Sociedad
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hace 4 horas
El kirchnerismo aprobó esta madrugada y convirtió en ley el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que promueve la disolución de la Secretaría de Inteligencia (SI) y crea en su reemplazo la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), pese a las fuertes críticas de la oposición.
Tras más de seis horas y media de debate, la propuesta fue aprobada por 131 votos afirmativos y 71 negativos en el marco de una sesión especial convocada por el oficialismo.
A diferencia de lo ocurrido en el Senado, donde la mayoría de los bloques antikirchneristas no bajaron a dar el debate en el recinto, en Diputados participó la mayoría de los legisladores del arco opositor.
La miembro informante por el Frente para la Victoria (FpV), Diana Conti, garantizó que la nueva Agencia de Inteligencia "va a quedar subordinada totalmente al poder político y al Poder Judicial, cuando corresponda" y enfatizó que con este proyecto del oficialismo apunta a "democratizar" los servicios de inteligencia.
Asimismo, la ultrakirchnerista justificó la decisión de transferir las escuchas telefónicas de la Secretaría de Inteligencia a la órbita de la Procuración General de la Nación porque "se le saca la tarea fundamental para que el contubernio entre los agentes y el Poder Judicial pueda existir".
Conti aseguró que "la disolución de la SIDE no significa el paso automático de los agentes a la nueva agencia", y anticipó que "pueden producirse distintos tipos de purgas", "jubilaciones extraordinarias" y "el apartamiento de agentes".
Por su parte, la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica-ARI) cuestionó el proyecto oficial y consideró que, si se quiere "transparentar, eliminemos" el organismo de inteligencia, "pero no le demos más poder" al jefe del Ejército, César Milani, ni a Fernando Pocino, funcionario de la SI.
Dirigiéndose al bloque kirchnerista, Carrió indicó que los agentes de inteligencia "no tienen patrón, son multimillonarios, están en el narcotráfico, están en todos los negocios, y el día que sople el viento para otro lado van a hacer como los jueces federales de ustedes".
Previo al inicio del debate, Teresa García (FpV) anticipó que transcurrido el plazo de los 120 días para la creación del nuevo organismo de inteligencia se habilitará un plan de retiro jubilatorio para los empleados de la Secretaría de Inteligencia que cumplan con los requisitos.
"En todo organismo del Estado hay mucho personal en condiciones de jubilarse y en este caso se los va a invitar a hacerlo", adelantó García, quien estimó que "hay un 60 por ciento del personal que va a estar dentro de la norma jubilatoria" sobre una base de unos 2.500 empleados entre administrativos y agentes.
No obstante, la diputada aclaró que "va a quedar un residual" de lo que fue la ex SIDE porque "no se puede paralizar" el servicio de inteligencia.
Sobre el control de los fondos reservados, explicó que "hay gastos que se van a poder dar públicamente", mientras que otros que tendrán el carácter de secreto, que sólo serán conocidos por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, que preside García.
En otro orden, la diputada reveló que se está "discutiendo" si es necesaria "una reforma del reglamento de la bicameral", ya que "hay nuevos conceptos" a partir de la sanción de esta norma.
Por su parte, el titular del bloque por Unión PRO, Federico Pinedo, advirtió que con la creación de la AFI "están cambiando el nombre" a la Secretaría de Inteligencia "mientras empeoran el contenido".
"El oficialismo dio un tratamiento fugaz a este tema tan delicado especialmente en este contexto. No hubo voluntad alguna de llegar a un consenso, que es lo mínimo que se puede esperar tras la oscura interna de los organismos de inteligencia que emergió", agregó el legislador a través de un comunicado de prensa.
Asimismo, Pinedo alertó que "esta ley contiene cláusulas alarmantes a las que hay que prestarle mucha atención pues permite destruir archivos y fortalecer, así, la impunidad" y remarcó que además "politiza las escuchas telefónicas dándoselas a (Alejandra) Gils Carbó", procuradora general de la Nación.
El radical Miguel Bazze transmitió que es "muy poco profundo el cambio propuesto por el Poder Ejecutivo", mientras que su compañero de bancada Manuel Garrido evaluó que con "esta ley que el oficialismo saca a las apuradas, no genera mayor transparencia, no establece un control ni genera un mayor acceso a la información. Esta ley es una cortina de humo".
Margarita Stolbizer (GEN) consideró que la propuesta oficial "carece de los más mínimos elementos para que la reforma sea lo que necesitamos", ya que, según explicó, "la discrecionalidad y el secretismo van a seguir".
"Una sociedad democrática necesita tener la gobernabilidad de la tarea de inteligencia", sostuvo la legisladora, quien agregó que "en ningún caso el ejercicio de esta función puede violar los derechos de las personas".
