Tras la aprobación del proyecto Hierro Indio se abrió una ventana a la explotación minera. En el 69 aniversario de Malargüe, durante el almuerzo de las fuerzas vivas del departamento, salió a la luz un proyecto que el oficialismo está trabajando. La base es el texto que está en la Casa de las Leyes, autoría del peronista Alejandro Abraham. "Es un proyecto mejorado del de Abraham, más amplio y con muchos más controles", dijo una fuente de gobierno.
El dilema que queda por resolver es si la versión actualizada de la 7722 llegará mañana a manos de los legisladores o van a esperar en el oficialismo para ver la actitud que adopta la oposición. Las cámaras empresarias ya anunciaron que irán a la Legislatura para pedir que no se dilate más el tratamiento, pero al parecer desde el PJ pretenden planchar la iniciativa hasta la asunción de Rodolfo Suárez como gobernador.
El proyecto que trabajan en el oficialismo a contra reloj por estas horas, todavía está sujeto a cambios o algunos agregados. En síntesis, modifica 4 artículos de la 7.722 e introduce seis artículos más.
El primer cambio apunta a darle una nueva perspectiva al tema de la utilización o no de sustancias químicas.
La redacción de la ley en vigencia es tajante; en el artículo 1 directamente "se prohíbe el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico y otras sustancias tóxicas similares". En cambio el texto nuevo establece el concepto, de "mezclas o soluciones de sustancias químicas".
“No es lo mismo colocarle cloro al agua para purificarla y beber, que tomar cloro”, comentaron.
Según el proyecto en danza, podrán utilizarse en los procesos mineros las mezclas o soluciones con sustancias químicas que cumplan con estándares internacionales y además su uso esté permitido en la República Argentina.
Para los que no confían en los procesos de control para evitar daños ambientales, en la corrección a la 7.722 se agudizan esos controles abriendo el juego a la participación de auditorías internacionales. Se obliga al Gobierno a contratar organismos externos, preferentemente vinculados a Naciones Unidas, para realizar un seguimiento pormenorizado de las explotaciones tanto mineras como petroleras.
Otro aspecto a tener en cuenta es que la nueva norma mantiene los informes sectoriales, la participación de Irrigación y también del Ianiglia (por el cuidado de los glaciares), como parte fundamental en el armado de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), pero nada dice de la ratificación legislativa de la DIA.
Reclamo del lejano sur
La aprobación legislativa de las declaraciones de impacto ambiental formó parte de los reclamos más fuertes que plasmó en su discurso Gustavo Mirás, presidente de la Cámara de Comercio de Malargüe.
Ante la mirada atenta del gobernador Alfredo Cornejo, y una nutrida concurrencia política entre los que estaban el senador nacional Julio Cobos, el diputado nacional Federico Zamarbide, el intendente local Jorge Vergara Martínez, ministros, también empresarios y dirigentes de cámaras sectoriales de los cuatro puntos cardinales de Mendoza, Miras alzó la voz y dijo: "Si cada vez que Malargüe tiene que hacer un emprendimiento debe ir a la Legislatura, que todos lo que quieran plantar viña, criar chanchos, vayan a la Legislatura, porque también usa agua, también usan tierra".
Pero eso fue solo el comienzo, el dirigente empresarial fue por mucho más.
"La bendita 7.722 no es antiminera, esa ley es anti trabajo, anti desarrollo, es pobreza, nosotros pedimos la derogación de la 7.722, que no exista más. No hay más agua, ni hay más ambiente, por la 7722", lanzó.
"Fue una ley hecha entre poquitos, entre los que se juntaban para cortar una ruta para manifestarse en contra del desarrollo de la provincia. Pedimos una ley que se hecha entre todos, el oficialismo, la oposición, las cámaras, una ley que genere que la matriz productiva de cada departamento pueda desarrollarse con total independencia. No podemos permitir más esos lujos de 12 años de no trabajar la minería", expresó el dirigente empresario.
La respuesta del gobernador Cornejo fue aplacada pero lo suficiente como para demostrar que no se contrapone al pensamiento de Miras.
"Se plantea la minería como una gran actividad que viene a incrementar nuestra posibilidad de crecimiento de Mendoza y lo que es más importante, las posibilidades de empleo, y no es un tema que beneficia a los empresarios nada más, sino a los que necesitan trabajar y tenemos que ir en esa dirección", comenzó diciendo Cornejo.
“Hierro Indio es solo un primer paso, la exploración, y sin embargo tiene que pasar por la Legislatura. Es como si el carnet de conducir que ahora está a cargo de los municipios, luego de haber rendido el examen, hecho la prueba de manejo, tiene que pasar por el Concejo Deliberante para que a esa persona le den el carnet. Es grotesco ejemplo, pero todo el resto de las actividades no tienen que pasar por la legislatura para su aprobación”, graficó el mandatario mendocino.
Regalías para riego eficiente
La modificación a la ley 7722 introduce la creación de un fondo de compensación para la gestión integrada del recurso hídrico, infraestructura vial y de servicios, con un porcentaje de las regalías mineras.
El 50% de esos recursos estarán destinados a financiar impermeabilización de cauces, canales e hijuelas y la incorporación de sistemas de riego eficiente en las fincas o establecimientos agrícola-ganaderos.
En el proyecto que enviará el Ejecutivo a la Legislatura se prevé que los emprendimientos mineros, medianos y grandes generen energía a partir de sistemas alternativos o renovables destinados al autoconsumo y si lo amerita, la venta al sistema.
Desde que la ley 7.722 fue sancionada en junio de 2007, el sector minero inició una batalla legal para dejarla sin efecto. Hacia fines de 2015 la Suprema Corte declaró que la ley es constitucional.
Del otro lado, los sectores que bregan por el cuidado del medio ambiente y ven en la minería un foco altamente contaminante, se han mantenido férreos en su defensa y hasta se aprovechan de la reciente puesta en marcha de Hierro Indio para insistir en que la norma no es prohibitiva de la actividad.
Mañana ambos sectores, los que veneran la 7722 y los que pugnan por su modificación se concentrarán en la Casa de las Leyes.
Un batallón de entidades y cámaras vinculadas al sector minero se autoconvocaron a la Legislatura para "solicitar el tratamiento de la modificación de la ley 7.722 y manifestar su apoyo a los legisladores del oficialismo y de la oposición que lograron los consensos necesarios para su reforma", reza un comunicado que está firmado entre otros por los presidentes de la Unión Industrial de Mendoza y el Consejo Empresario Mendocino.
Sepa más
20 de junio de 2007. La Legislatura aprobó la ley 7.722. El debate se dio en medio de un clima de protestas en toda la provincia. Apenas se promulgó, se iniciaron varios planteos de inconstitucionalidad presentados por empresas.
24 de agosto de 2011. El tratamiento de la declaración de impacto ambiental (DIA) del proyecto San Jorge había encendido las alertas, a pesar de que el proyecto no preveía el uso de químicos contaminantes. En febrero, grupos ambientalistas tomaron el recinto de la Legislatura, cuando los senadores se aprestaban a tratar el proyecto. El tema calentaba la campaña electoral, por lo que en agosto, el entonces candidato Francisco Pérez forzó a los legisladores del peronismo a rechazar el proyecto.
16 de diciembre de 2015. La Suprema Corte de Mendoza rechazó la decena de pedidos de inconstitucionalidad. El Tribunal votó en plenario, es decir que los siete miembros participaron de la decisión. Los siete votos fueron por la constitucionalidad de la ley.
