A pedido de la Suprema Corte de Justicia, se abrió ayer una instancia de diálogo para que el Gobierno y el radicalismo arrimen posiciones y lleguen a un acuerdo por las cuentas públicas. Ambas partes se sentaron y se comprometieron a charlar pero, a priori, la pelea iniciada por la discusión del Presupuesto de este año sigue estancada en el mismo lugar: la autorización para que el Ejecutivo tome deuda.
Por lo pronto, durante esta semana se acordó una tregua en la pelea por los números y el Ejecutivo se comprometió a no avanzar con tratativas para tomar deuda.
La conciliación que pidió el Tribunal es para evitar la sentencia sobre la constitucionalidad o no de la ley de reconducción presupuestaria que el oficialismo impulsó hace casi dos meses y que lo autoriza a endeudarse con mayoría simple, cuando la Constitución provincial prevé que debe ser con dos tercios de los votos de la Legislatura.
Ayer a las 12 en punto arrancó el encuentro de conciliación pedido por el máximo tribunal. En realidad no fueron todos los supremos, sino la sala 1 de la Corte integrada por Alejandro Pérez Hualde, Jorge Nanclares y Carlos Böhm. En realidad, originalmente esa sala tiene como miembro a Omar Palermo, pero el radicalismo lo recusó.
A las 12 llegaron los emisarios del Ejecutivo (los ministros de Trabajo, Justicia y Gobierno, Rodolfo Lafalla y de Hacienda Marcelo Costa; el subsecretario Legal y Técnico Gustavo Tobares) y los de la UCR (el presidente partidario Sergio Pinto, los senadores Gerardo del Río, Armando Camerucci y Juan Carlos Jaliff; los diputados Néstor Parés, Víctor Scattareggia y Martín Kerchner, y el apoderado radical Jorge Albarracín), También estuvieron el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini y el fiscal de Estado subrogante, Javier Fernández.
Después de las deliberaciones todos acordaron volver a verse las caras el jueves 19 a las 12. Para ese momento, deberían tener clausuradas las diferencias con una serie de acuerdos para que la demanda presentada por los radicales sea retirada y las cuestiones políticas se resuelvan por la vía política.
Pero la cuestión es que las partes siguen sosteniendo lo que dicen desde hace meses. Desde hace algunos días, referentes del oficialismo vienen agitando la versión de que sin el endeudamiento de $ 1.200 millones no se podrá pagar el incremento salarial acordado con los gremios estatales en la última paritaria. Ayer, el presidente de la Cámara baja.
Jorge Tanús alimentaba esa visión apocalíptica avisando que, en caso de que no llegue un préstamo, la Legislatura no podría aprobar los acuerdos paritarios y los trabajadores deberán devolver el dinero ya pagado.
Cómo contrapartida, desde diciembre el radicalismo afirma que el Gobierno no necesita endeudamiento, porque la inflación primero y luego el impacto de la devaluación dispararon la recaudación de Ingresos Brutos, la coparticipación del IVA y regalías y fondo solidario de la soja.
Ayer los radicales llegaron a la reunión con sus cálculos y aseguraban que el incremento de los recursos que han ingresado a las arcas provinciales le permite exhibir un superávit superior a los $ 1.200 millones sólo en el primer cuatrimestre de 2014. Dicen que los ingresos totales sumaron $ 8.098 millones y que se gastaron $ 6.826 millones. En total le sobraron $ 1.271 millones.
Para fin de año, estiman, el Gobierno contará con mayores ingresos por $ 3.000 millones.
Con estos mayores ingresos el Gobierno podría pagar el incremento salarial, que sumaría casi $ 1.800 millones y también la amortización de deuda, que suma poco más de $ 1.200 millones e incluso le sobrarían algunos pocos millones de pesos.
El glosario de buenas intenciones se mantuvo intacto. Sólo un único reproche del oficialismo hubo: “Creemos que es un tema que lo tiene que resolver la dirigencia política, no es un tema que tenga que estar en la Justicia”, decía al salir del encuentro el ministro Lafalla. Lo que nadie quiso recordar ayer es que lo que se discute es la constitucionalidad de una ley y la resolución de ese conflicto es patrimonio exclusivo de la Suprema Corte.
Las buenas maneras se mantuvieron. Lafalla decía que se abría la instancia de diálogo y que “de acá al 19 vamos trabajar para llegar a una solución”. Del otro lado, Scattareggia decía que su correligionarios tenían la “predisposición al diálogo”.
