Tal como está ocurriendo en varios países, con especial énfasis en algunos latinos de América y Europa, la corrupción ejercida desde el poder del Estado (funcionarios y empresarios, básicamente) se ha convertido en un fenómeno estructural.
Ha dejado de ser periférico o marginal para constituirse en un mal que ha entrado en el corazón de las repúblicas con el cual la democracia se está enfermando gravemente desde adentro y no parece haber un remedio adecuado que funcione para todos los casos.
En la Argentina, el problema se viene cultivando con nuevas modalidades desde hace al menos dos décadas, habiendo alcanzado en los últimos años una proliferación y un crecimiento fundamentales al haber centralizado en los más altos poderes de decisiones políticas muchísimas de las peores prácticas prebendarias, con lo cual se ha logrado la gestación de un funcionariado público cuya principal actividad es organizar la corrupción, junto a un capitalismo de amigos donde los nuevos seudoempresarios aparecen como testaferros de los recursos que les otorgan desde el Estado para después repartírselos entre los cómplices.
En el Brasil actual como en la Argentina de los ’90 el móvil principal de la corrupción estatal se debió a la financiación ilegal de los partidos políticos mayoritarios, algo parecido a lo que hoy se está descubriendo en España. Pero en la Argentina de este siglo la cuestión ha ido más lejos que hacia la financiación partidaria.
Ahora se ha intentado, con una centralización escandalosa en los más altos niveles decisorios del poder político, construir un Estado en el que todas las relaciones con la sociedad funcionen mediante una suma de los diversos mecanismos de corrupción para crear a la vez una nueva élite dirigente y una nueva clase empresaria que se hagan cargo de los destinos de la República, sustituyendo en la medida de lo posible a las élites anteriores.
O sea, se está construyendo una dirigencia pública y privada para todo el país, a partir de la malversación de los fondos gubernamentales que sus gestores administran.
Un intento mucho más pretencioso y desmesurado que es de conseguir plata ilegal para hacer política. Acá lo que se quiere es apoderarse de un país entero mediante la apropiación privada, de ser posible de la totalidad de los fondos públicos.
Es por eso que, sea cual fuere la orientación ideológica del próximo gobierno, si quiere recuperar la confianza de la sociedad en la política y en los políticos, y si a la vez pretenden que el Estado vuelva a funcionar con eficiencia, deberá pensar en la constitución inmediata de mecanismos institucionales específicos para luchar contra la corrupción, ya que la profundidad, extensión y gravedad que la misma ha alcanzado, hace que los organismos existentes pensados para controlarla ya resulten insuficientes.
Deberán imaginarse entonces organismos anticorrupción novedosos, que sepan aprovechar plenamente las nuevas tecnologías a partir de las cuales es posible detectar los entrecruzamientos y las maniobras indebidas a nivel especulativo o financiero, sobre todo en lo que hace al lavado de dinero, con mucha más perfección que antes.
Si no se encaran decididas medidas de este tipo, la corrupción, que ya ha penetrado en los tejidos más profundos de la sociedad y del Estado argentino no sólo se mantendrá sino que se irá ampliando gobierno tras gobierno porque ésta ya ha adquirido una dinámica propia y sus cultores se encuentran en todos los partidos.
No se tratará, claro, de una tarea fácil, precisamente por esto último que dijimos: que hay corruptos en todas las estructuras políticas y económicas.
Por eso, así como en los últimos años se centralizó la corrupción en los más altos niveles estatales, ahora se deberá seguir un camino similar para objetivos contrarios: partir desde la cúpula estatal, donde se ejerce el mayor poder, para desde allí iniciar la cruzada anticorrupción e ir descendiendo al resto de las instituciones para que poco a poco, pero con urgencia, se vaya despejando el terreno de este mal venenoso, sin cuya exclusión será imposible iniciar cualquier camino de desarrollo. Porque la corrupción ya no es sólo un drama moral sino también económico.
