Antes de que se conozca la estimación de cosecha del INV, el gobierno sale a marcar la cancha a los mosteros. Es que en un mercado de precios deprimidos, el objetivo de la administración de Rodolfo Suárez, a través de herramientas de financiación, es fijar precio de referencia para los productores de la variedad criolla y, desde allí, sentar las bases para el resto de los productores vitivínicolas.
En este contexto es que ayer se presentó el alcance del "Plan Vitivinícola 2020", con el que buscan mantener acotados los stocks vínicos para dar mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena de valor. En total se destinarán $ 1.250 millones para el sector, entre créditos para cosecha y acarreo, y el novedosos esquema de anticipo de cosecha y elaboración, por medio del cual se implementará un adelanto de dinero para que los productores puedan levantar la cosecha pero a cambio se les pedirá que elaboren mosto. El gobierno está calculando para ello el precio de la uva criolla a $ 8 el kilo.
Cabe recordar que el año pasado se exportaron 140 mil toneladas de mosto concentrado, 32% más que el año anterior y a un precio promedio de 1.057 dólares la tonelada.
Cómo será el operativo
Tradicionalmente los productores, por diferentes razones, en vez de buscar dinero para levantar la cosecha en el mercado financiero piden un adelanto a las bodegas en las cuales elaboran. Es allí donde el gobierno este año quiere intervenir. ¿De qué manera?
Será la provincia la que dará el adelanto: $ 200 por quintal a levantar (hasta 3.000 quintales). Y ¿qué se pedirá a cambio? Cada quintal financiado con este sistema deberá ser destinado a mosto.
La provincia busca secar la plaza para las mosteras, para obligarlas a levantar el precio de la uva para mostos y, además, intentará lograr una diversificación efectiva en Mendoza, del 25%.
Las bodegas que deseen participar firmarán un contrato de elaboración con cada productor o contratista, con la condición de entregar 60 litros de mosto por cada 100 kilos de uva. Deberán garantizar el financiamiento con la cesión, en propiedad fiduciaria, del mosto sulfitado, con un tenor azucarino de 222 gramos por litro, más un aforo del 20%.
No podrán participar del programa los establecimientos vitivinícolas que importaron vino en los años 2016, 2017 y 2018, ni aquellos que registren elaboraciones propias de mostos por más de 15 millones de litros durante 2019.
Según explicaron desde el Gobierno, el dinero se depositará directamente en las cuentas bancarias de los productores y contratistas una vez que hayan certificado los volúmenes de uva ingresados.
¿Cómo se devolverá el dinero prestado? Con ese mismo mosto que se venderá a precio de mercado. Es decir que la devolución del financiamiento podrá efectivizarse a través de la venta de los mostos cedidos en propiedad fiduciaria. Si el precio del mosto supera los $ 10,66 por los cuales se tomó el préstamo, la diferencia es para el productor.
Rentabilidad en toda la cadena
El Gobierno busca reducir los excedentes vínicos y, según anunció el gobernador Rodolfo Suárez vía Twitter, "dar mayor previsibilidad y rentabilidad a toda la cadena de valor, atendiendo especialmente al productor primario".
En tanto que el vicegobernador Mario Abed, junto a miembros del gabinete de Economía, fue el encargado de explicar el alcance de los anuncios, que "se aplicarán en todos los oasis productivos", y que "lejos de ser subsidios, son créditos" que tendrán un retorno para el Estado a valor producto.
Créditos para cosecha y acarreo
En total este año habrá $ 850 millones disponibles para cosecha, acarreo y elaboración vínica, y los fondos provendrán del Banco de la Nación, del Fondo para la Transformación y el Crecimiento, y del Gobierno provincial, a través del Consejo Federal de Inversiones.
De ese número, $ 300 millones los otorgará el Fondo para la Transformación, a una tasa fija del 20%, y los pequeños productores (hasta 20 hectáreas) podrán solicitarlos desde este jueves 6 de febrero, y podrán ofrecer, además de las garantías tradicionales, garantías fiduciarias. Según explicó la titular del organismo, Silvina Giordano, esto implica que el productor tendrá la posibilidad de poner, en garantía de pago, vino o mosto.
Se espera que el trámite resulte ágil para los productores, ya que "no se requerirá de mucha documentación y el Fondo dispone de legajos crediticios de los tomadores".
No obstante, será necesario que los productores interesados estén al día con sus pagos al Gobierno provincial (tengan la constancia del cumplimiento fiscal) o, en caso de no estarlo, regularicen su situación. En paralelo, hasta fines de febrero está disponible la moratoria del FTyC con una quita del 80% en los intereses.
Más opciones
El resto de los $ 850 millones se dividen en $ 400 millones a tasa subsidiada que otorgará el Banco Nación, y $ 150 millones que otorgará el FTyC pero con fondos provenientes del Consejo Federal de Inversiones.
En el caso del Banco, el Fondo bonificará 12 puntos de la tasa, y el Ministerio de Economía otros 8 puntos, a fin de alcanzar una tasa fija del 20%. Según explicó Giordano, la tasa del BNA es Badlar más 5 puntos (alrededor de un 40%). "Vamos a regular las bonificaciones, de manera que la tasa siempre sea del 20%", explicó la funcionaria.
La línea ya fue aprobada, pero será la entidad crediticia la que defina las fechas de lanzamiento.
De igual manera, el Consejo Federal de Inversiones pondrá a disposición de los productores fondos destinados a financiar la elaboración vínica. "El dinero proviene del Consejo, es decir del Gobierno provincial, y va a destinarse a la elaboración. Se va a canalizar el financiamiento por el Fondo, pero la línea estará disponible más adelante, porque la prioridad ahora es la cosecha", cerró Giordano.
Sujeto a presupuesto
El subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo, destacó que el Banco de Vino buscará acabar con los procesos cíclicos de la actividad, pero que estará atado a la cosecha de este año, que esperan que sea inferior a la del año pasado.
“Pretendemos abandonar los procesos cíclicos, para dejar de repetir problemas año tras año. Si bien la solución no será inmediata, porque hablamos de 40 años de problemas, queremos tratar de evitar los vaivenes que generan mermas en el consumo, problemas en las exportaciones, y demás. El instrumento apuntará tanto al mercado interno como externo”, señaló Moralejo.
Nuevo reglamento de la ley de contratos
El Gobierno modificó el decreto reglamentario de la ley de Registro de Contratos para la uva (9.133) para incorporar duraznos, ciruelas, aceitunas, ajos y tomates que tengan como destino la industria a partir de la presente temporada.
Así, se podrá registrar hasta los 10 días hábiles posteriores del cierre de cosecha que publica el INV para el caso de la uva; hasta el 30 el marzo para el caso de tomate, durazno y ciruela, el 20 de enero para el ajo, y el 15 de junio para la aceituna.
Además, los convenios de compra venta celebrados en el marco de esta ley deberán establecer como mínimo: precios, formas de pago, calidad del producto y la cláusula de ajuste, la que será obligatoria para el caso de los contratos cuyos plazos de pago superen los 90 días, contados desde la entrega del producto. Anteriormente se establecía la inscripción obligatoria sólo para la uva.
Claves
-400 millones del BNA destinados a financiar a productores cooperativistas con subsidio de tasa del Gobierno nacional y FTyC
-300 millones del FTyC destinados a financiar a pequeños productores vitícolas con subsidio de tasa del FTyC
-150 millones del CFI destinados a financiar los costos de elaboración con subsidio de tasa del FTyC.
-La tasa a la que accederán los productores y elaboradores será del 20% anual. Esto significa un subsidio del Gobierno provincial de 165 millones de pesos más 30 millones de pesos del Gobierno nacional.
-Esquema del Anticipo de Cosecha: el Gobierno provincial destina 400 millones de pesos para financiar el Programa, a través de Mendoza Fiduciaria S.A.
-Se adelantará 200 pesos por quintal hasta 3.000 quintales por productor. $ 150 para el financiamiento para elaboración.
Lanzaronel banco de vinos para asegurar la rentabilidad
El esquema para reducir, o inmovilizar stocks vínicos se completa con un mecanismo que “asegure la renta mínima para los tenedores de vinos tintos que decidan ahorrar en ese producto”, según explicó Alfredo Aciar, asesor del Ministerio de Economía.
De esta manera, quienes decidan “autobloquear por un año”, obtendrán una renta igual a la inflación (en caso de que se mantengan los valores del vino), o de la tasa de inflación, menos el aumento en el valor del vino, de acuerdo con lo que informa la Bolsa de Comercio de Mendoza.
La renta asegurada se pagará en dos cuotas: una el 15 de junio, y otra el 15 de diciembre.
El lanzamiento está previsto para abril o mayo, es decir, al finalizar la cosecha. “En el peor de los escenarios, es decir que el precio del vino no aumente, y si llegamos a los 120 millones de litros en reserva, con una inflación del 40%, la iniciativa tendría un costo fiscal de 480 millones de pesos”, comentó Aciar.
“Apostamos a que el precio del vino va a subir, y el costo fiscal también bajaría. El dinero se saca de Mendoza Fiduciaria, de donde se financia el operativo de compra para mosto, que es dinero que también se recupera. En 2019 invertimos 240 millones de pesos, dinero que a la fecha se recuperó, por eso se vuelve a invertir para estas medidas”, agregó Aciar. El incentivo “gatilla” solamente si se logra el objetivo de corte.
