El debate, de corto alcance en el tiempo, que generó la posibilidad de tomar un crédito a un banco chino para construir viviendas, dejó en claro algo preocupante: el caso de aquellos adjudicatarios deudores a quienes el IPV no les puede cobrar actualizando las cuotas, porque no cuenta con instrumentos legales para hacerlo. Es un tema que debería ser abordado con seriedad por parte de la Legislatura provincial a los efectos de establecer pautas claras en el mismo momento en que la unidad habitacional es entregada a los adjudicatarios.
La problemática de la vivienda, específicamente en el caso de las denominadas "casas chinas", merece también su consideración porque cada una de las partes -oficialismo y oposición- cuenta con la suficiente cuota de razón. Es cierto lo que dice el Gobernador -aunque a algunos les haya molestado el tono en que lo dijo- que la construcción de viviendas, en vistas a las necesidades actuales de la población, es una cuestión de Estado y no de un gobierno en particular.
Es real, como sostiene el oficialismo, que la construcción de viviendas mueve paralelamente una serie importante de actividades conexas, por lo que se multiplican las fuentes de trabajo para la provincia. No deja de ser razonable que, ante la carencia de posibilidades financieras para hacer frente a la construcción de 6 mil unidades habitacionales, no queda otra salida que acudir a un crédito externo para lograr los objetivos.
Quienes cuestionaron la iniciativa también tienen sus razones porque el crédito es en dólares y, si se lo transfiere a los adjudicatarios, puede llegar a plantearse lo que en su momento sucedió con la tristemente famosa circular 1050 del Banco Central o lo que ocurrió a principios de la década pasada a aquellos que contaban con créditos en dólares y se produjo una devaluación de 1 a 4. Por el contrario, si se establece el crédito en pesos y no se actualiza la cuota de acuerdo con el valor del dólar, la diferencia deberá ser pagada por la Provincia y, por ende, por todos los mendocinos. También debería ser tema de estudio el valor fijado para cada unidad habitacional, ya que 45.500 dólares sólo por la casa, sin terreno y sin urbanización, aparece a primera vista como demasiado elevado.
Sin embargo, durante el informe brindado en la Legislatura, uno de los funcionarios del IPV señaló que hay adjudicatarios que pagan cuotas de 20 pesos y aún así son morosos, pero el organismo no cuenta con ningún instrumento legal que le permita adecuar los montos a valores reales. El tema no es nuevo y a modo de ejemplo podríamos recordar lo que sucedió a principios de la década de los 70, cuando el organismo decidió directamente dar por canceladas las viviendas de numerosos barrios -entre ellos el Cano y otros de la Sexta Sección- porque la cuota mensual que pagaban era menor al valor de un boleto de colectivo y también menor al costo de la boleta de impresión del pago.
A partir de allí se dispuso una suerte de actualización de las cuotas, pero de ninguna manera se acercaban los porcentajes a los del incremento de la inflación o de los precios de la construcción, como es el caso de las cuotas de 20 pesos a que hizo alusión el funcionario.
El tema de los deudores morosos debería ser considerado por quienes tienen la responsabilidad de legislar, de acuerdo con los datos que les aporten desde el IPV. Los adjudicatarios deberían tener en cuenta que, con su aporte mensual de la cuota, el organismo tiene la posibilidad de construir más viviendas y así cubrir las necesidades de otros miles de mendocinos.
Además, deben tomar conciencia del valor que significa tener una vivienda propia porque, si bien hay gente que no puede pagar por determinada situación económica, la gran mayoría de los morosos no paga su casa pero sí lo hacen con la cuota del auto o el canal de cable, que muchas veces tienen un costo superior. Una forma de ser justos también con aquellos que sí cumplen con su obligación, muchas veces relegando otras necesidades básicas.
