Ansiedad es lo que reina en el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía. El viernes es el día clave en el que esperan que se presente al menos una oferta para terminar el Centro Federal Penitenciario Cuyo. La licitación ya tiene dos llamados, uno del mes de julio; el viernes 1 de setiembre vence la prórroga del segundo llamado, originalmente programado para el pasado martes 22.
¿No hay interesados en terminar la obra? El tiempo pasa y ninguna empresa se presenta. El ministerio informa que se han hecho seis visitas de obra y se han emitido 60 circulares aclaratorias. Hasta ahora se han comprado tres pliegos, ha habido consultas y empresas que participaron de las recorridas, pero ese interés no se ha trasladado a ninguna oferta concreta.
La historia de la obra es compleja. Tiene un nivel de avance del 37 por ciento y se especula que justamente es por eso que las empresas no terminan de convencerse. Quien gane la licitación, tiene que hacerse cargo de lo hecho e incluso corregir todo lo que posiblemente esté mal hecho. Ese parece ser el gran temor.
Por otro lado, el Gobierno provincial tiene urgencia en concluir esa obra, por eso se busca denodadamente que la compulsa de precios no se caiga y conseguir que la penitenciaría federal quede operativa.
Mendoza está bajo la lupa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas por las condiciones de detención en los presidios mendocinos, a lo que se suma el crecimiento de detenidos en prisión preventiva por el instituto introducido por Alfredo Cornejo en el Código Procesal Civil, la "reiterancia", una de las piedras angulares de la política de seguridad del Gobierno.
La reiterancia difiere de la reincidencia; ésta última se refiere a la reiteración de condenas, mientras que la reiterancia se refiere a la cantidad de causas sin sentencia que pesan sobre un mismo reo.
La obra del Centro Federal Penitenciario Cuyo tiene una larga historia. El Ministerio de Justicia de la Nación licitó la obra en 2011 y ganó la UTE conformada por la empresa de origen español Isolux Ingeniería SA y la cordobesa AMG Obras Civiles. El contrato fue firmado el 29 de marzo de 2011. En noviembre de 2015, después de cuatro años, el Gobierno nacional rescindió el contrato por incumplimientos de la UTE.
No hubo interesados para hacerse cargo de una obra con un presupuesto oficial de $ 676,6 millones y un plazo de ejecución de 18 meses.
Desde ese momento, la obra quedó paralizada.
Cuando Mauricio Macri asumió la Presidencia, se iniciaron gestiones para que Isolux y AMG retomaran los trabajos. Pero el 18 de noviembre de 2016, fueron las contratistas las que solicitaron el fin del contrato porque se rompió la ecuación económico-financiera.
El 23 de diciembre pasado, el Ministerio de Justicia retomó el control del predio donde se construye la cárcel federal. Ese mismo día, Cornejo y el ministro Germán Garavano firmaron el convenio para que la Provincia se haga cargo de llevar adelante la obra.
Con esta historia a cuestas, la obra sufre la maldición de los supuestos incumplimientos, de los que nadie quiere hacerse cargo.
A principios de julio estaba prevista la apertura de sobres del primer llamado a licitación. No hubo interesados para hacerse cargo de una obra con un presupuesto oficial de $ 676,6 millones y un plazo de ejecución de 18 meses.
El segundo llamado se publicó el 6 de agosto pasado en los medios gráficos locales. Dos detalles de color: uno, los pliegos pueden retirarse sin costo, cuando habitualmente deben comprarse; el otro es que ya no es licitación pública sino contratación directa.
La apertura de sobres estaba prevista para el 22 a las 10. Pero el domingo 20 se publicó en los diarios la prórroga hasta el 1 de setiembre a las 12. Ese será el límite y el Gobierno deberá evaluar si otorga una nueva prórroga o deja caer esta compulsa de precios y modifica la condiciones de contratación.
Albergará a 536 internos
El “Centro Federal Penitenciario de Cuyo - Campo Cacheuta Mendoza” se ubica en Luján, en un predio de 50 hectáreas, vecino a los penales de Almafuerte y de Agua de las Avispas de mujeres. Está a 6 kilómetros de la Ciudad de Luján y a 35 de la Ciudad de Mendoza.
El nuevo penal para presos por delitos federales contará, en caso de que alguien quiera terminarlo, con una capacidad total de 536 plazas, de los cuales 392 son para internos varones, 112 para el Instituto Correccional de Mujeres y 32 del Instituto Abierto para ambos géneros.
Posee una superficie cubierta total aproximada de 29.000 metros cuadrados.
El presupuesto oficial es de 676 millones de pesos, pero se admite una variación de costos por 180 millones, al menos es lo que prescribe el decreto 630, por lo que el costo final podría llegar a los $ 857 millones.
En la licitación original, la apertura de sobres se realizaría el 21 de junio pasado. En aquel momento también hubo un prórroga hasta el 5 de julio.
El Gobierno presentó el plan de construcción de cárceles en el que se incluía este penal y el complejo Almafuerte II, que también está en proceso licitatorio.
Una promesa bajo presión
La ansiedad no sólo tiene que ver con la necesidad de cerrar el capítulo de la cárcel para presos federales, obra que ha tenido una larga tradición en las promesas políticas durante años y que en 2011 pareció entrar en etapa de concreciones. También es la preocupación por la lupa judicial y de los organismos de derechos humanos.
En el mismo decreto 630 de mayo, en el que se autoriza el gasto y se abre la posibilidad del llamado a licitación, se indica que la construcción del penal federal es parte de las recomendaciones de la Suprema Corte de Justicia mendocina en el fallo de 2016 por el hábeas corpus en favor de los internos alojados en Almafuerte y San Felipe.
En ese momento, el Gobierno presentó el plan de construcción de cárceles en el que se incluía este penal y el complejo Almafuerte II, que también está en proceso licitatorio.
Más aún, el 9 de junio del año pasado, el tema de las condiciones de alojamiento de los presos fue tratado en las sesiones extraordinarias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizaron en Chile. Allí, Mendoza llevó el plan de obras para mejorar esas condiciones. Entre las promesas estaba el penal federal de Cacheuta.
Cornejo quiere regular carreras de Abogacía
El gobernador, Alfredo Cornejo, compartió los festejos por el centenario del Colegio de Abogados y Procuradores de Mendoza que concluyeron el sábado a la noche con una cena en el auditorio Ángel Bustelo y allí planteó, entre otras cosas, su idea de trabajar en una regulación de las carreras de Abogacía.
Ante cientos de profesionales, el Gobernador manifestó su empeño por una administración eficaz del Estado que garantice la prestación de los servicios esenciales a los mendocinos.
“Nosotros creemos que se puede prestar un mejor servicio de Justicia con los recursos que tenemos. Y para eso, hemos implementado varias reformas que requieren tanto del gerenciamiento eficiente por parte de las autoridades judiciales, como también del seguimiento de la ciudadanía y, desde luego, del compromiso y acompañamiento del Poder Ejecutivo que yo conduzco”, dijo Cornejo.
Luego, el mandatario planteó la necesidad de trabajar en una regulación de las carreras de Abogacía que hay en la provincia. “Estamos abiertos a propuestas e ideas que puedan llevarse a la práctica en un corto plazo, sin esconder el problema para poder enfrentarlo y resolverlo en un marco de legalidad”, afirmó.
El Gobernador también anunció que enviará a la Legislatura un proyecto para modificar la ley del Consejo de la Magistratura que garantice igualdad de condiciones para acceder a un cargo.
