionarios y que de consolidarse esta postura nadie haría ninguna denuncia ante el Jury porque estaba claro que no habría sanciones para ningún miembro de la “corporación”.
Al margen de las zancadillas y los impactos cruzados, vale recordar que en todo caso lo que está en juego no sólo es una puja de egos sino las atribuciones de cada uno en el marco de la constitucional división de poderes. Roces y fricciones son parte de la tensión republicana, pero jamás deberían tomar la estatura de una escalada que sepulte las razones por la cual la ciudadanía cuestiona a ambos poderes por igual: la inexistencia, la lentitud, la inoportunidad de la Justicia que, en palabras de los propios magistrados, no contribuyen al sentido reparador y garante de la paz social que supone debe tener una sentencia. Por lo pronto, sólo escaramuzas para que la historia los retrate en su mejor pose, pero poco y nada en el sentido de las transformaciones que garanticen equidad y certeza en el servicio de Justicia.
En Twitter: @LuisAbrego
