La grave situación institucional que atraviesa Tucumán, después de que las elecciones del 23 de agosto fueron anuladas el pasado miércoles por un tribunal en lo contencioso y administrativo, quedó ahora a la espera de la resolución que pueda tomar la Suprema Corte de esa provincia: ayer, tanto el Poder Ejecutivo tucumano como el Partido Justicialista, por separado, presentaron recursos de “per saltum” ante ese tribunal con el fin de obtener una definición “a la brevedad”.
El apoderado del PJ tucumano, Marcelo Caponio, aludió al recurso de “per saltum” presentado ante la Suprema Corte de Justicia de Tucumán: “Nosotros entendemos que la Corte tiene que fallar y si bien no sabemos cuál va a ser la decisión que tomará, si esta situación se extiende en el tiempo, los mandatos constitucionales de las autoridades van a fenecer y vamos a correr el riesgo de que se intervenga no sólo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, sino también el Judicial”. El “per saltum” tiene como objetivo acortar los pasos procesales.
El lunes pasado terminó el escrutinio definitivo a cargo de la Junta Electoral tucumana, cuyo resultado confirmó el triunfo del candidato del Frente para la Victoria, Juan Manzur, por más de cien mil votos sobre el radical José Cano, candidato del Acuerdo por el Bicentenario. Cano, precisamente, había recurrido a la Cámara en lo Contencioso Administrativo pidiendo la anulación de las elecciones. El miércoles 16 pasado, la Sala I de la Cámara falló a su favor.
“Vamos a agotar todas las instancias judiciales, recurriendo a la Suprema Corte de la provincia, y si correspondiera, iremos a la Corte Suprema de la Nación”, avisó Caponio.
Según afirmó el apoderado peronista, el fallo “es un mamarracho, que no tiene antecedentes desde lo jurídico” y agregó que “se ha tomado como un golpe de Estado institucional”, por lo que pidió que la Suprema Corte provincial se expida “en lo inmediato”.
"El único órgano que tiene la facultad de declarar la validez o nulidad de una elección es la Junta Electoral Provincial", agregó Caponio,
En esa misma línea, la Fiscalía de Estado de Tucumán aseguró que el fallo que declaró la nulidad de las elecciones es "arbitrario y antojadizo" y estimó que la Suprema Corte provincial dentro de "48 horas deberá dictar" una resolución frente al pedido de apelación.
En defensa de la resolución judicial, en tanto, el juez de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Tucumán Salvador Ruiz aseguró que la decisión de anular los comicios no se basó en si hubo fraude o no, sino porque todo el procedimiento electoral “estuvo viciado”.
“No fue la materia de discusión sobre cuántos votos tenía uno o tenía otro. Si está viciado el procedimiento, es lógica consecuencia que se ordene que se vuelva a votar”, expresó en declaraciones a radio Vorterix y aseguró que tiene “doctrina y jurisprudencia en abundancia”.
En ese contexto, el fiscal general ante la cámara federal de apelaciones de Tucumán, Gustavo Gómez, opinó que el conflicto en esa provincia “va para largo” con lo cual la intervención federal “es inevitable”, y responsabilizó al gobernador José Alperovich de estar “provocando que se llegue” a esa situación.
Gómez estimó que “hubo fraude” en las elecciones y una “clara violación de un derecho fundamental de los ciudadanos de elegir y se elegidos, conforme lo establecen los pactos internacionales”.
“Cuando hay elecciones fraudulentas, hay elecciones fraudulentas, más allá de quien gane o pierda”, replicó la opositora y diputada nacional por la CC-ARI Elisa Carrió, quien acusó a “sectores del PJ” de recurrir al “amedrentamiento” de jueces y consideró que “prácticamente está acreditado” el “fraude sistemático” cometido en esos comicios.
Desde el oficialismo, el gobernador Alperovich; el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el diputado Carlos Kunkel salieron a ratificar su embestida contra la justicia tucumana.
“El que quemó las más de 3.000 urnas fue el doctor Ruiz”, denunció el mandatario provincial, quien consideró que el magistrado “debería haberse excusado porque tiene un hijo que trabaja en la Junta Electoral Provincial “.
En tanto, Aníbal Fernández criticó el fallo que anuló las elecciones, al expresar que, según sus fundamentos, “hay una parte del electorado que es ignorante y otra que es inteligente”.
En su embestida contra el Tribunal Contencioso Administrativo, el jefe de Gabinete señaló que se trata de “dos señores que eligieron el derecho por casualidad”, en referencia a los jueces Ruiz y Ebe López Piossek.
También Kunkel aseguró que no habrá nuevas elecciones en Tucumán y alertó que en defensa de la “voluntad popular”, se podrá “intervenir” el Poder Judicial de esa provincia.
Escracharon a camaristas
Los miembros de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que anularon las elecciones tucumanas fueron escrachados y recibieron agresiones tras ser acusados de haber cobrado dinero por invalidar los comicios.
Ayer a la mañana aparecieron afiches en los alrededores de los Tribunales locales con fotos de los camaristas Ebe López Piossek y Salvador Ruiz con el signo pesos en su frente y al pie del afiche la frase: “Vulneraron la voluntad de 500 mil”.
Además, algunos militantes vinculados al peronismo treparon a dos balcones del Palacio de Justicia que dan al pasaje Vélez Sársfield para colgar unas banderas en repudio al fallo que anuló los comicios del 23 de agosto.
Otro de los episodios que ocurrieron fue en la vivienda de la jueza López Piossek, quien alrededor de las 6 advirtió que desconocidos arrojaron piedras, por lo que reforzó su seguridad.
Su par, Salvador Ruiz, cuenta desde hace varias jornadas con la custodia de cinco agentes policiales.
