Está casi listo el nuevo criterio para recategorizar escuelas, lo que permitirá definir el nuevo Ítem Zona que podrán cobrar los docentes.
El martes pasado la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) finalizó el estudio que ya analiza la Dirección de Escuelas.
El hecho coincidió con la cancelación del pago de más de $600 millones de la deuda por este ítem que el gobierno de Alfredo Cornejo decidió abonar a más de 15 mil docentes, lo que se concretó el viernes.
Algunos montos por esta deuda que recibieron algunos llaman la atención: hay dos docentes que cobraron más de un millón de pesos. El primero cobró $1.239.190 y el segundo, $1.179.535. El dato surge de un informe que hizo público el Gobierno y que da cuenta que se le pagó a 15.291 personas.
El detalle también muestra que de los primeros cincuenta beneficiarios, el que menos cobró recibió $ 406.847.
En total la Provincia gastó para pagar esta deuda más de $600 millones.
Según el titular de la DEIE, Facundo Biffi, el estudio para recategorizar establecimientos duró "unos 20 días" y ocupó a más de medio centenar de agentes "de planta y contratados".
El sondeo permitió relevar las condiciones sociales, de infraestructura y de servicios "de todos los edificios escolares de la provincia", es decir 2.357 establecimientos.
A esa tarea se le sumará ahora la asignación de puntos a cada escuela que hará la DGE. “Concretado eso, habremos cumplido con los plazos que marca la Ley”, se informó.
Ese plazo, que según la Ley 9.031 (aprobada en diciembre pasado) define los nuevos puntajes y el futuro Ítem Zona, vence el próximo 30 de junio.
A partir de esa fecha, entonces, los maestros podrán conocer las nuevas zonas y qué porcentaje adicional se les pagará en cada caso. “Un mes después ya podrán cobrar los nuevos adicionales”, indicaron.
Nuevos criterios
En el Ejecutivo insisten en que el principal motivo para hacer la recategorización fue esa deuda generada en 2008, cuando gobernaba el peronista Celso Jaque y Carlos López Puelles dirigía la DGE.
“De manera irresponsable y en base a demandas y no a estudios objetivos, se reconocieron zonas pero sin pagarlas”, cuestionó el subsecretario de Administración de la DGE, Gabriel Sciola.
Esas resoluciones solían plantearse "hasta tanto el Gobierno tenga disponibilidad. Además, se habían hecho retroactivas al año 2006".
En 2016 Cornejo propuso al SUTE pagar la deuda con un bono, como lo había hecho con los proveedores. Pero no hubo acuerdo. Entonces surgió la idea de pagar en efectivo, pero para que la deuda no se hiciera cada vez mayor, se pensó en recategorizar las zonas, claramente desactualizadas.
Es que las primeras categorizaciones datan de 1984, cuando se creó el estatuto docente. El criterio era el de dar más porcentaje de zona mientras más alejada estuviera la escuela de un "centro formador" docente. En esos años, la mayoría estaba en el centro mendocino.
“Hoy hay institutos de educación docente en todos los departamentos, no puede correr la misma zona”, dijo Jaime Correas, actual titular de la DGE.
Pero la desactualización también pasa por criterios posteriores para otorgar zonas. “Se llegó a dar zona a la escuela que tuviera al director con mayor capacidad de ‘lobby’”, contó Biffi.
Eso llegó a generar situaciones ridículas, como la existencia de escuelas que funcionan en un mismo establecimiento pero con distinta zona.
Algo parecido ocurre en instituciones en contexto de encierro. “Hoy la cárcel San Felipe tiene 40% de zona pero Almafuerte 0%, por lo que nadie quiere dar clases allí”, indicó Sciola.
El nuevo esquema contempla varios criterios. “Se busca incentivar al docente a dar clases en zonas alejadas pero también con contextos desfavorables”, explicó Biffi.
Pero sigue existiendo la distancia. "Las escuelas urbanas tendrán 0% de zona y las rurales, 50%", confirmó el titular de la DEIE, en base a la ley 9031. Esa norma fija además "100% de zona" para todos los establecimientos carcelarios.
Otro criterio se basa en el cruce de datos que hizo la DEIE. Por un lado hay elementos que ya existen. "Al georreferenciar los establecimientos podemos puntear paradas de colectivo, centros de salud, comisarías o destacamentos alrededor de la escuela", detalló Biffi. "Además hubo integración con Seguridad, Salud y la DGE para completar el mapa", agregó.
“También se cruzaron bases con la cantidad de denuncias cercanas al establecimiento educativo, registradas en el 911, en dos cuadras a la redonda”, agregó.
Para completar el combo, las escuelas llenaron una planilla (declaración jurada) con otros datos como acceso al transporte público, cobertura de luz, gas, agua, indicadores de insalubridad, existencia o no de factores contaminantes, factores climáticos extremos.
"Todo nos permitió obtener datos objetivos, estadísticos, fehacientes, para dimensionar la situación y aplicar los porcentajes", siguió Biffi. "Se da así un fundamento técnico que contrasta con lo que había", completó.
Lo que resta ahora es otorgar los porcentajes a cada zona, siempre atendiendo a la Ley 9031. Antes había diez categorías entre el 0% y el 100%. Ahora serán sólo cinco: 0%, 30%, 50%, 70% y 100%. “Se definirá el índice de vulnerabilidad en base a los cruces de datos y eso dará el porcentaje”, añadió Sciola.
En el Ejecutivo están exultantes con la tarea y convencidos de que “servirá para que el ciudadano recupere la confianza en el Estado”, sobre todo porque el criterio logrado no surge de la subjetividad de algún funcionario. “Acá hay un equipo técnico, con datos objetivos”, destacó Correas.
Para el SUTE “es una chantada”
Tanto la Ley 9031 como la propia recategorización de zona han sido motivo de conflicto entre el Gobierno y el SUTE. Sobre todo porque la norma modificó las características de una comisión mixta, integrada por representantes de la DGE y del gremio, que antes contaba con la capacidad de definir las zonas, pero ahora, si bien analiza lo trabajado por el Ejecutivo, sólo emitirá despachos “no vinculantes”.
La comisión existe desde 1984, cuando se confeccionó el estatuto docente. "En 35 años no logró actualizar los criterios", dicen en la DGE.
Sebastián Henríquez, titular del SUTE, renovó el reclamo. "Esa comisión y el estatuto docente muestran un espíritu democrático de trabajar en cuerpos colegiados.
Este Gobierno va en contra de eso”, dijo, y volvió a pedir que la temática se trabaje “en paritarias”.
También criticó el trabajo de la DEIE para las nuevas zonas. "No tienen ningún indicador para salubridad: ¿qué se mide?, ¿cómo sabe un directivo escolar si una fábrica cercana es contaminante o no?, ¿cómo mide la contaminación sonora?" se preguntó. "Este estudio es una chantada", lanzó.
Un millonario costo en abogados
En total la provincia gastó para pagar esta deuda $608.432.822,65, de los cuales $437,5 millones correspondieron a deudas por reclamos "administrativos" del Ítem Zona, mientras que $149,7 millones fueron los abonados a las 66 causas judiciales que se generaron (en 56 escuelas).
Un dato llamativo y que generó una de las más fuertes quejas de la gestión actual con su antecesora fue lo que se pagó por costas judiciales. El informe detalla que se abonaron $21,2 millones.
Otro dato curioso: los querellantes que percibieron este último monto son sólo cuatro abogados. "Aquí se ve la negligencia del Gobierno que permitió que se generara esta deuda", dijeron en la DGE.
Los que ya lo cobraban, lo seguirán haciendo
El Gobierno quiso dejar en claro que quienes ya cobraban el Item Zona antes de esta recategorización, seguirán cobrando el mismo porcentaje, en caso de que el nuevo adicional baje.
“Si la escuela recategoriza en 30 y el docente cobraba 50, seguirá recibiendo ese monto”, ejemplificó Sciola. “Si tenía 40 de zona y recategorizan la escuela al 70, automáticamente empezará a cobrar 70”, añadió, explicando además que “para eso se presupuestaron casi $ 400 millones más este año”.
