Un día después de la multitudinaria marcha contra la violencia de género era casi un hecho que el destino del fiscal que intervino en la denuncia de Ayelén Arroyo no iba a salvarse de al menos responder por escrito a la denuncia que presentó el Gobierno provincial contra él.
Se trata del fiscal de Maipú-Luján Fabricio Sidoti, quien dictó la prohibición de acercamiento contra el padre de Ayelén, pero la medida no fue suficiente para salvarla de la violencia.
La movilización del miércoles y la historia de Ayelén están íntimamente vinculadas. Ella, Janet Zapata y Julieta González agitaron el fantasma recurrente de la violencia de género en Mendoza a fines de setiembre.
Ayelén es la chica de 19 años, de Ugarteche, que el 14 de setiembre denunció a su padre Roque Arroyo. El fiscal Sidoti ordenó que saliera de la casa y le prohibió acercarse a la víctima. El hombre se fue a vivir a metros de ella.
En la madrugada del 28 de setiembre el hombre la golpeó y apuñaló. Alrededor de las 7.30 Ayelén murió.
Al otro día, el Gobierno apuntó sobre el fiscal. El ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, dijo que “el fiscal Sidoti no imputó a Roque Arroyo, sólo hizo una declaración informativa. Consideramos que hay un mal desempeño del fiscal porque no cumplió con la ley. No se protegió a la víctima y en el expediente surge con total claridad que había violencia familiar”.
Sidoti pidió pericia psiquiátrica para la denunciante, pero nunca la pidió para el denunciado. Es decir tomó recaudos para saber si Ayelén fabulaba o mentía, pero nunca para saber si Roque Arroyo tenía perfil de abusador.
El fiscal excluyó del hogar al padre-victimario, pero no se ocupó de que fuera lo suficientemente lejos de la casa donde vivía la víctima junto a un hermanito de 11 y su hija de 1 año.
En el Gobierno entendieron que, desde las modificaciones del Código Procesal Penal impulsadas por Alfredo Cornejo, era factible que Sidoti imputara al victimario y lo mantuviera detenido en prisión preventiva.
Por eso acusaron al fiscal por mal desempeño ante el Jury de Enjuiciamiento.
El Jury es un tribunal político que se encarga de juzgar a magistrados. Está conformado por los siete miembros de la Suprema Corte, siete diputados y siete senadores.
Ayer se reunieron para analizar la denuncia que formalizaron el ministro Garay y el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino.
En aquellos días, el fiscal Sidoti se defendía y contraatacaba: “Al padre de la chica lo saqué del domicilio, le impuse la prohibición de acercamiento.
¿Pero qué hicieron la OAL y la Justicia de Familia que ya habían actuado antes? Además si imputaba a Arroyo iba a quedar en libertad, porque en un abuso sexual simple o calificado con acceso carnal, en tentativa, corresponde la libertad, por la pena”.
La decisión que tomó ese tribunal no fue algo especial.
“En esta etapa del proceso corresponde que el Jury analice la viabilidad procesal y formal del pedido y tome la decisión de dar traslado para defensa. Después de un breve intercambio de opiniones de todos los miembros, se decidió por unanimidad darle traslado para que el doctor Fabricio Sidoti se defienda de las acusaciones por mal desempeño”, dijo el senador Juan Carlos Jaliff (UCR), al salir.
La senadora Patricia Fadel (PJ) decía además que “estamos dando traslado a todos los pedidos de Jury”, tratando de quitar dramatismo a la decisión. Es verdad esa afirmación.
Sin embargo, era difícil rechazar una denuncia del Gobierno y más aún después de la marcha del miércoles. El destino de Sidoti era responder por escrito.
Ahora tiene 10 días hábiles (contados a partir de la notificación formal) para preparar sus explicaciones. Ese plazo estaría venciendo en la segunda semana de noviembre y unos días después el tribunal se reunirá para analizar si las explicaciones del fiscal son suficientes o si hay mérito para abrir un proceso de destitución.
La semana próxima es el turno del fiscal Fehlmann
Hablando de denuncias ante el Jury de Enjuiciamiento, hay una que seguramente dará que hablar. El jueves que viene el Tribunal se reunirá para analizar si corresponde la admisión de un escrito que ingresó contra el fiscal de Godoy Cruz, Gustavo Fehlmann.
El motivo es el supuesto accionar indecoroso del magistrado, quien habría ofrecido mejores notas a cambio de sexo.
Fehlmann es docente de la Universidad Champagnat. La versión de que Fehlmann habría intercambiado mensajes por redes sociales con una alumna corre hace varios días y hasta fue publicada en algunos portales de noticias, aunque los protagonistas han guardado estricto silencio. Es más nadie sabe si efectivamente el fiscal-docente realmente extorsionó a la alumna o si le hizo alguna propuesta subida de tono sin condicionarla a las calificaciones.
Lo que sí está confirmada es la denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento, presentada por el Frente de Mujeres, con la firma de la ex titular del SUTE, Cristina Raso, quien decía ayer que “no hemos visto los mensajes, pero creemos que se tiene que investigar la conducta de una persona que es fiscal y que aspira a ser magistrado federal. Hay que investigarlo ahora, porque si asume en Tribunales Federales, se libera de toda responsabilidad”.
Fehlmann está en una terna elevada al presidente Mauricio Macri para cubrir un cargo en el Tribunal Oral Federal número 2. El fiscal de Godoy Cruz compite con un nombre conocido: el ex director de Derechos Humanos en el Gobierno de Celso Jaque, Pablo Salinas. Además también están anotados un funcionario judicial de Santa Fe, Bruno Netri, y la fiscal federal Patricia Santoni.
