En un mundo donde la agricultura puede alimentar a 12.000 mil millones de personas, el doble de la población mundial, el hambre es el principal problema político al que se enfrenta la humanidad en los albores del siglo XXI. En nuestras sociedades, el hambre es la forma más común de morir.
El núcleo del problema radica en que los alimentos no son considerados como un bien común, cuya producción, distribución y consumo sea responsabilidad del Estado; sino que la comida es tratada como una mercancía más, cuyo suministro queda subordinado a la lógica lucrativa de los empresarios agroalimentarios. Así, la creación artificial de la escasez en el mercado de los alimentos es funcional a la lógica empresarial y los vuelve inaccesibles o muy costosos para grandes porciones de la población.
Desde el reconocimiento del derecho a la alimentación como un derecho humano irrevocable, así definido por la Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura y la Alimentación, es que los gobiernos asumen la tarea de “corregir” los problemas de malnutrición producidos por el mercado, encarando esta tarea con más rimbombancia que eficiencia.
Para muestra basta un botón. En Argentina, la fuerte devaluación del peso tras los resultados electorales del 11 de agosto pasado, profundizó una tendencia que se venía registrando desde los últimos años, con un incremento sostenido en las dificultades para acceder a la alimentación en cantidad y calidad aceptables, según las convenciones internacionales. La respuesta unánime de la clase política argentina fue la prórroga de la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional (decreto 108/2002) y la creación del Programa de Alimentación y Nutrición Nacional. Medidas necesarias en el contexto de emergencia, pero que no enfrentan el núcleo del problema, sino que solamente agrega más parches.
Cuando el problema principal es la mercantilización de la comida, y el Estado es incapaz de ejercer con eficiencia el poder de control, diferentes organizaciones sociales, políticas, religiosas asumen como propia la tarea de asistir nutricionalmente a la población más vulnerable. En nuestra provincia, en septiembre del corriente año se presentó el “Informe Social Alimentario en Mendoza”. en el cual quedaron registrados diferentes abordajes de la problemática del hambre en la provincia: 1) Los movimientos sociales asisten a los vecinos de 250 barrios populares con la presencia de merenderos y comedores; 2) Muchos niños comen en las escuelas dependientes del gobierno provincial; 3) Iglesias y parroquias otorgan raciones de alimentos en todo el territorio mendocino; 4) Se recuperan alimentos a través del trabajo de organizaciones sin fines de lucro, donde se destaca la labor de los Bancos de Alimentos y 5) Personas en situación de calle comen cotidianamente en plazas o merenderos populares.
La intensificación de estas acciones socio comunitarias demuestran el recrudecimiento del problema del hambre en Mendoza y si bien, su participación es muy importante para combatir este flagelo, la principal responsabilidad es de los estados provinciales y nacionales, quienes deben garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.
