La empresa Danilo de Pellegrín fue desplazada de la construcción de la primera etapa del hospital de Luján. La obra, que fue licitada hace más de cuatro años y debía terminarse en 365 días, está realizada solo en una cuarta parte y el Gobierno ya inició el proceso para readjudicarla a otra empresa.
Hasta ahora se han pagado cerca de 15 millones de pesos por una obra que iba a costar cerca de 47 millones. Ahora el Gobierno prevé que gastará otros 57 millones para terminarla, y no completa: atrás quedarán los laboratorios y otras dependencias menores, la prioridad es terminar los consultorios externos y la guardia de urgencias.
El resto del hospital, previsto en la etapa 2, queda sujeto a una reevaluación del Ministerio de Salud y a una negociación con el Gobierno nacional para que siga siendo socio en el proyecto.
Danilo De Pellegrín había ganado la licitación y firmado el contrato de inicio de obra en julio de 2014; la ejecución empezó el 31 de julio de ese año y debía terminar un año después. La construcción fue parte del plan Más Cerca, por el que la Nación financiaba el 55% y la Provincia el 45%.
Pero la relación entre el Estado y la empresa en esta obra nunca fue del todo buena. De Pellegrín había presentado una oferta alternativa, con un sistema de construcción nuevo que no utiliza ladrillos sino que el corazón de la pared es de telgopor, que se envuelve en malla metálica y se reviste con hormigón “inyectado” de ambos lados.
Por esa alternativa, el 5 de noviembre de 2014 se firmó un nuevo contrato con el monto definitivo de 47,2 millones de pesos, cuando el monto original firmado en julio había sido de menos de la mitad: 22,8 millones.
Después llegaron los problemas financieros que empezaron las demoras. Apenas asumido el gobierno de Alfredo Cornejo, el 16 de diciembre de 2015 De Pellegrín presentó un reclamo por intereses moratorios, variaciones de precios, gastos adeudados y costo financiero. La obra quedó paralizada a principios de enero de 2016.
El reclamo fue incluido entre las deudas a proveedores y fue pagada con los bonos que emitió el Gobierno provincial equivalentes a 3,56 millones de pesos; el convenio para la cancelación se firmó el 8 de junio de 2016, pero las negociaciones continuaron. La obra recién se reinició en diciembre de 2016 y se firmó un nuevo convenio, con nuevos plazos de ejecución para terminar el 24 de octubre de este año.
En noviembre de 2017 la Provincia aplicó dos multas consecutivas por incumplimientos en el ritmo de obra y de seguridad, que sumaron más de 580 mil pesos.
Los reclamos, emplazamientos y quejas empezaron a multiplicarse, incluida la visita a la obra de una escribana que constató la falta de personal y el retiro de material acopiado.
El 26 de abril de este año el Gobierno señala el abandono de obra por parte de la empresa constructora. En ese momento se inició el proceso administrativo de rescisión de contrato.
La obra registraba un avance del 25% cuando, en función del último convenio de reinicio, debía estar al 40%. La empresa cobró un cuarto de lo comprometido, es decir cerca de 15 millones de pesos.
En agosto se firmó la resolución 176 del Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía en la que se dispone la rescisión, el llamado al concurso privado de precios para terminar la obra y se dispone que el Estado cobre las garantías presentadas por la empresa y una multa de 683 mil pesos.
Hoy, cuatro años después, el Estado debe volver a contratar una empresa que culmine lo que empezó otra constructora. El subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, explicó que se continuará la obra "con fondos propios, hasta que terminemos la negociación con Nación". Cabe recordar que la construcción del hospital era financiada en un 55% por la Nación y "quiere recuperar lo que invirtió. Queremos que entiendan que estamos dando de baja a una empresa y no a un proyecto".
El otro tema es que Chicahuala confirmó que no se terminará tal como fue planificada hace cuatro años, porque se decidió "simplificar la obra". La primera etapa, cotizada a 47 millones de pesos, constaba de consultorios, guardia y algunas dependencias adicionales de apoyo a la atención médica, como los laboratorios; ahora sólo se terminarán los consultorios y la guardia; las otras dependencias quedarán pendientes.
Pero cuatro años después los costos cambiaron: por menos superficie de la que ya está construida, el precio previsto por el Gobierno será de 57 millones de pesos, 10 millones más que el presupuesto de hace 10 años.
Un problema similar al de la obra de la cárcel de Cacheuta
Un detalle a tener en cuenta es si las empresas que serán convocadas querrán hacerse cargo de terminar una obra iniciada por otra firma.
No es la primera vez que sucede una situación similar, pero es cierto que cuesta encontrar una empresa que se haga cargo; así pasó con la continuación de la cárcel federal de Cacheuta, que fue iniciada por la española Isolux (involucrada en la causa de los cuadernos K) y el año pasado, cuando se buscaba quien la continuara, hubo tres llamados.
El subsecretario de Infraestructura, Daniel Chicahuala, explicó que no dudan que en este caso encontrarán reemplazo: "El método de construcción es conocido, las empresas pueden verificar el estado en el que está la estructura, los cálculos están y todo fue certificado por nosotros, es decir que estamos reconociendo que eso está bien hecho, sino nunca lo hubiéramos pagado. Es cierto que la empresa se hace cargo de los vicios ocultos.
Ahí existe riesgo, porque una empresa puede decir que eso no lo hizo. Pero si se presenta en la compulsa y gana, se hace cargo", cerró el funcionario.
