Economía
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hace 5 horas
El Gobierno nacional sufrió hoy un traspié político en la comisión Bicameral de Trámite Legislativo, al ser rechazado, por el voto conjunto del PJ-FpV y el massismo, el decreto del DNU 797/16, por el cual propiciaba un incremento presupuestario de 76 mil millones de pesos para el corriente año para financiar obras públicas y cubrir el pago de aumento del 15 por ciento a los haberes jubilatorios.
Los argumentos esgrimidos en contrario le apuntaron a la distribución de las partidas para las obras públicas (se objetó que el 60 por ciento de los recursos fueran para la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, que gobierna el macrismo); se denunció la discriminación para varias provincias (sólo 13 de 24 recibían algún beneficio) y la violación a la Ley de Administración Financiera (se apeló a una supuesta necesidad y urgencia de un DNU cuando el Congreso está en funciones).
También, se señaló otra violación legal por autorizar la toma de deuda para financiar el pago de gasto corriente -en referencia a los haberes jubilatorios-, así como se alertó sobre la situación de la ANSES, dada la necesidad del gobierno para tomar la referida deuda cuando el organismo tenía superávit durante el gobierno anterior.
De todas maneras, el DNU debe ahora ser tratado por los plenos de ambas Cámaras Legislativas, y si consigue sanción favorable en una sola de ellas queda aprobado, aunque en el Senado la mayoría peronista hace prever como poco probable su sanción. En tanto, en Diputados si bien el oficialismo tiene más posibilidad de negociar, es cierto que el nuevo posicionamiento del massismo al menos hace dudar sobre la posibilidad de que pase.
Entre las voces en contrario, se escuchó la de la diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, quien objeto que "el 60 por ciento de los recursos son para la Ciudad de Buenos y el Gran Buenos Aires" y advirtió que "esta asignación presupuestaria es un escándalo: 45 mil millones de pesos para el primo Calcaterra (Angelo, titular de IECSA, y primo hermano del presidente Mauricio Macri)", dado ese monto es para financiar el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, a cargo de la referida firma".
Desde el macrismo, su par Nicolás Massot le recordó que la obra fue adjudicada "en el 2007, no recuerdo si por Néstor o Cristina Kirchner", pero Di Tullio replicó que, entonces la obra tenía que tener "financiamiento privado", y ahora "es estatal el financiamiento".
La sorpresa fue la postura asumida diputado por el diputado massista Raúl Pérez, quien dijo que "el DNU es inválido, porque no ocurre en una emergencia ni urgencia".
El que perdió la paciencia fue el diputado macrista Pablo Tonelli, ante la insistencia de los kirchneristas con la conexión Macri-Calcaterra, bramó: "Las obras fueron adjudicadas en 2007 por Ricardo Jaime. Háganse cargo de las obras adjudicadas a Báez".
Los senadores, en tanto, aprobaron el DNU 908/16 que permite la distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución por 4.500 millones de pesos a las obras sociales sindicales, que fue acompañado por el sector del peronismo no K y el massismo aunque con fundamentos distintos; mientras los kirchneristas prefirieron abstenerse.
También se aprobó el DNU 882/16 que habilita el cupo fiscal por 1.700 millones de dólares para la promoción de fuentes de energía renovable; y el decreto delegado por el cual se mantiene la eliminación de impuestos internos hasta diciembre del corriente año.
