Cuando en diciembre asuman las nuevas autoridades provinciales, los intendentes departamentales del área que definimos como Gran Mendoza enfrentarán una oportunidad interesante, tal vez única, debido a la afinidad política de los jefes comunales.
Los titulares municipales de los departamentos de Las Heras, Capital y Guaymallén pertenecen al mismo signo partidario, la legendaria agrupación de Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen, mientras que en Godoy Cruz, donde habrá elecciones en noviembre próximo, es muy posible que se defina por un representante radical. A este panorama hay que añadir a Luján de Cuyo, donde asumirá un hombre del PRO-Partido Demócrata, en la actualidad aliado de la UCR.
Este panorama de cercanías políticas puede convertirse en ocasión propicia para encarar acciones comunes que puedan doblegar o atemperar los diversos problemas que afectan la zona metropolitana.
La saturación de las vías de comunicación por un parque automotor excedido en número y que hace colapsar el ingreso y egreso de la ciudad de Mendoza en determinadas horas; las contradicciones emergentes del conflicto por límites entre Luján de Cuyo y Las Heras; la imparable inseguridad; el avance desbordante de construcción de barrios sin control ni planificación; el exceso de mascotas abandonadas en la vía pública; los interrogantes del transporte público de pasajeros y las moras derivadas de la recolección de la basura orgánica, son algunos de los desafíos que deben remediarse en mediano plazo y, aunque varios de esos puntos son resorte de la administración provincial, bien pueden ser abordados por las municipalidades.
En todo caso, quedaría fuera de ese mosaico de entendimiento la comuna de Maipú, con un titular justicialista quien, sin embargo, no querrá quedarse solo y seguramente también se acoplará a cualquier decisión que pueda trascender la mera gestión local.
El desarrollo de una acción común que abarque la problemática planteada es un imperativo para ir construyendo una Mendoza más ordenada con vistas al futuro.
Un argumento a favor de la posición fijada se puede encontrar en el Colegio de Arquitectos de Mendoza, al razonar que el área metropolitana “es el gran desafío para el ordenamiento del territorio. Toda pretensión de llevar racionalidad al uso del agua, la demanda energética, el agro, el pedemonte y el transporte, está condenada al fracaso si no se plantean primero cuáles son las alternativas para albergar a una población creciente, manteniendo aquellos parámetros de calidad de vida que han caracterizado a nuestro modelo de asentamiento humano”.
Otros profesionales urbanistas también acercan argumentaciones en el mismo sentido y recuerdan que debe emplearse a fondo el plan de ordenamiento territorial, que abarca a los 6 municipios y que, de una vez por todas, se ponga límites al crecimiento descontrolado hacia el Oeste, sin infraestructura de servicios y falta de capacidad de absorción de las existentes.
Es que, al transformar la situación del pedemonte, ha puesto en riesgo todo el ejido urbano del Este y del Norte del área metropolitana, contaminando cuencas y haciendo desaparecer otras que son naturales y encargadas de recargar nuestros acuíferos.
Por otra parte, se gesta con el actual cuadro político provincial la opción de encarar obras estratégicas, no coyunturales, para mostrar al final del período de 4 años.
