Sociedad
Continúa el calor y hay alertas por tormentas: el pronóstico para este domingo
hace 11 horas
El gobierno provincial se constituirá como querellante en la causa Tupac Amaru, en la que se investiga fraude a la administración pública en la construcción de viviendas sociales, con fondos que administraba la organización liderada por Nélida Rojas –y Milagro Sala a nivel nacional-. Desde el Ejecutivo entienden que, como se pueden haber comprometido recursos provinciales, "hay un interés legítimo" para participar de manera activa en el proceso.
Esta decisión se tomó luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación diera competencia –en un en un fallo unánime- a la justicia local a comienzos de agosto. De esta manera, y entendiendo que puede haber un perjuicio del erario público mendocino, el gobernador Alfredo Cornejo dio instrucciones a la Subsecretaría de Justicia para que la Provincia sea querellante.
El Gobernador, que ayer estuvo en Buenos Aires disertando en el Consejo de las Américas, firmará el decreto en la cual la Asesoría de Gobierno será el órgano encargado de representar a la provincia ante la Justicia.
Se espera, de esta manera, que el Ejecutivo tome un rol más activo en la causa y seguir de cerca los pasos de la Justicia en este emblemático caso de posible corrupción de una organización social que durante la época del kirchnerismo manejó cientos de millones de pesos para la construcción de viviendas sociales. Se estima que se debían construir alrededor de 1.100 casas en Mendoza a través de varias cooperativas, pero cerca de la mitad no se hicieron, e incluso las que se llevaron a cabo, fueron finalizadas de manera completa.
El subsecretario de Justicia, Marcelo D'Agostino, sostuvo que hay un "interés legítimo" del Poder Ejecutivo, en el caso que fondos, que pasaban por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) se hayan visto afectados.
“El mecanismo que investiga la fiscalía es que el Estado nacional distribuía dinero para la construcción de viviendas sociales –a organizaciones como la Tupac Amaru-, pero era la provincia la responsable de la aplicación”, detalló.
El funcionario explicó que la figura será de "pretenso querellante" en tanto la fiscal del caso, Gabriela Chaves, avance sobre las imputaciones.
“La intención es coadyuvar en la investigación. Además, se podrían incorporar elementos probatorios que ayuden a la aceleración y a la resolución del caso”, agregó D’Agostino.
Mientras tanto, la fiscal de Delitos Económicos indicó a Los Andes que sigue recabando la información que tiene para poder formular avoques. De hecho, por fraude a la administración pública todavía no hay imputados.
“Estamos en proceso de análisis de todos los datos y los estamos juntando con la investigación que hemos realizado por posible asociación ilícita. Es un proceso de armado de un rompecabezas que tenemos de todas las áreas, por lo que debemos cruzar datos”.
La Fiscal indicó que ha recibido “información parcial” de la mayoría de los organismos del Estado, tanto de municipios, como del IPV y el ministerio de Planificación de la Nación, por lo que la actuación ahora del Poder Ejecutivo podría dar un poco más de luz a la causa.
Tal como detalla la nota de Los Andes del 5 de agosto, este fallo que dio competencia provincial al posible fraude al Estado, podría destrabar las causas en las que ha encabezado Chaves contra Nélida Rojas, su marido Ramón Martínez y sus familiares.
Algunas de estas son presunta asociación ilícita, lavado de dinero, estafas, coacciones y extorsiones; en casos de compra de bienes, manejo de los recursos y también sobre cómo era el proceso de otorgamiento de las viviendas a los futuros beneficiarios. Actualmente, tanto Rojas como Martínez y sus familiares, están libres tras el fallo de la Octava Cámara del Crimen, cuando rechazó la figura de asociación ilícita en marzo pasado.
