El conflicto con los holdouts (buitres) interacciona cada vez más con la política exterior y el gobierno se prepara para un conflicto prolongado.
La Presidente tuvo una teleconferencia con el Presidente ruso (Putin), quien elogió la posición argentina frente a los “holdouts” y cómo la Argentina “resiste las presiones internacionales”.
A su vez, el ministro de Economía (Kicillof), desde los EEUU, al mismo tiempo que criticó al FMI por pronosticar otro año de recesión para la Argentina, reclamó que EEUU acepte llevar al Tribunal Internacional de la Haya el conflicto con los “buitres” y que la administración Obama intervenga para neutralizar los fallos de la justicia estadounidense.
Simultáneamente, el integrante de la Corte Suprema más alineado con el oficialismo (Zaffaroni) dijo respecto de este conflicto que “el mayor escándalo es el fallo de la Corte Suprema estadounidense”.
Kicillof afirmó que no había que pagar a los “buitres” y que si éstos querían cobrar, debían aceptar las condiciones de los canjes de 2005 y 2010. En este contexto, no se se lograron avances en la audiencia convocada por el mediador designado por el juez Griesa (Pollack), la semana pasada.
La idea de reunir dólares para llegar a fin de 2015 sin pagar a los “buitres”, sigue siendo predominante en el Gobierno: la Cámara de Diputados acaba de dar media sanción al Presupuesto 2015, con la autorización para gastar 12.000 millones de dólares de las reservas para pagar deuda; el Ministerio de Economía presiona a las cerealeras para que anticipen dólares por la venta de la cosecha retenida y también a las aseguradoras, acelera la licitación de la telefonía 4G y las gestiones con China y Rusia para que ingresen dólares.
Con la oposición política dividida y la sectorial neutralizada, el oficialismo se siente en fuerza para intentar desarticular al grupo Clarín. La oposición está dividida en tres (Massa, Macri y el Fau-Unen) y si bien están votando juntos contra los proyectos del oficialismo en el Congreso, donde la media sanción de la Ley de Hidrocarburos en el Senado fue aprobada por 38 a 28 y la del Presupuesto en Diputados por 133 a 112, no logra transformarse en una alternativa de poder.
La Iglesia evita confrontar, el sindicalismo prioriza su unidad y por ello Moyano no sigue con su plan de lucha y el empresariado viene de fracasar en impedir la sanción de la Ley de Abastecimiento.
El Grupo Clarín aparece así como el límite más efectivo al poder del Gobierno, quien en los hechos venía perdiendo la batalla política con este grupo. Su propuesta de adecuación a la Ley de Medios ha sido rechazada y el Gobierno, a través de la Afsca, anunció que lo dividirá de oficio, sacando a remate sus distintas partes.
Todos los presidenciables de la oposición han tomado posición a favor del Grupo Clarín y lo mismo han hecho entidades empresarias relevantes, como AEA, IDEA y la SRA.
La realidad es que el oficialismo controla directa o indirectamente cuatro de los cinco canales de televisión abierta y cuatro de los cinco canales de información de cable.
Si logra tomar el quinto en ambos casos -que son los de Clarín- no será fácil la campaña de la oposición en los medios del año próximo. La justicia -un ámbito incierto- es donde se librará ahora la batalla entre el Grupo y el Gobierno.
El conflicto con Clarín ha puesto en evidencia los organismos del Estado donde cuenta con “militantes” en su control. Sin demasiada lógica jurídica, el Gobierno mandó la acusación de que Clarín con su propuesta de adecuación está violando la ley a cuatro organismos, desde los cuales ejerce un fuerte poder sobre el ámbito económico y empresario.
La Procelac -la procuraduría que tiene a su cargo la investigación del lavado de activos- la Comisión Nacional de Valores (CNV), la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y la AFIP. Sus titulares son “militantes” que integran La Cámpora, el movimiento judicial “Justicia Legítima” o son economistas próximos al ministro de Economía.
En esta misma línea, el nuevo titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (Cormick), designado la semana pasada, también integra el mencionado movimiento judicial.
El avance de La Cámpora también ha comenzado dentro del Banco Central. Frente al avance de estos organismos del Estado, la Justicia es el único límite.
Para afianzar su influencia, el oficialismo busca sancionar un nuevo Código Procesal Penal que dé mayor poder a los fiscales -que dependen de la procuradora (Gils Carbó) alineada con el oficialismo- y fusionar los fueros contencioso administrativo y penal tributario, para tener un mayor control sobre el primero.
La situación de la Justicia está reflejada en cómo queda la relación de fuerzas en la Corte Suprema tras la muerte de uno de sus integrantes (Petracchi).
De los cinco que quedan, hay dos opositores al gobierno (Fayt y Maqueda), otro cercano al gobierno (Highton), otro que es un militante oficialista (Zaffaroni) y el quinto (Lorenzetti) es un crítico del Gobierno que suele hacer equilibrio político.
Por su parte, los candidatos a gobernador de la oposición buscan ganar siendo al mismo tiempo candidatos de varios presidenciables, como única forma de poder imponerse al oficialismo provincial.
Ya en 2011, el candidato a gobernador radical en Santa Cruz (Costa) fue al mismo tiempo el de Binner, Alfonsín y Duhalde. Esta estrategia persiguen candidatos a gobernadores del radicalismo en Jujuy (Morales), La Rioja (Martínez), Tucumán (Cano) y Corrientes (Colombi), entre otras provincias.
Sobre todo en los casos que la elección presidencial se haga el mismo día que la nacional -probablemente será así en la mayoría de las gobernadas por el oficialismo nacional-, si cada presidenciable de la oposición va con su propio candidato a gobernador el triunfo se hace muy difícil.
Esto complica la estrategia electoral de los presidenciables opositores que prefieren disputar por el alineamiento de los candidatos con más posibilidades como su opción exclusiva, aunque ello implique no ganar la Provincia.
Mientras, el PJ, diez días atrás, dio un apoyo irrestricto a la Presidenta y volverá a reunirse en noviembre en Rosario y en diciembre en Mendoza. Hay sordas críticas al poder de La Cámpora y Kicillof, pero nadie se anima a planteárselas a las Presidenta, temiendo su reacción.
