El Gobierno subirá las retenciones a las exportaciones de soja y derivados en tres puntos porcentuales, por lo que la alícuota quedará en 33%, el máximo que permite la Ley de Solidaridad Social aprobada por el Congreso en diciembre pasado, y reducirá las alícuotas a las economías regionales.
La decisión política del presidente Alberto Fernández generó un fuerte malestar en el campo. La entidad Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) acusó ayer al Poder Ejecutivo de "traidor", porque -una vez más- la decisión fue tomada en forma inconsulta.
Hoy a las 16.30, en Paseo Colón 982 de la Capital Federal, el ministro de Agricultura, Luis Basterra, les dará los detalles de la decisión a los cuatro representantes de la Mesa de Enlace que integran CRA, Coninagro, la Sociedad Rural y la Federación Agraria.
Basterra buscará allí evitar que escale el conflicto, dado que ya hay advertencias de cese de comercialización como en 2008. Según pudo saber Los Andes, el funcionario comunicará que habría una baja de alícuota para las economías regionales al 5%. Maíz y trigo quedarían en 12% y la carne en 9%.
El Gobierno no hizo un anuncio oficial. Pero ayer dos funcionarios consultados por este diario en Casa Rosada y en el Ministerio de Agricultura coincidieron en que la decisión está tomada. Descartaron que se trate de una medida exclusivamente recaudatoria y señalaron que el objetivo es impulsar a las economías regionales. No obstante, también hay un gasto público creciente que atender.
La señal fue la comunicación del subsecretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, quien informó que se suspendieron "hasta nuevo aviso" las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE).
Cada vez que el Gobierno suspende este mercado es porque atrás viene una decisión impositiva. El paso previo es para evitar que las empresas exportadoras se apuren a declarar ventas para sortear la suba de la alícuota.
Según las fuentes oficiales consultadas por Los Andes, la medida será oficializada mañana. En la gestión de Fernández intentaron no generar declaraciones que elevaran la polémica en la previa a una reunión que, se prevé, será caliente.
Según un cálculo de la economista y experta en comercio internacional Rosario Campos, una alícuota del 33% en los derechos de exportación sobre la soja en paralelo con una liquidación a tipo de cambio oficial implica exacción del Estado de 53%, antes de todos los demás impuestos.
Para el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf), la suba de retenciones resta recaudación del impuesto a las Ganancias, que se coparticipa en un 60% para las arcas de las provincias y en un 40% para el Gobierno central.
Iaraf calculó que la suba de la alícuota podría generar aumento máximo de recursos en las arcas del Estado del 0,09% del PBI, en torno a los 400 millones de dólares. A esto habría que restar el costo de mecanismos de compensación que el Gobierno puede establecer de manera simultánea.
La inminente suba de retenciones a la soja impactó ayer en el precio del poroto en el mercado de Chicago. El contrato de marzo de la oleaginosa subió 0,22% hasta los 323,71 dólares la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo en 0,42%, hasta los 327,75 dólares.
Esa suba, explicó la Bolsa de Comercio de Rosario, se debe a que el mercado descuenta una merma en las ventas argentinas porque podría caer el área sembrada debido a la presión fiscal.
El campo está que arde
A pesar de los crecientes reclamos en distintas regiones, la Mesa de Enlace supeditó una eventual escalada del conflicto al resultado de la reunión que mantendrán mañana con el ministro de Agricultura Luis Basterra.
La Ley de Solidaridad Social facultó al Ejecutivo a incrementar los derechos de exportación sobre la soja en 3 puntos porcentuales más (un 10% si se tiene en cuenta el actual piso de 30 puntos).
En un comunicado, la Federación Agraria Argentina expresó que creían que "la reunión con el ministro sería el ámbito en el que consensuar un camino que permita aliviar la situación de los productores. O al menos que no avanzarían con medidas sin que pudiéramos sentarnos en torno a una mesa a analizar vías alternativas".
Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) remarcó que las entidades asistieron a reuniones con el Gobierno "en el marco de la buena fe, la intención dialoguista, el fundamento de cada posición y la voluntad solidaria en el marco de lo razonable".
Pero lamentó que ayer se haya dado la "sorpresa" de la suspensión del registro de exportaciones. "Deja una profunda sensación de engaño, porque mientras se espera para dialogar, se toman decisiones que no tienen retroceso, de lo contrario no se explica el cierre de un mercado", se quejó la entidad agropecuaria.
