El gobernador, Alfredo Cornejo, cumplió ayer dos años al frente de la provincia marcados, según sus propias palabras, no por grandes hitos o magníficas obras, sino con un gobierno "austero" con la premisa -recordada una y otra vez desde el primer día- de ordenar las cuentas de la Provincia y mejorar los servicios básicos a los ciudadanos.
Cornejo, quien aseguró que asumió "en uno de los contextos más críticos que conozca la historia reciente", tuvo un fuerte aval de la sociedad mendocina hace unas semanas, al ganar el oficialismo contundentemente las elecciones de medio término. La lista del Gobierno obtuvo 45% contra sólo 25% del peronismo.
El radical se encargó antes de asumir ya de recurrir a endeudamiento para saldar las cuentas pendientes, mientras que ya sentado en el sillón de gobernador redujo ministerios y cargos políticos y se encargó de agilizar los procesos de retiro anticipado del Estado para bajar la cantidad de empleados estatales, acción que sigue vigente.
Sobre este punto, sostiene que se redujo en al menos 4.000 personas la cantidad de estatales.
Además, con mano firme se enfrentó con los gremios, sobre quienes incluso opinó que “no representan” a los trabajadores y estableció, al menos los dos primeros años, aumentos por decreto para la mayoría de los estatales (en la actualidad pretende cerrar el año con los aumentos estipulados para el 2018).
El mensaje fue claro desde el primer día frente a los sindicatos y repercute hasta hoy, cuando marca la cancha, dice que “alguien que pide un 50 por ciento de recomposición salarial está para el psiquiátrico” y recuerda el aumento del 35 por ciento que otorgó el peronismo en 2015. “Los que quieren paritarias así son unos chantas”, expresa.
De hecho, una de sus mayores apuestas fue el "ítem Aula", el adicional que busca disminuir el ausentismo docente y que se logró en una ajustada votación en la Legislatura, ante una fuerte presión gremial. Al margen, la constitucionalidad del polémico ítem en el bono de sueldo -que se descuenta al docente que falta más de 3 días en un mes o diez en el año- tendrá su veredicto en la Justicia en los próximos días, cuando la Sala II dicte el fallo.
Con respecto al Poder Judicial, sector donde Cornejo ha tenido las mayores rispideces, el mandatario "logró jubilar" al ex procurador de la Suprema Corte, Rodolfo González, tras más de 20 años en el cargo. En su lugar propuso a Alejandro Gullé, con quien ha accionado una serie de reformas, como la del Ministerio Público Fiscal y la creación del Ministerio Público de la Defensa.
Asimismo, se jugó una carta personal en la Suprema Corte al postular al ex juez de la Segunda Cámara del Crimen, José Valerio.
Cornejo, en su afán de aplicar su receta contra la inseguridad, modificó el Código Procesal Penal a través de un proyecto en la Legislatura, sobre todo al establecer reglas claras en el régimen de prisiones preventivas y terminar así con la “puerta giratoria”. Además, la reforma también agilizó los tiempos de la Justicia, mediante la oralidad, la reducción de plazos y digitalización de expedientes.
Lo mismo ocurrió con la modificación del Código Procesal Civil. Con la reforma que fue aprobada en la Casa de las Leyes se estima que bajará la duración de los procesos judiciales de cinco años a ocho meses, gracias también métodos más ágiles, como la oralidad, más una participación más activa de los jueces.
A estas leyes también se sumó la ley que efectiviza que las personas privadas de la libertad tengan que trabajar. Con la idea de terminar con las cárceles de “máxima ociosidad”, el Ejecutivo sostiene que es primordial evitar la permanencia inactiva de los presos en el penal, porque “se termina convirtiendo en un privilegio”.
Asimismo, en obras públicas, según Cornejo se logró la reactivación. “Si tomamos el total de inversión pública más vivienda, fondos del programa de infraestructura municipal, las de Vialidad y las inversiones en energía, hemos puesto un 28% del PBG en materia de contratos ya firmados. Esto representa el impacto más grande de inversión pública de las últimas décadas”, defendió en uno de sus discursos el Gobernador.
A nivel nacional, firmó con el presidente Mauricio Macri el Pacto Fiscal, lo que supondrá la necesidad de replantear la generación de recursos para la Provincia por la eliminación o reducción de algunos impuestos.
En el tintero quedaron por el momento proyectos importantes o de alto impacto, como la reforma de la Corte, con la que el Gobernador pretende ampliar de siete a nueve los miembros, tras el desplante del diputado Marcos Niven (PD).
Restan todavía dos años de gestión en la que el mandatario deberá trabajar con una renovada Legislatura desde mayo y en medio de tensiones en el Frente Cambia Mendoza.
