El Papa es la única persona que puede suspender de su condición a cualquier sacerdote católico en el mundo. La expulsión del estado clerical es la pena máxima a la que estas personas quedan expuestas en el desenlace de una investigación eclesiástica que se lleve adelante ante una determinada irregularidad.
El lunes los curas Nicola Corradi (83) y Horacio Corbacho (59) fueron condenados a 42 y 45 años de prisión respectivamente, al ser encontrados culpables de los delitos de abuso sexual (simple y agravado) y corrupción de niños y niñas en el instituto religioso para chicos sordos Antonio Próvolo. Sobre esos sacerdotes se inició además una investigación eclesiástica encargada por el Vaticano (el instituto y la orden dependen directamente de la Santa Sede) en mayo del 2017, en simultáneo a la de la Justicia ordinaria. Y aunque desde el Vaticano no han remitido información alguna sobre el estado de este proceso –ni sobre sus conclusiones–, uno de los vicarios judiciales que participaron de la investigación preliminar adelantó que, antes de que culminara su participación, él solicitó que Corradi y Corbacho fuesen castigados con la pena máxima que puede dar el Sumo Pontífice.
"Me parece acertadísimo lo que dispuso la Justicia como condena y coincido plenamente con lo que el fallo determinó. En mi informe, y después de haber culminado la investigación, recomendé que los dos sacerdotes fueran dimitidos del estado clerical", destacó Dante Simón a Los Andes.
Más allá de la poca información oficial que ha trascendido sobre resultados de la causa canónica, una de las posibilidades más concretas es que antes de que termine el 2019 haya un desenlace y un veredicto para Corbacho y Corradi. Más si se tiene en cuenta que ya se conoció la sentencia penal que los involucraba, y en la que hubo condena.
Investigadores
Dante Simón y Juan Martínez fueron los dos sacerdotes enviados por el Vaticano para iniciar la investigación preliminar en el fuero eclesiástico. Su objetivo era reunir toda la información y pruebas existentes sobre lo que eran por entones sólo denuncias de abusos sexuales y casos de corrupción que los involucraban.
"Fue bastante precario lo que pudimos hacer, puesto que las víctimas y sus abogados no accedieron a entrevistarse con nosotros. Y la Justicia tampoco colaboró", acusó Simón.
En una de las visitas a Mendoza para desarrollar su labor, los emisarios fueron citados a declarar dentro de la causa penal que transcurría en los Tribunales mendocinos. Y aquí se produjo un cruce entre la Fiscalía y los abogados de las víctimas con los dos sacerdotes.
Los representantes legales de las víctimas denunciaron que Simón y Martínez se habían llevado un cuerpo del expediente del Caso Próvolo (y lo habían fotocopiado), quedando expuestos los nombres y datos de las víctimas. En tanto, los enviados papales lamentaron la poca colaboración que encontraron al momento de requerir información oficial para avanzar con la investigación eclesiástica.
En julio del 2017 culminó la actuación de Simón y Martínez en el proceso, y enviaron los resultados de la investigación al Vaticano para que allí continuara su curso. La primera medida que tomó la Santa Sede a raíz de estos resultados preliminares fue intervenir la orden a la que pertenecía el instituto por "diversas irregularidades". Y se nombró a monseñor Alberto Bochatey como interventor a nivel mundial.
"No sé si ha avanzado o no la investigación canónica. Nosotros culminamos la parte preliminar y remitimos los resultados", destacó Simón.
El religioso además repasó los posibles desenlaces de una investigación eclesiástica: no hacer lugar a la denuncia por inconsistencia de pruebas y archivarla (algo que no ocurrió con el expediente del Próvolo), solicitar precisiones al considerar que falta información (pedido que tampoco le derivaron al investigador) o imponer -siempre es el Papa quien lo hace- una pena temporal (suspensión) o máxima (expulsión). Esta última incluye la excomunión.
Algunos de los aberrantes episodios en Mendoza
Violada tras ser entregada por la monja
Entre tantas atrocidades que tuvieron lugar en el Próvolo mendocino, hay algunos episodios que se tornan aún más escalofriantes.
Una exalumna fue violada en múltiples ocasiones por Corbacho. Y uno de los ataques tuvo lugar en la habitación del más joven de los sacerdotes, luego de que la monja Kumiko Kosaka (con siete imputaciones y a la espera de su juicio) la "entregara".
Lo llevaban a comer luego de abusar de él
Otro exalumno denunció que fue vejado en múltiples oportunidades. Como autor de los abusos señaló al cura Corbacho, al exjardinero Gómez y a otro exadministrativo que luego fue sobreseído por inimputabilidad.
En cámara Gesell -filmación reproducida durante el juicio también-, el joven (que era un niño al momento de los abusos) relató que varias veces lo llevaron a un médico para que lo revisara luego de los hechos. E incluso contó que lo llevaban a comer luego de la visita al doctor.
Ocultaban abusos con pañales
Otra exalumna fue abusada por Corbacho al menos tres veces en el baño del albergue de mujeres del Próvolo. Según detalló en su declaración, al menos en dos oportunidades la monja Kosaka le puso pañales a ella luego de que sufriera esos abusos. La intención de esos pañales era ocultar las hemorragias de las heridas.
Una causa que tuvo tres fiscales
Entre tantos números que tuvo la primera causa del Caso Próvolo (que tuvo condena el lunes), hay uno que es llamativo. Y es que la causa tuvo a tres fiscales. Quien la instruyó en un comienzo fue Fabricio Sidoti. Fue él quien dispuso la detención de los dos sacerdotes y los otros ex empleados (fueron cinco en un primer momento), y llegó a realizar unas 30 cámaras Gesell.
Tras ser removido Sidoti luego de un jury por su desempeño en otra causa, siguió con el caso el fiscal adjunto Fernando Guzzo. Hasta que finalmente quedó al frente Gustavo Stroppiana, quien instruyó la causa hasta el final.
Marcelo De Benedectis: “Esto nos humilla y es una crisis para la Iglesia”
El vocero del Arzobispado de Mendoza, Marcelo De Benedectis se refirió ayer a las repercusiones de las históricas condenas en el primer juicio del Próvolo. Y en sintonía con el investigador del Vaticano abocado oportunamente a la instancia preliminar de la investigación eclesiástica, Dante Simón, el vocero de la Iglesia mendocina fue contundente. "(Corbacho y Corradi) deberían ser expulsados del estado clerical, sobre todo si ya tienen una condena penal tan firme", destacó el sacerdote.
No obstante, De Benedectis aclaró que se trata de su punto de vista personal, y que es el Vaticano –que lleva adelante la investigación eclesiástica– el que deberá llegar a una conclusión y dar su propia sentencia. "Apenas se supo lo del Próvolo, (el ex arzobispo Carlos María) Franzini suspendió a los dos curas 'ad divinis', por lo que le quitó las licencias sacerdotales a Corbacho y a Corradi", agregó.
Además, consideró que más allá de no tratarse de curas diocesanos (que dependen del Arzobispado, sino que vienen de órdenes de la Santa Sede), a raíz del Caso Próvolo el Arzobispado puso más rigor en el control de los sacerdotes que llegan de afuera.
"Cualquier sacerdote que venga a trabajar acá tiene que traer consigo una declaración jurada de su superior, en la que conste que tiene antecedentes. Además, debe constar que cuenta con las condiciones psicológicas y psíquicas necesarias", detalló De Benedectis. Y resaltó que ahora están trabajando dentro de la Iglesia en cuatro pilares fuertes: prevención, transparencia, verdad y justicia,
"Nunca llegó ningún rumor a la Iglesia de lo que pasaba en el Próvolo. Muchas parroquias pasaban por el lugar para hacer retiros y otras actividades, y nunca se comentó nada. Ni siquiera llegó la denuncia del año 2008 (aquella causa que estuvo en la Justicia y que nunca se investigó). Si no, el Arzobispado hubiese actuado", se defendió.
"Sin duda que esto (por el Caso Próvolo) ensucia la imagen de la Iglesia, y a nosotros nos humilla. Esto es una crisis en la Iglesia. Pero, en griego, crisis es purificación. Y hoy la Iglesia en el mundo está en un estado de purificación", concluyó.
