La Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó ayer el pedido argentino en la demanda por la nacionalización de YPF, en el denominado caso Petersen, por lo que el caso continuará en los tribunales de Nueva York.
La Argentina había solicitado que el caso se siga en tribunales argentinos bajo el argumento de que existía una falta de jurisdicción de los tribunales norteamericanos para analizar la demanda que inició el fondo buitre Burford tras la reestatización impulsada por la entonces presidenta Cristina Kirchner.
Con el fallo del máximo tribunal estadounidense, la causa pasa de manera automática a la jueza de primera instancia del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, quien a comienzos de junio había fallado en favor del pedido de Argentina.
El fondo Burford
El fondo buitre Burford reclama más de U$S 3.000 millones. Este fondo compró aparentemente los derechos de litigio de las dos empresas que eran propietarias de 25% de las acciones de YPF cuando se nacionalizó, entre ellas las del grupo Petersen.
El argumento del fondo buitre Burford fue que en el prospecto de la privatización se estableció que si en algún momento se producía un cambio de titularidad, el accionista mayoritario debía darle la oportunidad a los accionistas minoritarios de comprarle las acciones, algo que no ocurrió durante la estatización, según argumentan.
Así las cosas, los demandantes sostienen que al momento de la estatización no se cumplió con los estatutos de la compañía, según los cuales quien se quedara con el 51% debía hacerle una oferta al resto de los socios. Un resultado adverso a YPF podría costarle al Estado unos U$S 3.000 millones. Burford es un megabufete que compra juicios por poca plata con la expectativa de ganar mucho un tiempo después.
En mayo, el Departamento de Justicia del gobierno de Donald Trump había recomendado rechazar el pedido argentino, en un paso previo al pronunciamiento de la Corte. Antes, la Procuración General del Tesoro estadounidense había solicitado "writs of certiorari", una salida legal para que la disputa se resuelva en Argentina, que es donde se expropió YPF.
Según la defensa argentina, el juicio en Estados Unidos terminará resultando favorable a la Procuración General del Tesoro e YPF. Estiman que el proceso podría tomar hasta 4 o 6 años.
Escrito argentino busca acelerar el litigio
Luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos definiera que la controversia judicial por la expropiación de YPF debe dirimirse en los tribunales neoyorquinos, el Estado argentino presentó un escrito para solicitar que el juicio comience inmediatamente. Los negociadores argentinos consideran que la Argentina tiene "buenos argumentos técnicos" para pelear una batalla contra el Fondo Burford por U$S 3.000 millones que puede extenderse por 6 años.
"Hasta ahora se estaba discutiendo dónde debía realizarse el juicio. El Departamento de Estado había indicado que el juicio se tiene que hacer en Estados Unidos y la Corte Suprema consideró lo mismo, así que ahora tiene que comenzar el juicio por la expropiación", explica uno de los funcionarios argentinos que lleva adelante el caso.
"El kirchnerismo siempre se inclinó por los argumentos políticos, y eso siempre fracasa, nosotros tenemos excelentes argumentos técnicos para demostrar que la Argentina tiene razón", sostiene esa misma fuente, que viajó a Nueva York para esperar la decisión de la Corte Suprema y apurar el litigio en el juzgado de primera instancia del Distrito Sur de Manhattan, Loretta Preska, que heredó las causas que llevaba adelante el juez Thomas Griesa.
Para apuntalar el cambio de estrategia, el gobierno de Mauricio Macri relevó a un estudio de Miami -Akerman- que llevaba el juicio desde 2015, y contrató a Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates, una megafirma neoyorkina. Esos son los abogados que presentaron el escrito en el que trabajaron en Nueva York el Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías; Fabián Rodríguez Simón, director de YPF, y Marcelo Rufino, abogado de la petrolera.
Según fuentes al tanto de la estrategia argentina, el primer paso del plan había sido evitar el inicio del juicio en suelo estadounidense. Caído ese intento, en el Gobierno se conformaban con haber dilatado el arranque de la pelea y de ese modo haber retrasado el impacto financiero de la controversia. Sin embargo, ahora los negociadores argentinos esperan acelerar la controversia, confiados en que hay "buenos argumentos técnicos" frente a Burford.
Burford es un fondo que compró parte de los derechos de litigio en la justicia española, donde se sustanció el proceso de quiebra de dos empresas del Grupo Petersen, que poseían buena parte de las acciones de YPF en el momento de la expropiación.
Burford presentó una demanda en Nueva York porque sostiene que en el momento de la expropiación, cuando el Estado se hizo del 51% de las acciones de YPF, estaba obligado a comprarle las acciones al resto de los accionistas minoritarios. Para eso citan al estatuto de YPF.
Frente a ese plan, los negociadores argentinos presentarán tres líneas argumentativas. La primera es que el estatuto de YPF no proscribe esa obligación. La segunda es que, si eso ocurriera, una ley de Expropiación está por encima de cualquier contrato de ese tipo. Y, por último, el Estado sostendrá, según fuentes con acceso a esa estrategia, que Burford está violando la legislación sobre sociedades argentinas, que impiden que un accionista le inicie una demanda a otro accionista.
