El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) comenzó el proceso para terminar de construir las viviendas inconclusas que tenía a su cargo la organización social Tupac Amaru, que desde hace más de un año está bajo la mira de la Justicia y quedó paralizada tras el final del kirchnerismo.
En total fueron 1.035 las casas que se adjudicaron en Mendoza a la organización presidida por Nélida Rojas. Los datos oficiales marcan que 331 están "muy avanzadas" y que incluso están ocupadas por familias, mientras que las 704 restantes están con diferentes estados de avance, la mitad de ellas con menos del 25% de obra ejecutada.
Ahora, el Gobierno provincial, a través del IPV, confirmó a Los Andes que terminará de construir todas esas viviendas, en diferentes etapas, lo que demandará una suma millonaria para hacerlo. Si bien no quisieron estimar números, se calcula que el monto podría llegar a los 400 millones de pesos.
Esta semana, el IPV llamó a licitación para terminar 81 viviendas, distribuidas en La Pipeta, La Pega y Tulumaya, todas en Lavalle, en un plazo de entre 8 y 10 meses. La inversión será de 69 millones de pesos, lo que da un promedio de 850.000 pesos por cada una.
"Estas casas tenían avances de entre un 20 y 25 por ciento", destacó el titular del IPV, Damián Salamone, quien expresó que el plan es "terminar con todas las casas que comenzaron y no se terminaron".
Sin embargo, respecto a cuánto será el monto estimado que desembolsará el Ejecutivo para concluir las viviendas sociales de la Tupac -distribuidas en varios departamentos-, el funcionario prefirió no hacer cálculos debido a que “están en diferentes avances y algunas tienen remanentes financieros”, es decir, dinero presupuestado pero no ejecutado, lo que sería un saldo a favor a usar en la terminación de las obras.
Aún sin cobrar
No obstante, el Estado aún no ha cobrado un solo peso de esta operatoria ya que ninguna vivienda ha podido ser escriturada. El IPV informó que realizará el llamado "cierre técnico" en 331 casas habitadas y prácticamente finalizadas (la mayoría en Lavalle).
“Queremos rápidamente realizar este cierre técnico para poder cobrar la cuota y que esa plata que invirtió el Estado vuelva al Estado en cuotas, para poder licitar las casas paralizadas”, acotó Salamone.
De esta manera, indicó que a medida que el Instituto tenga el dinero realizará “pequeñas licitaciones”, como las que se lanzaron el domingo pasado para finalizar las casas que están inconclusas.
En tanto, agregó que los beneficiarios de las viviendas "ya están avalados desde la Municipalidad" y que también fueron revisados por el IPV, que se encargó que cumplan con los requisitos legales.
En esta última licitación, las empresas interesadas en adquirir los pliegos podrán hacerlo sin cargo a partir de hoy en la sede del IPV, a través de su sitio web www.ipvmendoza.gov.ar o en el portal de Compras de la Provincia.
Guevara: “Es una maniobra de Cornejo”
La Tupac Amaru está paralizada en sus acciones desde hace más de un año, cuando fue detenida su líder, Nélida Rojas, el 7 de abril del 2017.
Alfredo Guevara, abogado de Rojas y su familia, acusó al gobierno de Alfredo Cornejo de extorsión y persecución, al vincular al Ejecutivo con el trabajo que lleva la fiscal de la causa, Gabriela Chaves; además de el jefe de los fiscales, Alejandro Gullé.
Actualmente la causa tiene a unos 50 imputados, entre los cuales se destacan Rojas; su esposo, Ramón Martínez; sus hijos; 24 presidentes de las cooperativas que supuestamente trabajaban en conjunto con la Tupac; y varios delegados de la organización.
Sobre cómo está en la actualidad la Tupac Amaru, Guevara sostuvo que “se ha instalado el terror, se indujo a asociados a denunciarlos, se hacen rastrillajes casa por casa y han sido víctimas de una feroz persecución ilegal que no tiene precedentes en la provincia más que en la última dictadura militar”.
Curiosamente, contra lo que indicó el IPV, el abogado aseguró que "se terminaron la mayoría de las casas que se iniciaron" y que en el último tramo, cuando comenzaron 300 nuevas viviendas (250 en Lavalle y 50 en Guaymallén), "fueron suspendidas cuando metieron presos a los referentes de la organización".
Sobre la decisión del Gobierno de ser querellante en la causa, Guevara indicó que se trata de una “maniobra para evitar que se lo investigue, y que solamente se apunte a los políticos de la oposición”.
En este sentido, denunció que Cornejo, cuando era intendente de Godoy Cruz, “certificó avances en obras de la Tupac en el departamento, por lo que sería acusador y sospechado”.
Quien le respondió fue el subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, para el que Gevara "dispara su pirotecnia verbal contra Cornejo que no sólo fue prolijo en la certificación y pagos, sino que fue uno de los pocos casos de la provincia en los cuales realizó las obras de urbanización e infraestructura comprometidas".
Y cerró: “Hoy la gente está viviendo en sus casas, la obra está ejecutada y las viviendas terminadas”.
