La elite dirigente mejicana -políticos, empresarios, intelectuales, académicos, periodistas, líderes sociales- experimenta hoy una suerte de revelación, mayormente poco grata. Está descubriendo que México es un país con una cultura política populista. No es que se volvió populista. Siempre lo fue. Pero estuvo negado por esa misma elite, con un discurso de corte liberal-democrático, institucionalista y modernizante.
Andrés Manuel López Obrador (Amlo, cómo se lo conoce), presidente de los Estados Unidos Mexicanos, siempre fue populista y nunca tuvo reparos en reconocerlo. Su estilo de liderazgo y su concepción de la política responden puntualmente a esa matriz. Su espectacular victoria en las elecciones de julio del año pasado, lo mismo que el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, obliga a revisar las tesis sobre el reflujo del populismo en América latina.
México continúa con su transición democrática, iniciada a fines de la década de 1990, con un notorio delay respecto de los países sudamericanos, que pasaron del entusiasmo por el restablecimiento de las instituciones republicanas al desengaño expresado en el populismo. Sigue el mismo itinerario.
Los primeros meses del gobierno de López Obrador van confirmando los pronósticos de quienes no se permitieron hacerse ilusiones con el nuevo sexenio.
Los puntos más atractivos de su propuesta -la lucha contra la corrupción y el fin de la guerra contra el narcotráfico, con el consiguiente retiro de las Fuerzas Armadas de las calles- no sólo no se concretaron, sino que se disuelven en gestos, declaraciones y decisiones inconexas en materia de administración y políticas públicas, que lo único que producen es intensificar tanto las prácticas corruptas en el Estado como el incremento de la violencia.
Las políticas que sí parecen responder a cierta planificación -el Gobierno ha sido acusado de moverse “por ocurrencias” del presidente- muestran una visión primitiva de la conducción del Estado, cuyos referentes se encuentran en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la década de 1970. La famosa Cuarta Transformación- expresión con la que Amlo, en un clásico ejercicio populista, pretende anticipar el juicio histórico sobre su sexenio- constituye hasta ahora un tremendo retroceso.
En esta línea el presidente declaró la guerra contra los tecnócratas, a quienes responsabiliza por el desmanejo y la corrupción en la administración pública. Los está sustituyendo por gentes “buenas y honestas”, sin preparación ni experiencia específica alguna, pero que le reportan directamente a él. El Estado mejicano es una estructura demasiado grande y compleja como para ser objeto de caprichosos experimentos ideológicos.
Podría pensarse que el populismo de Amlo es el resultado de una reelaboración a partir de la larga y extensa experiencia sudamericana al respecto, una especie de populismo perfeccionado, purgado de sus vicios y matrices de fracaso.
No es el caso. En primer lugar, porque lo que sucede en Sudamérica no tiene particular interés para las elites mejicanas, sean de izquierda o de derecha. Pero, además, es lo que se ve en la propia praxis de gobierno. Dos casos sirven para observar este universo en una cáscara de nuez.
En febrero, Amlo decidió poner fin al programa de estancias infantiles, una red a escala nacional de guarderías fruto de la cooperación público-privada, que ofrecía soluciones tanto a las madres que deben dejar a sus hijos para salir a trabajar como a aquellas mujeres que pueden hacer del cuidado de los niños una ocupación rentada. Explicó que la medida obedecía a casos de malversación de fondos detectados en algunas estancias. En su lugar, anunció una ayuda directa en dinero destinado a los padres/madres afectados, para que puedan afrontar el problema como les parezca.
Por esa misma época, también suspendió el financiamiento a los refugios destinados a mujeres y niños en situación de violencia. Las causas son similares, la solución también: son las propias mujeres las que deberán buscar alojamiento con los recursos que se les provean para tal fin.
Ambos casos muestran en pequeña escala la miseria y la perversidad del populismo. No sólo se desmonta una estructura institucional que -más allá de casos puntuales de corrupción- sirve para asignar eficazmente recursos y prestar un servicio directo, sino que se la sustituye por la entrega de una suma de dinero que no resuelve el problema, supone una forma de corrupción por vía de asistencialismo y refuerza la dependencia de los beneficiarios respecto de la arbitrariedad y de la buena voluntad de quienes la dan.
El gobierno de Amlo trabaja en la formación de una clientela política que le permita perpetuarse, eliminando mediaciones institucionales que desdibujan la pirámide del poder.
Las perspectivas para México no son buenas: ¿seguirá el camino de los populismos moderados o bien tomará la vía venezolana de la radicalización? Hay argumentos para pensar en los dos sentidos.
El gobierno populista de Amlo supone un sinceramiento brutal de las prácticas políticas en México. Esto podría verse como un avance respecto de la situación anterior. En principio, es mejor la verdad que la simulación. Sin embargo, esa aparente simulación liberal-democrática (“neoliberal”, según la jerga gubernamental) no cumple una mera función de ocultamiento. Es lo que, para el caso argentino, Natalio Botana explicó como la república posible, y Nicolás Shumway como ficción orientadora.
Sin esos principios fundamentales, que sólo se encarnan parcialmente en la realidad, pero que operan como metas u objetivos respecto de los cuales deben configurarse el Estado y el gobierno, México corre el grave riesgo de perder el rumbo. Algo que no parece tan vital en países que han entrado en el automatismo (siempre riesgoso) de los procesos institucionales, pero que para su caso particular, como para el resto de la comunidad latinoamericana, sigue siendo una herramienta imprescindible en la puja por la estabilización política y el desarrollo económico.
