El intendente de Paraná Sergio Varisco, quedó imputado hoy como financiador de transporte y comercialización de drogas, mientras que una funcionaria de su gabinete y un concejal de esa ciudad quedaron detenidos.
Los detenidos son la subsecretaria de Seguridad de Paraná Griselda Bordeira, y el edil de Cambiemos, Pablo Hernández. Ambos fueron privados de la libertad luego de ser indagados por el juez federal Leandro Ríos.
Varisco, quien fue candidato por Cambiemos, prestó también declaración indagatoria ante el magistrado, pero quedó en libertad.
Mientras estas indagatorias se realizaban, efectivos de la división Lavado de Dinero de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron dependencias de la sede comunal.
Varisco está acusado de haber participado junto a un banda narco de la comercialización de estupefacientes.
Uno de los abogados del jefe comunal, Rubén Pagliotto, dijo que Varisco "se prestó a las preguntas, respondió las del juez, el fiscal y también las de sus abogados defensores, sin limitaciones".
El letrado estimó que el magistrado se tomará ahora diez días hábiles para resolver la situación procesal del intendente. "Si hubiese elementos, hubiera quedado detenido. Sólo tiene que venir todos los viernes a firmar el libro de partes. Y si por sus funciones se aleja más de setenta y dos horas de la provincia debe avisar", precisó Pagliotto.
Sobre los allanamientos realizados hoy, el abogado dijo que se concretaron en diferentes áreas del municipio en busca de "material relacionado a contratos y órdenes de pago".
El letrado confirmó que a Varisco se lo imputa “por un concurso de hechos que pasan por el transporte y comercialización de estupefacientes, en los que él aparecería como financiador”.
En tanto, la PFA trasladó esta tarde al concejal Hernández a la Unidad Penal 1 de Paraná y a la secretaria Bordeira a la 6 de la misma ciudad.
“Desde el primer día, el Presidente de la Nación nos manifestó la intención de que este Ministerio trabajara sin reparar en el hecho de que alguien integre un partido político u otro”, afirmó esta tarde en un comunicado de prensa la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
En ese sentido agregó: “En nuestro gobierno el que las hace, las paga, y los funcionarios que tengan cualquier tipo de contacto con el narcotráfico dejan de ser funcionarios para ser narcotraficantes”.
La causa que lleva adelante el juez Ríos comenzó en mayo del año pasado tras el hallazgo de una avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, localidad vecina a Paraná.
Por ese hecho se encuentra detenido Daniel "Tavi" Celis, acusado de liderar la banda que contrabandeó esa droga, junto a otros sospechosos. Del análisis de los mensajes en los teléfonos secuestrados al detenido y otros elementos, a principios de mayo el juez ordenó un allanamiento en la Municipalidad, el Concejo Deliberante y varios domicilios de Paraná, entre ellos el de Varisco, el de su madre y los de otros funcionarios.
La sospecha es que hubo un nexo entre al menos un concejal con el detenido Celis, de quien se cree que manejaba el negocio del narcotráfico en Paraná desde prisión a través de su esposa, Luciana Lemos, también apresada.
