El Gobierno salió a defender beneficios para las petroleras

Funcionarios provinciales justificaron el acuerdo con YPF, que redujo a 3% la alícuota de Ingresos Brutos, y la disminución de las regalías que debe pagar por el área Chachahuén.

El Gobierno salió a defender beneficios para las petroleras

El Gobierno salió a fijar postura en el debate petrolero desatado en los últimos días. Desordenadamente, mezclando ítems, los funcionarios hablaron de mayores inversiones en la principal actividad económica de Mendoza y que la causa es justamente ese acuerdo que está en tratamiento en la Legislatura. Pero además hubo una frase que abre insospechadas consecuencias.

El secretario Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez, dijo que si otras empresas que operen en la provincia piden esa merma “estamos abiertos, cuando haya realmente un compromiso de inversión”.

Con esa frase abrió la puerta a la avalancha. Si la unión transitoria de empresas que opera en Chachahuén, YPF junto a Ketsal-Kilwer (grupo Vila-Manzano) y Energía Mendocina (grupo Alvarez) logró un recorte de 5% de las regalías que pagará (del 23% al 18%), entonces por qué no deberían tenerlo las otras 14 empresas petroleras que operan en la provincia.

Ayer hubo un montaje comunicacional en Casa de Gobierno: la mano derecha y amigo del gobernador, Francisco Pérez, salió a encabezar la avanzada discursiva: García Ibáñez junto al titular de la Administración Tributaria Mendoza (ATM), Claudio Gil: la directora de Regalías de ATM, Alejandra Maradona, y el secretario de Energía e Hidrocarburo,s Pedro Sánchez, trataron de bancar la parada ante el tono que está tomando el debate, particularmente la baja de regalías que benefició a las operadoras de Chachahuén.

Pero las explicaciones no fueron claras. Es que el propio García Ibáñez mezcló el acuerdo impositivo con YPF para clausurar un debate por el cobro de Ingresos Brutos, que enfrentó a la Provincia con la petrolera entre 2012 y 2014, con la disminución de las regalías que pagarán YPF y sus socios en un área específica como Chachahuén.

Lo de Ingresos Brutos es un conflicto que hoy está en la Legislatura para ratificación de ambas cámaras y que nació al inicio de la administración del gobernador Pérez.

En aquellos días ya hacía falta incrementar la recaudación para financiar los crecientes gastos del Estado y la solución aplicada fue subir la alícuota a la actividad petrolera al 4% en 2012, al 6% en 2013 y luego volver a bajarla al 3,5%. A pesar de todos estos movimientos, YPF nunca liquidó su impuesto con esa alícuota.

“Desde 2012 en adelante YPF venía pagando el 2%, en ningún caso le entró a la Provincia otro monto. En vez de ir a un juicio que tiene un resultado incierto, en un momento en que se elaboraba una ley nacional de hidrocarburos, cuando todas las provincias productoras de petróleo estaban buscando un consenso en una alícuota del 3%, optamos por sostener la actividad en Mendoza”, relataba ayer García Ibáñez.

Y entonces viene la confusión. Es cierto que en el convenio firmado a fines de agosto del año pasado con Mendoza hay un capítulo referente a Chachahuén. Lo que dice ese apartado, el punto 2, es que se divide la totalidad del área concesionada (unos tres mil kilómetros cuadrados) en cuatro zonas.

En ese momento no se dijo nada del porcentaje de regalías, sólo se aclaró que se abría una negociación al respecto. La rebaja se produjo un año después, por el decreto 972 firmado el último 17 de junio, a cambio de una inversión de 244 millones de dólares de inversión un una pequeña fracción de 72 km2 de Chachahuén sur, en la que deberán hacerse 123 pozos en un año y medio (desde julio pasado hasta el 31 de diciembre de 2016).

García Ibáñez transformó el caso particular de las regalías e inversiones de Chachahuén en una política general y terminó confundiendo un área de explotación muy prometedora con toda la producción petrolera de Mendoza.

Para tener una idea, el año pasado YPF pagó a la Provincia en concepto de regalías 1.700 millones de pesos, de los cuales $ 150 millones corresponden a Chachahuén. Es mucho dinero, pero es menos del 10% del total que YPF aporta a Mendoza.

Pero García Ibáñez se largó a hablar de que la baja de Ingresos Brutos y regalías permitió una inversión que beneficiará a futuras gestiones y entonces fue que abrió la puerta a que las otras empresas que operan en Mendoza pudieran pedir una baja de regalías.

Fue Gil el que ordenó lo impositivo: en 2014 YPF le pagó a la provincia 2.208 millones de pesos, de los cuáles 508 millones fueron en concepto de Ingresos Brutos.

Dijo que el acuerdo firmado por 150 millones de pesos clausuró las deudas de la petrolera entre 2012 y 2014, pero no cerró todos los ítems que se le reclamaban: “Logramos recaudar antes de llegar a juicio y aumentar la recaudación de impuestos provinciales. Y se logró cobrar la alícuota vigente en cada uno de los años adeudados. En el acuerdo no están todos los ítems incluidos, como gasto computable que YPF lo pagó al cierre de 2014, o el pago sobre derivados del petróleo, que aún lo estamos discutiendo”.

Ayer también hubo otra versión no del todo cierta de la historia reciente. García Ibáñez y Gil dijeron que la ley Impositiva vigente, la 8778, fue aprobada por todos los partidos políticos y allí se fijó la alícuota de ingresos brutos para la actividad petrolera en 3%. La realidad es que la Legislatura votó el 3,5%, tal como fue aprobada para la ley Impositiva 2014, pero torpemente se olvidaron de corregir las planillas anexas. Entonces el gobernador Pérez vetó el artículo en el que se hablaba de 3,5% por vía del decreto 32/15.

La historia dice que las provincias productoras intentaron resistir la avanzada de la Nación para unificar las alícuotas de Ingresos Brutos. De hecho, en esa resistencia Pérez le quitó a YPF el 50% del área de concesión Chachahuén.

Ese castigo del entonces envalentonado Pérez a YPF fue el 4 de junio del año pasado. Pero ya antes YPF le había hecho un desplante cuando decidió que no participar de la licitación de 8 áreas petroleras en Mendoza; eso fue el 15 de mayo. Luego hubo otros desplantes nacionales: Mendoza no fue incluida en dos desendeudamientos trimestrales y el Ministerio de Economía de la nación demoró la autorización para salir al mercado de capitales a endeudarse por 800 millones de pesos.

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