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hace 6 horas
El juez laboral, Antonio Sánchez Rey, deberá enfrentar un Juicio Político, luego de que hoy la comisión del Jury de Enjuiciamiento, conformada por 21 miembros (los 7 jueces de la Suprema Corte, 7 diputados y 7 senadores) decidiera de manera unánime iniciar el proceso y además suspenderlo de sus funciones, por lo que cobrará la mitad de su salario hasta que finalice el Jury.
Sánchez Rey entró en la polémica luego de acordar de manera rápida y en condiciones poco claras (según destacó el Gobierno, que dio luz a la denuncia) a una indemnización de 4,5 millones de pesos luego de tener un accidente en uno de sus brazos cuando salía de su trabajo. Específicamente se apretó la mano con el portón automatizado de la playa de estacionamiento de Tribunales.
No obstante, la causa ingresó en la misma cámara laboral que integra el propio Sánchez Rey, y se está investigando sobre algún tipo de presiones y amenazas que les realizó a sus compañeros, de la Quinta Cámara Laboral, Jorge Rolando Consolini y Viviana Elizabeth Gil, para que no se excusaran de la causa.
Las acusaciones contra el juez de 77 años constan en la denuncia que le realizó Cristian David Herrera, titular de la Unidad para la Prevención del Fraude en las Relaciones Laborales y los recursos de la Seguridad Social.
Otro punto en cuestión que se estudia fue el tratamiento exprés que tuvo la causa laboral con la ART Provincia, ya que el accidente ocurrió el 2 de mayo del 2017 y en menos de 20 días obtuvo rápidamente una conciliación.
Desde el Gobierno pusieron sus ojos en este tema ya que podría tratarse de una posible estafa, teniendo en cuenta lo grande que fue el monto de la indemnización (que de igual manera nunca se llegó a cobrar), y que eso podría repercutir con lo que puede cobrar la ART a la provincia.
En la investigación que realizó la Suprema Corte se determinó que los otros dos jueces de la Quinta Cámara, no estaban al tanto de la maniobra, ya que Gil, al momento en que empezó a tramitarse la homologación estaba de vacaciones, y el con juez Jorge Consolini se negó a firmar la homologación, por lo que fue firmada por el secretario del Tribunal.
Además, en marzo de este año, Sánchez Rey presentó su renuncia, adelantándose a un posible juicio político, pero ésta fue rechazada por el gobernador, Alfredo Cornejo. De esta manera, el Juez se juega además el acceso al 82% móvil del sueldo de un juez provincial, ya que los destituídos pierden ese beneficio.
