Las escaramuzas entre gremios estatales y el Gobierno provincial no se agotaron con las paritarias. Hace un mes el Ejecutivo dio a conocer una resolución para regular las asambleas de empleados públicos.
Ayer trascendió que el Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea) presentó un amparo en la Cuarta Cámara del Trabajo para desactivar esa resolución; el gremio considera que la norma afecta los derechos sindicales.
Según el sindicato, la Provincia no tiene competencia constitucional para reglamentar el derecho de reunión de los trabajadores.
La presentación de Sitea es una respuesta a la resolución 129/16 del Ministerio de Gobierno, publicada en el Boletín Oficial el 9 de junio pasado. En esa resolución se establecen mecanismos que regulan la realización de asambleas en los ámbitos de trabajo.
Las asambleas suelen ser una medida de fuerza previa a la huelga, tanto en el sector estatal como en el privado. En las asambleas se interrumpe el trabajo para que los trabajadores deliberen. Sobre esta práctica avanzó el Gobierno con la resolución 129/16.
En ella se establece que la realización de asambleas debe ser notificada al superior jerárquico 24 horas antes de su realización, no deben extenderse por más del 20% del total de la jornada de trabajo, preferente al inicio o finalización.
En caso de que la asamblea dure más que ese tiempo, las autoridades pueden descontar el proporcional salarial correspondiente. Si la extensión es por la mitad de la jornada, entonces se descontará el día completo.
Los empleados que quieran participar deben comunicar su voluntad a su superior, sin que eso implique que el responsable jerárquico deba dar autorización.
También se establece que sea la autoridad la que fije el lugar de asamblea, para evitar que las deliberaciones interfieran con la prestación de servicios. También la autoridad debe establecer las medidas para que el servicio se siga prestando durante la asamblea.
En caso de que se trate de servicios esenciales, se indica que deben cubrirse los servicios mínimos igual que en caso de una huelga.
El 6 de julio Sitea recurrió judicialmente esta resolución, por vía de un amparo en la Cuarta Cámara del Trabajo para lograr la nulidad de la norma. Uno de los argumentos es que las asambleas son parte del derecho laboral por lo que la reglamentación es de competencia del Congreso Nacional, por lo que la resolución 129/16 violaría la Constitución, las leyes laborales y convenios internacionales.
Entre los argumentos, el gremio estatal argumenta que la resolución niega el derecho constitucional de reunirse y decidir sobre las condiciones salariales y laborales, y por lo tanto el derecho a la negociación colectiva, así como también al introducir, en el reglamento, la comunicación del empleado de su voluntad de participar.
Esto implica que se individualiza al trabajador y, de esa manera, el Estado actúa como organismo persecutorio y represor, para impedir el ejercicio de los derechos sindicales.
Además, Sitea hace foco en el ámbito en el que ese gremio es fuerte, en Administración Central, diferenciándose de los trabajadores de otras áreas y de otros gremios del Estado.
El concepto es el de servicios esenciales, que corresponden a salud, la producción y distribución de agua potable, energía eléctrica y gas y el control del tráfico aéreo; en el caso del Estado provincial hay trabajadores de servicios esenciales en Aysam y en los efectores de salud, ámbitos en los que hay otros gremios más fuertes, particularmente ATE en Salud.
En este sentido, el sindicato argumenta que la resolución 129/16 se funda en fallos referidos a trabajadores de servicios esenciales, que no tienen nada que ver con los trabajadores del resto de la Administración Pública.
De esta manera pretende mantener sin regulación las asambleas de Administración Central, donde Sitea tiene la mayor parte de sus afiliados.
Desde el Ejecutivo se indicó que la Justicia aún no da vista al Gobierno de la presentación, por lo que se abstuvieron de hacer declaraciones.
Por amenaza de bomba, evacuaron Casa de Gobierno
El gobernador, Alfredo Cornejo, se estrenó en las historias de las “bromas peligrosas” con la primera amenaza de bomba en la Casa de Gobierno en lo que va de su gestión. El susto obligó a la evacuación completa del edificio, aunque el primer mandatario no se vio afectado, ya que a media mañana llegó de Buenos Aires y se reincorporó más tarde a sus tareas.
En los hechos, ayer cerca de las 11 de la mañana, la guardia de la subcomisaría que está ubicada en Casa de Gobierno, recibió un llamado anónimo que alertó sobre la situación. “Nos avisaron que había un artefacto explosivo en costado Este de la Casa de Gobierno”, señaló el comisario del barrio Cívico, Marcos Rojas.
Por precaución, se evacuó primero el área señalada y luego el resto del edificio. “Intervino personal de Explosivos con un perro adiestrado y en 50 minutos se logró establecer que no había ningún artefacto explosivo”, aseguró Rojas.
Luego de la interrupción preventiva, los empleados volvieron a sus tareas. Según dijeron, no se pudo determinar quién fue el autor del llamado ni los motivos.
