Luego de dos años de investigación y de un juicio de dos meses, el resultado acerca de una presunta banda narco que llevaba 60 kilos de marihuana desde Mendoza a Chile, terminó con los siete imputados libres por el beneficio de la duda. Los acusados pasaron más de un año en prisión.
Se trata del juicio por infracción a la Ley de Estupefacientes y contrabando que se llevó a cabo en el Tribunal Oral Federal 1 de Mendoza y culminó hace dos semanas.
La malograda pesquisa fue liderada por el Juzgado federal 1. Para que fueran absueltos, en el debate salieron a la luz irregularidades ocurridas durante la instrucción: una de ellas fue que la droga en cuestión nunca la vio nadie: ni los policías, ni los supuestos narcos, ni las autoridades judiciales.
El caso
De acuerdo con la pesquisa, todo comenzó con un dato de inteligencia policial: "Entre el 14 y 15 de junio de 2015 y desde Misiones llegará a Mendoza un cargamento con 60 kilos de marihuana", decían. Lo llevarían dos hombres: Hernán Salinas y Mercedes Godoy. Un tal Rodolfo Araujo era el organizador para llevar la droga a Chile. Acá en Mendoza, Oscar Acosta y José Galván coordinaban la maniobra para el traslado; mientras que Ana Oviedo y Alejandro González eran "colaboradores" de Acosta.
Intervino la PDI chilena, que mediante un acuerdo con la Justicia Federal de Mendoza, se coordinó lo que se llama "entrega vigilada" (llevar la droga con custodia policial camuflada), a partir de la intervención de un efectivo chileno de apellido Fuentes.
El traspaso de la droga en Mendoza se iba a hacer en Mazza y Rodríguez Peña de Maipú el 15 de junio.
Para eso se hicieron escuchas, seguimientos, filmaciones y allanamientos en al menos cinco sitios del Gran Mendoza. Allí se produjeron las detenciones de los imputados.
En estos procedimientos intervinieron los comisarios Marcelo Robles (Lucha Contra el Narcotráfico) y Marcela Arbona (escuchas telefónicas), entre otros efectivos. Uno de ellos, Marcelo Medrano, fue quien custodió la "entrega vigilada" del camión -conducido por el chileno Fuentes- hasta Santiago de Chile.
Todo bien, pero todo mal
Los siete imputados llegaron a juicio con diversas actuaciones pero a todos, básicamente, les cabía la infracción a la ley 23.737 (drogas) y la ley 22.415 (código aduanero).
En el debate, los jueces federales Alejandro Piña, Gretel Diamante y Daniel Cisneros, concluyeron en que poco de lo que se afirmaba en la instrucción se podía comprobar.
"Observamos orfandad probatoria a la hora de analizar la materialidad de los hechos investigados y la responsabilidad que podría caberle a los acusados", dijeron.
Los magistrados aseguran que no se ha comprobado, por caso, el traslado de la droga desde Misiones a Mendoza: "Los elementos probatorios son los testimonios de los comisarios Rivera y Arbona, la información contenida en notas preventivas elaboradas por Policía de Mendoza y las escuchas telefónicas practicadas".
Los efectivos no dijeron desde dónde se produjo el traslado de estupefacientes, qué medio de transporte se usó, cuál fue la concreta actuación que desplegaron Araujo, Salinas y Godoy, de qué tipo y cantidad de sustancia se trataba y cuándo se llevó a cabo ese traslado.
Sólo sospechas
Los jueces creen que los acusados estaban vinculados con el mundo narco, pero que el trabajo policial no estuvo bien hecho. "Los diálogos impregnados de la jerga narco que surgen de las escuchas y el modus operandi, cabe sospechar que los acusados han estado vinculados al tráfico de drogas, pero las deficiencias probatorias del itinerario de la sustancia impide reconstruir con certidumbre los acontecimientos".
En el juicio quedó comprobado que si bien Arbona y Rivera señalaron que la droga provenía del noreste del país, "no se aportó ninguna referencia respecto del lugar dónde empezó el traslado".
La droga -60 kilos de marihuana que estaban en bolsas de arpillera- pasó a ser uno más de los puntos oscuros de la pesquisa, a punto tal que ninguno de los investigadores declaró haberlas visto.
"Entrega vigilada"
En parte del expediente se indica que el comisario Rivera reconoció que habían perdido el momento de la entrega del estupefaciente. "Así que entendemos que la entrega de la droga por parte de Salinas a Acosta no puede tenerse por acreditada", refutaron los magistrados.
"El punto referente a la entrega de tres bolsas de arpillera que contenían 60 kilos de marihuana, por parte de Acosta y Galván al supuesto chofer -que en realidad era un agente encubierto de la PDI chilena de apellido Fuentes- el 16 de junio de 2015, es confuso".
De acuerdo con la pesquisa, la droga iba en un camión marca Volvo conducido por el chileno Fuentes, quien era secundado por un oficial de la policía local, Marcelo Medrano. La entrega se hizo en la localidad de Auco, Chile.
Pero al momento de declarar, el testigo policial señaló que siguió, como custodio desde la base de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico hasta a un camión "blanco" que transportaba los estupefacientes en una entrega vigilada. "Aquí hay que señalar -dicen los jueces- que su declaración aportó poca información, ya que no recordaba la mayoría de los puntos de los cuales fue preguntado. Tampoco hizo demasiado por agudizar su memoria".
Todos libres
Durante el juicio la fiscal Patricia Santoni reclamó las siguientes penas: siete años para Rodolfo Araujo, por el transporte de la droga; igual para Oscar Acosta Hernán Salinas y Mercedes Godoy. Cinco años para Alejandro González y José Galván por partícipes necesarios. Tres años para Ana Oviedo, como participe secundario.
Pero sin droga, sin pruebas fuertes y sin indicios claros, a los magistrados federales no les quedó más que dictar la absolución de los siete por el "beneficio de la duda".
El monto del supuesto cargamento de droga fue "tasado" en menos de 200 mil pesos argentinos, cifra muy inferior al dinero que se gastó en logística de pesquisa, horas-hombre, sueldos de funcionarios policiales y judiciales y el gasto de tener privadas de su libertad a siete personas.
Todo para que todo quede en la nada.
