El kirchnerismo convirtió en ley el nuevo Código Procesal Penal. Luego de un acalorado debate, la Cámara de Diputados aprobó por 130 votos positivos contra 99 negativos y 2 abstenciones la nueva codificación, cuya característica principal es el paso del sistema mixto al acusatorio, por el cual los fiscales llevarán las riendas de las investigaciones y los jueces deberán limitarse a juzgar y a custodiar que se cumplan las garantías procesales.
Unos y otros tendrán, además, plazos perentorios breves para resolver las causas, bajo pena de ser sancionados con severidad.
Si bien la oposición coincidió con la necesidad de modificar el actual Código de Procedimientos, que data de 1991, decidió rechazar la propuesta oficialista porque contiene en un anexo (el número 2) la creación de 1.734 cargos en fiscalías y defensorías que le permitirán al Gobierno continuar designando, antes de terminar su mandato, funcionarios en el Poder Judicial.
La sospecha que todos los bloques blanquearon es que con estas designaciones el oficialismo persigue su propia protección para después de 2015.
Además, los opositores criticaron las potestades que tendrá de ahora en más la Procuradora -jefa de los fiscales federales- Alejandra Gils Carbó, ya que la norma fue aprobada sin una reforma complementaria de la Ley de Ministerio Público y de otra ley que modifique las estructuras de todo el Poder Judicial.
Voces mendocinas
Los opositores mendocinos aprovecharon la sesión de ayer para cargar fuerte contra el oficialismo y el proyecto del nuevo Código Procesal Penal. El radical Luis Petri fue el primero en salir a cuestionar.
“Alejandra Gils Carbó es la comisaria judicial del Gobierno porque está más preocupada por garantizar la impunidad de los funcionarios sospechados de corrupción”, lanzó al principio de la sesión.
“El corazón de esta reforma es el anexo por el cual se crean 1.700 cargos. El Poder Judicial se transformará en una agencia de colocación no de La Cámpora si no de Justicia Legítima”, sostuvo. Luego, el cobista cuestionó varios capítulos del proyecto K por no incluir, entre otras cosas, la flagrancia.
Otra cobista, la vicepresidenta de la Cámara Baja, Patricia Giménez, sostuvo: “Todos sabemos cuánto duran los procesos penales en nuestro país; ¿son más rápidos en Mendoza, Buenos Aires o Córdoba, que ya tienen un sistema acusatorio? ¿Han solucionado o, al menos, mejorado la inseguridad? En estas provincias todavía no se tienen los resultados esperados o anunciados. No mejoró la situación de inseguridad ni la demora judicial en la tramitación”, marcó.
Julio Cobos se enfocó en la problemática de la inseguridad y el narcotráfico y le solicitó al oficialismo una política de Estado. “Esto lo deben trabajar conjuntamente provincias y Nación, se necesita un abordaje integral y federal y hacer foco en la prevención del delito”, pidió.
En tanto, Nicolás del Caño (FIT) manifestó, que “dándole más poder a los fiscales no va a cambiar lo esencial del sistema judicial que es básicamente clasista, porque se criminaliza a los pobres y a nadie más” y aprovechó para cuestionar el giro hacia la derecha del discurso de la Presidenta.
