Desde hace más de treinta años se desató un vendaval de reformas que afectó a la mayoría de las constituciones provinciales argentinas. Bajo la máscara de la modernización y la inclusión de normas que presuntamente beneficiarían a la gente, todas estas reformas escondieron un mezquino propósito: permitir la reelección de los gobernadores, la cual estaba vedada en las cartas magnas provinciales.
Teniendo en cuenta los antecedentes de absolutismo y autoritarismo de nuestra historia, los constituyentes provinciales, siguiendo el modelo alberdiano de la Constitución Nacional de 1853, impidieron que los jefes de los ejecutivos de provincia pudieran reelegirse. Este sabio impedimento tiene por finalidad controlar el poder y evitar su abuso.
La Constitución Nacional no estuvo exenta de estos afanes reeleccionistas. La reforma del ’94, Pacto de Olivos mediante, autorizó la reelección de Menem, principal objetivo de la modificación de la ley fundamental de la Nación.
Han transcurrido ya varios años de todo este proceso reformista que afectó al Derecho Público Provincial y Nacional. ¿Cuál fue su resultado? ¿Quiénes se beneficiaron y sacaron provecho de estas ampulosas reformas que se anunciaron, todas, como un avance fundamental para el pueblo? A tenor del significativo aumento de la pobreza en estas últimas tres décadas, de la disminución de la calidad de la educación pública, del enorme retroceso institucional y muchas cosas más, claramente podemos afirmar que la gente no fue la beneficiada.
Sí, en cambio, los gobernadores y el presidente que propusieron las reformas: lograron mantenerse en el poder por muchos años violando las reglas del juego con las que fueron electos y que juraron cumplir y defender, las cuales prohibían las reelecciones. Han sido todas reformas para los dirigentes y no para la gente.
En vez de afianzar la forma republicana de gobierno, como manda el artículo primero de la CN, las reformas consiguieron lo contrario: afianzar el autoritarismo. La reforma del ’94 nos condujo a un hiperpresidencialismo y muchas provincias trocaron en feudos. Muchos gobernadores, tal cual lo intentó sin éxito Menem, no se dieron por satisfechos con una reelección y pronto intentaron reelecciones indefinidas. El caso paradigmático es Insfrán, gobernador in aeternum de Formosa.
La Constitución mendocina, gracias al especial mecanismo que prevé para su modificación, se mantuvo, pese a numerosos intentos, inmune a esa fiebre reformista. Hoy nos enfrentamos a una nueva tentativa modificatoria y no parcial sino total. No puede dejar de sospecharse que esta iniciativa esconde, como todas las reformas que comentamos, la modificación de la norma que impide la reelección del gobernador.
Los demócratas pensamos, en primer lugar, que la mayoría de los fines declarados que impulsan la necesidad de la reforma pueden obtenerse mediante la sanción de leyes y otros propósitos mediante el procedimiento de enmiendas de un solo artículo. Es la misma posición que frente al intento reformista de Pérez sostenía el gobernador Cornejo y el ex-ministro Vaquié.
En segundo lugar, rechazamos de plano dar un cheque en blanco de una reforma total de la Constitución de Mendoza, como históricamente lo hemos sostenido. La Constitución de nuestra provincia, valga recordar, es una constitución progresista y pionera. Fue la primera en el mundo, en el año 1916 y antes que lo hicieran la Constitución alemana de la República de Weimar o la mexicana del 18, en consagrar cláusulas de protección a los trabajadores, a los niños y a las mujeres.
En tercer lugar, impulsar la reelección (que no es necesaria ni urgente, y tampoco conveniente) en contra de la opinión de los aliados de Cambiemos y lo que opinaba hasta hace poco el propio gobernador es desunir y debilitar el frente democrático, justo en un momento de descarado avance desestabilizador del kirchnerismo.
En cuarto lugar, entendemos que para abrir un proceso de reforma parcial de la Constitución se debe, por un lado, determinar con precisión y acotadas cuáles son las cuestiones a modificar. Y, por otro, que se excluya el tema de la reelección o que exista un claro y categórico pronunciamiento del actual gobernador y del partido radical en el sentido de que el primero no se aparta del cumplimiento de la Constitución por la cual fue elegido.
El gobernador Cornejo, lo hemos reconocido, ha actuado con austeridad y ha encabezado una etapa de reordenamiento de las cuentas del Estado y del sector público. Le damos todo nuestro apoyo en este sentido. Pero hace falta además que avancemos en el terreno institucional promoviendo por vía de la Legislatura de Mendoza una serie de leyes que den mayor transparencia a la actividad pública, tal como lo acordamos por escrito al firmar la alianza Cambiemos en Mendoza. Esto es lo que hay que hacer y no embarcarse en costosos procesos reformistas.
Un dilema histórico se le presenta al Gobernador: pasar a la historia como el gobernador que no solo ordenó las cuentas sino también que mejoró y afianzó la forma republicana de gobierno, dando el ejemplo de excluirse de una reforma que habilite la reelección o, por el contrario, pasar a la historia como el gobernador que logró modificar la Constitución para su beneficio personal a fin de reelegirse, como es la triste historia de tantos gobernadores de los últimos tiempos.
Julio Argentino Roca e Hipólito Irigoyen no intentaron modificar las reglas del juego que juraron cumplir para reelegirse sino que esperaron que transcurrieran, como manda la Constitución, otros mandatos para presentarse en nuevas elecciones. Con ejemplaridad, como la de ellos, se logra cimentar el cumplimiento de la ley. Instamos al gobernador de la Provincia para que dé este mismo ejemplo. Su nombre quedará así inscripto con letras de dignidad en la historia de Mendoza.
