La discusión está parada. Casi todo parece solucionable a priori, pero casi no es todo. Ya existe una resolución de presidencia de la Cámara de Diputados, la número 22, en la que se convoca a sesión especial para el lunes 22 a las 12, en la que debería debatirse el paquete fiscal de la provincia para 2015.
Pero todas las partes dudan de llegar a un acuerdo y poder aprobar las leyes de Avalúo, Impositiva y Presupuesto.
Todo está como estaba el miércoles pasado, pero parece haber una luz de esperanza para un aspecto discutido en el proyecto de ley de Impositiva: un informe de YPF asegura que invertirá en la provincia más de 500 millones de dólares durante 2015. Esa promesa es agitada por el oficialismo para sensibilizar a algunos sectores de la oposición y lograr la aprobación de este punto conflictivo.
De esta forma, el gran tema que sigue dividiendo aguas es el financiamiento estatal de las campañas electorales y los artículos del proyecto de ley de Presupuesto que solicitan autorización para tomar endeudamiento.
Circula por los pasillos legislativos ese informe de YPF en el que se explicitan las inversiones previstas para 2015 por parte de la petrolera estatal argentina.
El jueves último, Los Andes adelantaba los temas que dividen y esos temas siguen existiendo, pero los grados de enfrentamiento son distintos. No faltan quienes dicen que el plan de bajar al 3% la alícuota de Ingresos Brutos para la actividad petrolera terminaría por vencer la resistencia opositora.
Ese 3% es lo que el gobernador, Francisco Pérez, firmó junto al resto de las provincias productoras de petróleo con el Gobierno nacional, lo que se conoció como el Acuerdo Federal Hidrocarburífero, un pacto que todos los legisladores nacionales por Mendoza de la oposición votaron en contra porque vulneraba la potestad de las provincias sobre un recurso que es de las provincias.
Actualmente, Mendoza no cobra 3% de Ingresos Brutos a la actividad petrolera, sino 5%, pero hace un descuento que lleva la alícuota al 3,5% en caso de que las empresas estén al día en todas sus obligaciones con el fisco provincial. Entonces, los radicales tuvieron otro motivo para poner el grito en el cielo, porque la provincia perdería unos 100 millones de pesos en ese concepto.
Entonces empezó a circular ese informe de YPF. Allí se indica que en 2015 habrá más de 140 pozos en Mendoza, contra los 100 que hay en la actualidad. En total, YPF habría prometido invertir unos 529 millones de dólares durante 2015, además de estimar que se pagarán a la Provincia en impuestos y regalías unos 3.200 millones de pesos.
Esos datos agitó el oficialismo en los últimos días y algunos juran que se habría quebrado la resistencia opositora. Cuentan que estaría casi cerrado que algunos legisladores opositores dejarían el recinto para permitir al Frente para la Victoria (FpV) la aprobación de ese 3%, pero reservándose la posibilidad de fustigar al oficialismo desde el discurso político.
El otro tema conflictivo siguen siendo los artículos del Presupuesto en los que hay solicitudes de endeudamiento. Aunque el Gobernador siga negando su existencia y asegurando que el Presupuesto es equilibrado, los artículos 41, 43, 44 y 67 indican claramente que se solicita autorización para uso del crédito y los hombres del oficialismo en la Legislatura juran que están dispuestos a borrarlos del texto de la ley para avanzar en un acuerdo.
Lo que no se negocia es la posición en torno al financiamiento de las campañas. El peronismo, a instancia de algunos de sus intendentes, insiste en querer borrar la prohibición expresa de permitir la contratación de espacios publicitarios por vía del aporte privado; el radicalismo no quiere permitir ese aporte y que sea sólo el Estado el que sostenga la publicidad de campaña. Aquí está el gran problema: volver a abrir la puerta al dudoso y condicionante aporte privado o el conflictivo soporte del Estado.
Acuerdo para una cárcel "privada"
Entre los artículos que hablan de tomar deuda está el 41. Allí se indica: “Autorízase al Poder Ejecutivo al endeudamiento en operatorias con proveedores que financian en forma directa o indirecta la compra de erogaciones de capital”.
Es decir, se trata de que el Ejecutivo haga propios proyectos de privados que, además, arrimen la forma de financiarlos. Entonces, en caso de que este apartado se apruebe en la Legislatura, el Gobierno podría endeudarse para concretarlos.
La nueva cárcel encaja perfectamente en esa definición. Es una propuesta de la empresa Obras Andinas, del empresario sanrafaelino Omar Álvarez. La construcción costaría unos 850 millones de pesos y se levantaría en un predio vecino al del penal de Almafuerte, en Cacheuta.
Esta obra tiene el aval de la Bicameral de Seguridad, presidida por el radical Héctor Quevedo, quien responde a Alfredo Cornejo. Cuesta creer que Quevedo saliera a avalar la iniciativa sin tener el respaldo político del intendente de Godoy Cruz.
La aprobación de esta obra tal vez sea otro escollo para aprobar el Presupuesto 2015. Es que el jueves pasado, durante la reunión de la mesa de enlace de Seguridad, el ministro de Infraestructura, Rolando Baldasso, se comprometió a enviar todos los antecedentes de la obra para que se incluya en la pauta de gastos, pero no ha llegado aún.
