Entre tantos indicadores negativos que nos llegan de informes locales e internacionales, por fin uno nos da cierto alivio.
Sucede que con este ranking la Argentina ha recuperado terreno respecto de un tema de resonancia clave: la corrupción en el Estado.
Aunque no alcanza para la euforia apresurada, lo concreto es que nuestro país avanzó 19 lugares en el ranking que mide este flagelo a escala global, según la organización no gubernamental Transparencia Internacional.
Las conclusiones indican que durante 2019, el último año de gestión de Mauricio Macri en la Casa Rosada, el país pasó del puesto 85º al 66º. Es decir, dejamos un lugar incómodo en la tabla para posicionarnos en un escalón más presentable.
Con todo, es oportuno aclarar que, en función de la modalidad y del alcance del estudio, el resultado final alude a una percepción y no a una constatación irrebatible.
Al respecto, Transparencia Internacional focaliza anualmente el “índice de percepción de la corrupción” (IPC) luego de evaluar la situación de 180 países, sobre la base de diferentes encuestas de organismos internacionales.
Si bien en términos generales no deja de ser una buena noticia, es cierto también que durante las últimas semanas la saliente administración de Cambiemos fue objeto de denuncias por presuntos negocios vidriosos que tendrán que ser investigados y esclarecidos en la Justicia.
Asimismo, el progreso en relación con las naciones más corruptas del planeta debe alentar el compromiso con la honestidad y con la transparencia en el ejercicio de la función pública de la gestión del presidente Alberto Fernández.
No es un dato menor: el peronismo en sus distintas vertientes ha protagonizado capítulos ominosos vinculados con la corrupción operada desde la impunidad que suele dar el poder.
Un fenómeno que se propagó en el transcurrir de los 12 años ininterrumpidos del kirchnerismo en la conducción del país.
En este caso no se trata de una percepción. Las conductas infieles y reñidas con la decencia se ven reflejadas en la larga lista de exfuncionarios kirchneristas condenados, encarcelados o procesados.
Entre ellos, la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, quien ejerció el máximo cargo político del país entre 2007 y 2015.
Al cuantificar la corrupción en países de América, también deambulamos por la mitad de la tabla. Argentina se ubica en el puesto 13 sobre 32 países.
Y volvemos a quedar relegados en esta materia por los vecinos Uruguay y Chile.
Hay progresos, pero la corrupción en la función estatal será erradicada sólo si quienes ostentan un cargo público honran el compromiso juramentado de lealtad con la patria.
Además de la imprescindible honestidad en la actividad política, también es fundamental que aquellos avances en la lucha contra la corrupción no sean interrumpidos por cualquier intento de amnistía o indulto hacia los condenados o los que están en juicio.
De ello depende la salud de la República.
