La discusión se ha planteado entre gran parte de la industria vitivinícola y el INV. Desde los sectores privados se asegura que el organismo nacional interviene en el mercado a través de anuncios y de diversas medidas adoptadas, entre los que se encuentra una resolución que determina que la liberación de los vinos de la presente cosecha se realizará individualmente, de acuerdo con el pedido de las bodegas, en vez de lo que históricamente se ha realizado, es decir desde el 1 de junio.
Esta última fecha no surgía de la casualidad sino que se consideraba que era el momento en que el vino se encuentra “enológicamente estable”, tal cual lo determina la norma legal.
El Instituto Nacional de Vitivinicultura fue creado por la ley 14.878, del 23 de octubre de 1959 y promulgada el 6 de noviembre de ese año, sobre la base de la entonces Dirección de Vinos y otras Bebidas.
En el art. 4, la norma indicaba que estaría constituido por un presidente, designado por el Ejecutivo Nacional y un consejo directivo conformado por dos representantes por Mendoza, dos por San Juan, uno por Río Negro, uno por La Rioja, uno por el resto de las provincias vitivinícolas, uno por los productores, uno por los industriales, uno por las cooperativas, uno por los obreros vitivinícolas y uno por los fraccionadores.
Eran épocas de discusiones extensas en los momentos en que debían adoptarse medidas concretas para la industria, como la fijación del grado alcohólico o la fecha de liberación de los vinos, mientras paralelamente se adoptaban medidas tales como bloqueos, prorrateos o cupificación.
Las determinaciones surgían más por “arreglos” (no podían llamarse acuerdos) entre determinada provincia y los sectores y en más de una oportunidad eran los propios gobernadores los que terminaban tomando cartas en el asunto.
Eran épocas en que se priorizaba la cantidad por sobre la calidad del vino y que obligaba a las provincias a tener su propia bodega estatal, como el caso de Giol, en Mendoza, y Cavic, en San Juan, para poder mantener los valores de los caldos.
Esa situación se repitió durante décadas, hasta que el 31 de octubre de 1991 se dio a conocer el decreto de desregulación de la actividad económica, actualmente en vigencia, el que en su artículo 54 limita las facultades del INV “exclusivamente a la fiscalización de la genuinidad de los productos vitivinícolas.
Bajo ningún concepto -dice- el mencionado ente podrá interferir, regular o modificar el funcionamiento del mercado libre”. Agrega el artículo que las autoridades del INV serán un presidente y un vicepresidente, suprimiendo el consejo directivo. Por ese decreto, por la propia decisión de la industria o por distintas circunstancias, lo cierto y concreto es que se produjo el gran cambio en la actividad.
Se priorizó la calidad por sobre la cantidad, se ganaron mercados externos y el crecimiento de la actividad fue exponencial. Argentina se posicionó a nivel internacional y las inversiones, nacionales y extranjeras, se multiplicaron a lo largo y ancho de las provincias vitivinícolas. La propia industria, en conjunto con las dos principales provincias productoras, establecieron un mecanismo -el de la derivación de uvas a mosto- que permitió una regulación “natural” de los stocks.
Sin embargo, al decir de los propios sectores privados, en los últimos tiempos el INV ha impulsado iniciativas que constituyen una “intromisión” del Estado en la actividad, entre las que señalan la promoción del bag in box, el vino turista, el Fondo de compensación de stocks, la intención de impulsar la asociatividad vitivinícola que podría competir con Fecovita y las gestiones para impulsar los denominados Títulos Vitivinícolas (TIVI), que es una decisión exclusiva de la provincia de Mendoza. Ahora agregó una resolución que modifica la liberación de los vinos, estableciendo que los pedidos de libre circulación se harán por bodega, cumpliendo una serie de requisitos.
Resulta incomprensible la actitud asumida por el INV, salvo que responda a decisiones adoptadas a nivel nacional. Porque si la intención es mejorar la situación actual, cabría señalar que la misma no responde a la industria en sí sino que es un problema que afecta a todas las economías regionales, como consecuencia de medidas económicas adoptadas en, por lo menos, los dos últimos años. La actividad ha demostrado que, sin intromisiones estatales, puede crecer, por lo que resulta más que peligroso volver a medidas regulatorias de las décadas de los ’60, ’70 y ’80.
