El kirchnerismo se aprestaba a sancionar el proyecto de “Pago Soberano” de la deuda exterior en la Cámara baja. Sin contar con el apoyo de los bloques principales de la oposición, el oficialismo estaba confiado en dar fuerza de ley a la iniciativa que envió la Casa Rosada para intentar sortear los obstáculos dispuestos por el juez Thomas Griesa, que impiden (a los tenedores que entraron a los canjes de 2005 y 2010) cobrar hasta que la Argentina pague a los fondos buitres.
La urgencia del oficialismo se explica porque el 30 vencen 200 millones de dólares de los bonos PAR y quiere tener para ese día un agente de pagos -Nación Fideicomiso- que acepte los fondos que transfiera el Tesoro ya que al Bank of New York (BONY) no se lo permite Griesa. Además, la ley ofrece, a los bonistas reestructurados, la posibilidad de cambiar la sede de cobro por Buenos Aires o París, pero de modo voluntario. También, dispone depositar, en una cuenta del Banco Central, a los holdouts, un monto en consignación equivalente a lo que les correspondería si hubieran entrado a los canjes.
Un punto rechazado por toda la oposición es que la ley establece que tanto el canje de 2005 como el de 2010 sean “de interés público”, ya que el segundo proceso está cuestionado por presunta corrupción, en la Justicia. Las fuerzas opositoras rescataron la creación de una comisión bicameral que investigue la deuda exterior desde 1976, pero esta concesión hecha por el Gobierno en el Senado no alcanzó para lograr mayor consenso.
Al mediodía de ayer, cuando arrancó la maratónica sesión especial, el Frente para la Victoria no tuvo problemas para conseguir el quórum. Juntó 135 legisladores y, para cuando el titular del cuerpo, Julián Domínguez, leyó el tablero había 138 diputados en sus bancas. Entre los que ayudaron al quórum estuvieron algunos opositores que luego anunciaron el voto en contra, como Facundo Moyano. En sus cálculos, el FpV estimaba aprobar la norma con 133 o 135 votos, bien entrada la madrugada de hoy. La oposición se inclinaba por el rechazo, aunque algunos legisladores pensaban abstenerse o retirarse del recinto.
El kirchnerista Roberto Feletti fue el encargado de defender el proyecto oficial. “Es necesario el voto masivo para esta ley como lo hubo ayer -por el martes- en la ONU”. Luego apuntó contra los opositores. “Cuando vemos una oposición extremadamente dura con este proyecto que busca permitir al país cumplir con sus compromisos, observamos que hay quienes quieren volver a un modelo de un Estado sobreendeudado y sin margen para atender las demandas de la sociedad”, fustigó el ex viceministro de Economía.
El radical Enrique Vaquié fue el primer opositor en cuestionar la ley kirchnerista. “No podemos ir al lugar al que nos está llevando el Gobierno porque es malo para el país. Incumplir el contrato de fideicomiso que tenemos con el Bank of New York (BONY), para poner como agente de pagos a Nación Fideicomiso, traerá graves perjuicios porque esto es incumplir los contratos que tenemos con el 93% de los bonistas que tienen al BONY como fiduciario. Hasta ahora la Argentina logró que los holdings entendieran que tenemos voluntad de pago. Entonces las críticas iban al BONY y Griesa. Ahora liberamos al BONY y Griesa y nos traemos el problema para acá”, sostuvo.
Desde el Frente Renovador, Felipe Solá también apuntó sobre la elección de poner a Nación Fideicomiso como agente de pagos mientras que desde el Pro se planteó la necesidad de que el Gobierno pague el fallo de Griesa a los buitres, después del 31 de diciembre que es cuando expira la cláusula RUFO.
Martín Lousteau coincidió con Vaquié en que la remoción sin fundamentos del BONY como agente de pagos podría “ser interpretado como evento de cesación de pagos al tiempo que Claudio Lozano, de Unidad Popular, expresó que “recuperar el manejo soberano implica pasar los bonos de legislación extranjera a la local y estudiar la legitimidad de la deuda pero la única urgencia del Gobierno es pagar. No replantea nada ni resuelve lo que está en debate”, criticó.
El trotskista Nicolás del Caño (PTS) también se plantó en contra: “Hoy ni siquiera se cuestiona si pagarles o no a los buitres. Algunos creen que hay que pagar todo y el Gobierno quiere darles al menos U$S 300 millones”.
