La campaña electoral de Raúl Alfonsín en 1983 contra el peronismo, en los inicios democráticos, se volcó definitivamente a favor del radical cuando éste supo expresar en una frase todo aquello de lo que la sociedad argentina quería escapar.
Fue cuando denunció la existencia de un “pacto militar-sindical” mediante el cual los peronistas que habían gobernado de 1973 a 1976 y los militares que lo habían hecho de 1976 a 1983, estaban supuestamente en tratativas secretísimas para lograr un indulto por el cual quedaran sin castigo todos los crímenes que cometieron los guerrilleros, los parapoliciales de la triple A y los genocidas uniformados.
Es probable que ese pacto jamás se haya concretado explícitamente salvo quizá con charlas informales entre personeros de uno y otro lado, pero en el imaginario colectivo quedó como una conspiración efectivamente existente que no sólo amenazaba con perdonar el pasado, sino algo aún peor: el de volver al pasado. Con el tiempo, aunque no haya existido el pacto militarsindical, la intuición de Alfonsín se reveló certera y premonitoria.
En 1983 el peronismo intentó cubrir bajo la figura de un candidato presidencial respetable, como Ítalo Lúder, a innumerables pandilleros que buscaban su revancha y que eran impresentables para el nuevo clima democrático, como Herminio Iglesias, una especie de síntesis ochentosa entre Luis D’Elía, Aníbal Fernández y los Moyano, que lo único que logró es espantarle al peronismo inmensos sectores de la clase media. Gracias al triunfo de Alfonsín, todos los que iban a ser indultados fueron juzgados y condenados.
No obstante, cuando el peronismo volvió con Menem, el indulto se le dio a todos los condenados, guerilleros y militares. Incluso, mucho tiempo después, el último acto presidencial de Eduardo Duhalde fue el de indultar a dos nefastos personajes que habían intentando sendos golpes de Estado en plena democracia: El militar Mohamed Alí Seineldín y el guerrillero Enrique Gorriarán Merlo.
Hablamos del mismo Duhalde que hoy vuelve a hablar con su odiada Cristina Fernández, quizá de algo parecido: la de que no se suba a la candidatura presidencial a cambio de un indulto a sus innumerables delitos hoy en manos de la justicia, con pruebas tan apabullantes que de ser la Argentina un país medianamente apegado a la ley, no existiría posibilidad alguna de evitarle varias condenas.
Por lo cual el indulto vuelve a ser la panacea que el peronismo viene proponiendo para, en las palabras, olvidar el pasado a fin de reconciliar el presente, pero que en los hechos sólo busca repetir ese pasado... o no salir jamás de él.
Hoy, como ayer, tampoco se trata de una conspiración explícita, sino más bien de una concepción política que sostienen casi todos los peronistas con poder, por las más diversas razones. Algo que, a pesar de sus diferencias políticas, hace coincidir a Cristina con Duhalde, Miguel Pichetto, Jorge Asís y hasta podría inferirse al mismísimo Lavagna por las primeras declaraciones que dijo sobre el tema: que él no hará campaña con el tema corrupción. Algo que hace temer sobre la nueva aparición de otro peronista respetable, debajo del cual medran pasiones promiscuas.
Esperemos que Lavagna, un hombre serio, replantee lo que dijo. Este nuevo pacto de impunidad comenzó a gestarse con la aparición de los cuadernos de Centeno, y se fortaleció con los dichos del contable Manzanares, ya que desde Al Capone a hoy, los contadores de los mafiosos suelen ser clave para el deschave de los delitos cometidos por sus clientes.
Luego de los cuadernos, ya no sólo los peronistas K sino empresarios de todo tipo e incluso gente relacionada con el macrismo, comienzan a ser acusados por el dedo de la ley tras la confesión de los arrepentidos, que pese a ser multitud, impresiona la similitud y coherencia entre lo que todos declaran.
Esto puso muy pero muy nerviosos a amplios sectores del poder político y económico argentino, porque les indica que no hay casi posibilidad de que puedan salir libres en procesos legales, y que entonces habrá que ir pensando en un indulto que además incluya un asalto a la Justicia para que ésta deje de lado todo juicio por corrupción.
Este pacto político-económico es tan indemostrable como el pacto sindical-militar pero ambos son igual de creíbles. Y Duhalde aparece como una especie de escribano mayor que convalida el acuerdo como convalidó los anteriores. Eterno deja vu nacional aunque no tan popular.
El intento conducido directamente por Cristina y operado por un juez K de tratar de sacarse de encima al fiscal Stornelli y al juez Bonadio, transformándoles de acusadores en acusados, es una réplica notablemente exacta de aquel día en que Cristina autorizó a su vicepresidente Boudou a que use todo el peso de su poder político para expulsar de su caso de corrupción por Ciccone al fiscal, al juez e incluso al Procurador General. Cosa que Boudou (preso recién hoy por lo que se lo acusó en aquel entonces) logró.
A pesar de que el Procurador era nada menos que el recientemente fallecido Esteban Righi, un hombre honorable que quizá fuera el único camporista real (ministro de Héctor Cámpora) que tuviera el kirchnerismo. Y con la sugestiva curiosidad (quizá nada casual) que el fiscal del caso contra Boudou era Carlos Rívolo, quien hoy junto con Stornelli acusa a Cristina y ésta busca otra vez desplazar.
Otro gran actor de este drama es el escritor Jorge Asís, quien fue y sigue siendo gran defensor del indulto a los militares por cuestiones de reconciliación nacional. Es quizá uno de los pocos que esté con este nuevo indulto no por interés personal sino por concepción política, ya que también fue uno de los primeros en denunciar con datos apabullantes la corrupción del kirchnerismo.
Pero ahora cree que para alcanzar la paz social se debe perdonar a los que él mismo acusó. Y así lo dice: “Este Lava Jato (se refiere a la causa de los cuadernos) que anticipé como peste de transparencia, destruye y desmorona los pilares morales, económicos, políticos y jurídicos de la Argentina”.
Y agrega: “El presidente como yo, piensa en una línea de corte porque todos los muchachos que aparecen son amigos de él”. O sea, juzgar a los ladrones es una peste y destruye los “pilares morales” del país, por lo que además de Cristina, a Macri le conviene apoyar el indulto para salvar a los suyos.
Lo malo es que para llevar a cabo este plan de “reconciliación nacional” donde todos los que cometieron delitos se perdonen entre sí, quien propone la forma de hacerlo es Luis D’Elía, exaltado pero no tonto, sabedor que ni Dios podrá detener los juicios ante la contundencia probatoria.
El hombre dice: “A los jueces que se prestaron a meter presos a los compañeros, ni piedad, van a ir a la cárcel, hijos de puta”. Al poco tiempo surgen otros personajes que proponen reemplazar a los jueces actuales con “jueces militantes”, algunos de los cuales ya están empezando a aparecer. O sea, echar a todos los jueces y fiscales que hoy juzgan la corrupción y reemplazarlos por jueces indultadores.
Nadie sabe si este nuevo intento de impunidad tendrá éxito o no, pero lo cierto es que sus cultores se apoyan en una idea cultural muy metida en el inconsciente colectivo, que va más allá del perdón motivado por una hipócrita reconciliación nacional.
Se trata de una cultura que desprecia al buchón, al delator, al que denuncia al cumpa. Una cultura que, a diferencia de otras culturas, en vez de ver al arrepentido como un colaborador clave con la justicia en temas de corrupción estructural, lo ve como un traidor a la lealtad corporativa.
He aquí, entonces, las bases ideológicas del nuevo pacto de impunidad. Que, como las brujas, no existe, pero que las hay las hay.
