Por Rosendo Fraga - Analista político. Especial para Los Andes
El Gobierno ha logrado cierta distensión con gremios y movimientos sociales y el encuentro de Mauricio Macri con el Papa ha contribuido a ello. La reunión con la CGT y las principales entidades empresarias permitió acordar un bono a pagarse a fin de año, que tiene una base de 2.000 pesos. Con este acuerdo, los sindicatos peronistas confirmaron la postergación de la posibilidad de paro general para 2017.
Se trata de un acuerdo general, en el cual hay sectores empresarios que dicen que no lo pueden pagar y otro tanto sucede con algunas provincias y municipios. Al mismo tiempo, el Gobierno se reunió con los movimientos sociales, con la participación de la Iglesia, acordándose el pago de un bono de 1.000 pesos a fin de año, para quienes cobran pensiones y la jubilación mínima y para las familias beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo.
Hay sectores del sindicalismo peronista, como la Corriente Federal, y del combativo, como uno de los sindicatos estatales (ATE), que insisten con una protesta nacional en noviembre y algunos movimientos sociales amenazan con “mil cortes de ruta” si no se amplían las concesiones. Pero la mayor parte de los sindicatos, y lo mismo sucede con los movimientos sociales, se ha inclinado por una posición dialoguista.
La actitud del Episcopado de contribuir a evitar conflictos violentos hacia fin de año, avalada por el Papa, ha contribuido a flexibilizar la posición de sindicatos y movimientos sociales, cuando el tercer trimestre del año siguió mostrando datos negativos en materia social y consumo, pese a los “brotes verdes” en algunas actividades.
En la negociación con el peronismo, la aprobación del presupuesto es el tema prioritario en lo que resta del año. Se acordó coparticipar la mitad de los Adelantos Transitorios del Tesoro Nacional que reciben las provincias -limitando la discrecionalidad del Ejecutivo- y el Gobierno envía una ley para reducir a sólo el 10% la redistribución de partidas en el marco de la “emergencia económica”. Los gobernadores piden que dicho porcentaje sea de 5% y que el Ejecutivo les amplíe la autorización para tomar deuda en 2017, que es año electoral. El Gobierno espera que tenga dictamen el proyecto de presupuesto, para que así tenga media sanción en los primeros días de noviembre y antes de finalizar el mes pueda ser sancionado con la aprobación del Senado.
Mientras tanto, la unidad o división del peronismo en la provincia de Buenos Aires es un tema clave para el resultado nacional de la elección que tendrá lugar en octubre del año próximo. Hoy parece difícil un PJ bonaerense unido para entonces. Pese a ello, el 26 de octubre, en Lobos se reunieron los intendentes justicialistas del distrito del “grupo Esmeralda”, que cuestionan a Cristina; los del “grupo Fénix”, que no la enfrentan pero sostienen que ella no debe ser candidata, y los kirchneristas, en un intento de aproximar posiciones.
Por su parte, Cambiemos el jueves 27 presentó su “Mesa Nacional”, buscando su relanzamiento político, a un año de las elecciones. Previamente, el pasado fin de semana, Macri encabezó el séptimo timbreo nacional, buscando revitalizar su coalición. Pese a que el radicalismo reclama más acceso a la toma de decisiones y mayor participación en el poder, que Ernesto Sanz integre esta mesa es una evidencia de que este conflicto está bajo control. También participó Elisa Carrió tras frenar el proyecto para limitar las atribuciones de la procuradora general que impulsaba el Ejecutivo. Si Martín Lousteau finalmente se decide a encabezar una alianza en la Ciudad de Buenos Aires para enfrentar al Pro, ello implica la ruptura de Cambiemos en el distrito porteño -ya ha roto en La Pampa- y Carrió entonces podría encabezar la lista de candidatos a diputados nacionales de dicho partido en el distrito en alianza con su partido (Coalición Cívica). Las diferencias entre el radicalismo y el Pro se han puesto en evidencia en algunos proyectos. Pero la negociación con Massa sigue siendo necesaria para Cambiemos. El Frente Renovador es decisivo para la negociación del presupuesto en Diputados y lo mismo está sucediendo con la gobernadora de Buenos Aires (Vidal), que negocia con el ex intendente de Tigre la aprobación del presupuesto provincial.
El rol político de Cristina es motivo de controversia en el peronismo, pero también en Cambiemos. Cristina no está en condiciones de ganar la elección de senadores nacionales en la provincia de Buenos Aires, pero sí de salir segunda, con un peronismo que irá dividido por lo menos en dos alternativas, dado que Massa difícilmente acepte competir en las PASO dentro del PJ.
La idea de que el Gobierno busca demorar las causas contra la ex Presidenta para permitirle ser candidata, fue ganando credibilidad a partir de las afirmaciones públicas del ministro de Justicia (Garavano) de que ella no puede ir presa. Stolbizer denunció esta situación y Massa la respaldó. Dentro del electorado de Cambiemos, ello comenzó a generar costo para el oficialismo. Fue así como el ministro del Interior (Frigerio) pidió a los jueces celeridad en las causas de corrupción y el Gobierno anunció que la ex presidente, que está cobrando dos pensiones, una por su cargo y otra por su marido en condición de viuda, debe optar por una de ellas. Dos fiscales federales (Mahiques y Pollicita) ampliaron la denuncia contra la ex presidenta en la causa que la vincula a Báez, por la cual debe presentarse a indagatoria el 31 de octubre ante el juez Lijo.
El Gobierno no pierde de vista la elección del año próximo, pero al mismo tiempo tiende puentes en el campo social para evitar que las tensiones acumuladas estallen en conflictos.
