El juicio que puede voltear a Temer

El máximo tribunal electoral juzga desde ayer al presidente, acusado de recibir fondos ilegales para financiar su campaña y pagar sobornos para impedir revelaciones. La resolución puede estar en 3 días o en semanas.

El juicio que puede voltear a Temer

El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil empezó a juzgar ayer en Brasilia la validez de los comicios de 2014, en un caso que puede costarle el cargo al presidente Michel Temer, acosado por denuncias de corrupción.

El TSE examina si la fórmula integrada por Dilma Rousseff (PT, izquierda)-Michel Temer (PMDB, centroderecha), que resultó reelecta en esos comicios, cometió abusos de poder político y económico y se benefició de financiación ilegal procedente del megafraude a Petrobras.

Temer asumió la presidencia el año pasado, tras la destitución de Rousseff por el Congreso, acusada de manipular las cuentas públicas.

Los debates deben durar tres días, aunque muchos expertos coinciden en que hay muchas probabilidades de que se alargue por semanas si alguno de los siete magistrados del TSE pide "vista" para suspender el debate y revisar el caso.

Al abrirse el proceso, el relator del caso, Herman Benjamin, expuso los fundamentos de las denuncias, que incluyen el "uso indebido de medios de comunicación" y la entrega de sumas "millonarias" a través de la petrolera estatal para los partidos de la coalición gobernante. Si el TSE decidiera anular la elección, deberá determinar si la pérdida del mandato es inmediata o si Temer puede permanecer en el cargo hasta agotar todos los recursos legales.

Si Temer cayera, la Constitución dice que el Congreso debe elegir al nuevo presidente en un plazo de 30 días, para completar el mandato hasta fines de 2018.

Con decenas de legisladores investigados por corrupción, miles de brasileños piden en las calles que el desenlace de esta nueva crisis se resuelva en las urnas.

El proceso, que hasta hace poco parecía condenado al fracaso, cobró relevancia desde que el pasado 17 de mayo salió a luz una grabación en la que el presidente parece dar aval al pago de un soborno; la grabación fue entregada por ejecutivos del gigante cárnico JBS, en el marco de un acuerdo de delación premiada.

El escándalo disparó los pedidos de renuncia y de "impeachment" contra Temer, y el Supremo Tribunal Federal (STF) le abrió una investigación por presunta corrupción, organización criminal y obstrucción a la justicia.

Ante el interés suscitado por el caso, el TSE dipuso una sala especial con una pantalla e instaló otra pantalla fuera del edificio, donde cerca de 100 periodistas seguían las deliberaciones.

Las denuncias ante el TSE fueron presentadas en 2014 y 2015 por el PSDB (centroderecha), derrotado en las urnas, pero en la actualidad -paradójicamente- el principal aliado del PMDB de Temer.

Para la fiscal de la República y especialista en Derecho Público Silvana Batini es "muy difícil" pronosticar un veredicto.  "Aunque el TSE juzgue en el plano jurídico, la crisis institucional es muy seria y es natural que ese tribunal se vea influenciado por la cuestión política también", dijo Batini.

Sin acusar el impacto

Temer trató de mostrar normalidad la víspera del juicio, al encabezar varios actos de gobierno en los que defendió su gestión y sus impopulares reformas pro mercado para sacar a Brasil de la peor recesión de su historia.

El mandatario, de 76 años, se apoya en el crecimiento económico del primer trimestre de este año (+1%), en el control de la inflación y en una leve disminución del desempleo, que afecta aún a 14 millones de brasileños (13,6% de la población activa).

En la mira, JBS vende activos en 3 países

Brasilia. La empresa cárnica brasileña JBS, una de las mayores productoras de alimentos del mundo e implicada en un escándalo de corrupción que tiene contra las cuerdas al presidente Michel Temer, informó ayer que vendió sus operaciones de carne bovina en Argentina, Paraguay y Uruguay a la también brasileña Minerva.

El acuerdo para entregar sus activos en los tres países vecinos a tres subsidiarias de Minerva se eleva a 300 millones de dólares pero puede ser ajustado hasta el cierre del negocio, dependiendo de la auditoría que hará la compradora, informaron ayer ambas compañías en un comunicado a la Bolsa de Valores de San Pablo.

"El precio está sujeto a un ajuste en valor equivalente a la diferencia entre el capital circulante líquido y la deuda a largo plazo de las sociedades en la fecha de cierre (del negocio), cuyo valor calculado el 31 de marzo de 2017 era positivo en cerca de 40 millones de dólares", según el comunicado. 

Los propietarios de JBS confesaron en el marco de un acuerdo de colaboración con la Justicia brasileña que en los últimos años pagaron sobornos por 600 millones de reales (unos 187,5 millones de dólares) a 1.829 políticos de 28 partidos en Brasil a cambio de favores en sus negocios.

Los hermanos Joesley y Wesley Batista, controladores de la cárnica, dijeron haberle pagado sobornos tanto a Temer como a los entonces presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff. 

Ex ministro preso por sobrefacturar

La policía brasileña arrestó este martes al ex ministro de Turismo Henrique Eduardo Alves, en el marco de una investigación sobre corrupción y lavado en la construcción del estadio Arena das Dunas, que albergó juegos del Mundial-2014 en la ciudad de Natal (noreste).

Las autoridades investigan "actos de corrupción activa y pasiva, además de lavado de dinero involucrando la construcción del Arena das Dunas", cuya sobrefacturación alcanza los 77 millones de reales (U$S 35,5 millones.

Alves fue detenido en Natal, capital de Río Grande do Norte, uno de los estados donde se llevó a cabo la operación policial, que también realizó acciones en Paraná (sur).

En la investigación surgieron pruebas que apuntaban a la recepción de “ventajas indebidas por parte de dos ex legisladores cuyas actuaciones políticas favorecían a dos grandes constructoras involucradas en la construcción del estadio”.

Según el fiscal Rodrigo Telles, Henrique Alves, que en esa época era diputado de Río Grande do Norte, habría intercedido junto a otros políticos ante el Tribunal de Cuentas local para que la financiación de la construcción del estadio -a cargo de la empresa OAS- no fuese suspendida, pese a las sospechas de sobrefacturación.

Alves, del partido PMDB (centroderecha) fue diputado durante más de 40 años ininterrumpidamente y presidió la cámara baja entre 2013 y 2015 antes de ser ministro. 

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