La mudanza del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) genera inquietud en varios de sus empleados ya que pasará de un edificio perteneciente al Estado a un espacio alquilado. La versión oficial en cambio afirma que el dinero del alquiler vendrá de privados y que el personal no será afectado.
Hay que explicar primero que se trata de una fundación, con el formato de una empresa privada, que se dedica a la investigación agraria y recibe la mayor parte de sus ingresos del Estado. Nacida en 1998 bajo el gobierno de Arturo Lafalla (PJ), actualmente trabaja en el tercer piso de la Subsecretaría de Trabajo en calle San Martín.
El cambio de sede generó distintas reacciones en los empleados y mientras algunos lo confirmaban otros lo negaban. “No me extraña, somos los últimos en enterarnos de lo que pasa”, señaló alguien en una posición intermedia. Sin embargo, un comunicado confirmó a este medio el cambio.
"El contar con una nueva sede es un objetivo primordial por diversos motivos. El edificio actual donde funciona el IDR tiene falencias en las prestaciones, sumado a que fue cedida en principio hasta mayo de 2014, cuyo comodato se ha ido postergando", puede leerse. Quien pase por esas oficinas sentirá el calor del ambiente y la cercanía con el techo.
La polémica surgió con el rumor de que se pagarían $40 mil mensuales en alquiler. Esa medida no tendría coherencia con otras acciones que tomó el gobierno de Alfredo Cornejo como mudar una parte de la DGE, que alquilaba en el edificio de la ex TAC, a la Casa de Gobierno.
Un lector de Los Andes que se identificó como empleado del lugar escribió: "No pagan los sueldos al día y se le debe a los proveedores, pero hay plata para alquilar un edificio a precio astronómico ¿Cómo piensan pagar esa suma con las dificultades que tienen para pagar otras cosas más importantes?".
El denunciante además recordaba que Lucía Pannocchia, la esposa del gobernador, trabaja en la fundación. Este medio intentó comunicarse con Alfredo Aciar, subsecretario de Agricultura y presidente del IDR, para ver su opinión sobre el tema pero no obtuvo respuesta.
Desde su entorno sí replicaron que la cifra era de $18 mil y que no implicaría un incremento en el subsidio del Gobierno ni “erogaciones especiales”. El alquiler se solventaría con “fondos de programas de fortalecimiento institucional” y el “generoso aporte de entidades privadas fundadoras”.
